Claves para entender el rechazo social a la ley de fomento de la implantación empresarial del PP
La Alianza Rural Galega (integrada por ADEGA, CIG, FRUGA y ORGACCMM) alerta del riesgo de la norma que los populares pretenden imponer en el Parlamento gallego, al eliminar cautelas ambientales otorgando una "patente de corso" al extractivismo en contra del interés general "al modificar sustancialmente la tramitación administrativa de determinados proyectos".
MÁS FACILIDADES PARA ELUDIR LOS CONTROLES POR PARTE DE LOS PROYECTOS INDUSTRIALES ESTRATÉGICOS
Reglamentados en el Decreto Lexislativo 1/2015, la modificación que introduce el artículo 16 de la nueva Proposición de Ley del PP reduce de 50 a 20 millones de euros el volumen de inversión para que un proyecto sea declarado estratégico, y de 250 a 100 los puestos de trabajo directos que supuestamente deben crearse. Desde la Alianza Rural Galega recuerdan que «la declaración de un proyecto industrial como estratégico implica la no sujección a licencia urbanística, la declaración de utilidad pública, la prevalencia sobre otras utilidades públicas y la incidencia supramunicipal, así como la adjudicación directa de suelo y subvenciones».
TRAMITACIÓN EXPRESS Y SIN INFORMACIÓN PÚBLICA EN LAS AUTORIZACIONES DE INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El artículo 38 exime del trámite de información pública a determinados proyectos de instalaciones eléctricas que, no solicitando la utilidad pública tampoco requieran una evaluación ambiental ordinaria.
PLANTAS DE COMPOSTAJE Y EL FRACASO DE MODELO DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS DE SOGAMA
La disposición adicional segunda habla de hacer compost con los residuos orgánicos de los ayuntamientos, lo que certifica tras 20 años el fracaso del modelo de incineración desarrollado por SOGAMA, pues se abre la posibilidad de implantar a gran escala en los ayuntamientos la recogida selectiva de materia orgánica.
UN NUEVO ATAQUE A LA RED NATURA CON LA MODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN GALLEGA DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Se modifica el punto 2 del artículo 16 de la Lei 9/2001 de conservación da natureza, referida a las zonas de especial protección de los valores naturales (actualmente denominadas como ZEC) de la Red Natura. Se introduce además intencionalmente una excepción para los aprovechamientos madereros, que no precisarán de autorización de la Consellería de Medio Ambiente y sólo se regirán por la Ley de Montes. De este modo, se equiparan usos como cortas y plantaciones a los tradicionales, pudiendo vulnerar artículos clave de la Directiva europea 92/43/CEE.
MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA LEY 3/2008 DE ORDENACIÓN DE LA MINERÍA DE GALICIA
La PDL de fomento empresarial modifica profundamente la actual legislación minera de Galicia, al colapsar trámites y reducir plazos, dando a la Consellería de Industria plenos poderes para resolver un proyecto o solicitud de derecho minero al margen de las consideraciones de los ayuntamientos y de otros departamentos de la Administración como Medio Ambiente, Patrimonio o Urbanismo.
IMPOSICIÓN DE PROYECTOS EÓLICOS DONDE Y CÓMO DIGA LA CONSELLERÍA DE INDUSTRIA
Se modifica el artículo 16, referente a las bonificaciones del canon eólico, para reducir el porcentaje de bonificación por repotenciación, y se modifica sustancialmente la tramitación administrativa de los parques eólicos contemplada en el Título IV de la Lei 8/2009, entre otros factores suprimiendo los criterios de valoración para poder elegir diferentes solicitudes de proyectos, tales como la menor afección ambiental, acelerando además el proceso de expropiación de los montes comunales afectados por proyectos eólicos.
MENOS INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA LEGISLACIÓN DE AGUAS
Se modifica significativamente el punto 3 del artículo 29 de la Lei 9/2010, de Augas, relativo a las obras hidráulicas para reducir de 30 a 20 días el plazo de información pública de cualquier obra hidráulica.
TALAS Y PLANTACIONES DE MANERA DISCRECCIONAL CON LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE MONTES
Se modifica el artículo 92 relativo a las autorizaciones para los aprovechamientos madereros, que antes eran necesarias en todos los casos con la única excepción del uso doméstico. Según indica la Alianza Rural Galega «ahora llega con una declaración responsable».
Sobre la biomasa forestal, se elimina la necesidad de comunicación y el plazo de 15 días de antelación del aprovechamiento sustituyéndola, de nuevo, por una «declaración responsable».
LA LEY DE FOMENTO EMPRESARIAL DEL PP CONCULCA LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
Finalmente, para la Alianza Rural Galega concluye que la «simplificación y normalización de los procedimientos» y la «optimización de los recursos humanos» invocada en la exposición de motivos de la Proposición de fomento de la implantación empresarial defendida por el Partido Popular «merma claramente el principio de transparencia y los derechos de información y participación de la ciudadanía».