Los «cuatro inmuebles» que quiere vender el Gobierno de la Comunidad de Madrid en Gran Vía son en realidad unas oficinas divididas en cuatro fincas registrales que se pusieron en venta hace un año

El primer gran desmentido de las declaraciones realizadas desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid para tratar de dispersar el escándalo del ático de Chamberí se refiere al número de propiedades. Según la documentación de la propia empresa pública Planifica Madrid, el gobierno regional no posee cuatro edificios o locales distintos en la Gran Vía. Lo que tiene es un único inmueble, unas oficinas en la tercera planta del número 6, que están divididas en cuatro fincas registrales a efectos catastrales.

Los presupuestos de 2026 de la Comunidad de Madrid, los pliegos de condiciones para su venta y las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil se refieren siempre a este espacio como un único lote de oficinas en la «3ª planta», y no como cuatro propiedades independientes. Por tanto, al hablar de «cuatro inmuebles», el gobierno infla artificialmente el número de propiedades que vende, probablemente para dar más peso a su anuncio y para ocultar el precio real del ático de Chamberí, mezclándolo en una operación de 20-22 millones de euros.

La venta no es una decisión nueva, lleva un año en marcha

El segundo punto clave es la fecha en que se tomó la decisión de vender. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, afirmó el pasado 30 de julio que acababa de «dar instrucciones» para poner los inmuebles a la venta con el objetivo de ayudar en la reconstrucción . Sin embargo, esta afirmación es cronológicamente falsa. El 6 de agosto de 2025, es decir, 358 días antes de sus declaraciones, Planifica Madrid ya publicó la licitación para vender estas oficinas de la Gran Vía, junto con otro inmueble en la calle Santa Catalina. La empresa llegó a organizar visitas para posibles compradores en septiembre de 2025, pero el proceso de venta quedó desierto al no recibir ninguna oferta.

Así pues, lejos de ser una decisión impulsada por la emergencia de los incendios, la venta de las oficinas de la Gran Vía era un plan ya en marcha y que había fracasado previamente. El gobierno simplemente está rescatando una operación antigua y presentándola como una nueva medida solidaria.

Además de las inexactitudes, la operación ha levantado serias dudas legales. El abogado Javier Flores, que ha denunciado el caso ante el Tribunal de Cuentas, recuerda que la ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid prohíbe vender inmuebles para pagar gasto corriente . Al destinar el dinero a la reconstrucción, el gobierno podría estar vulnerando esta norma, lo que añade un motivo más para cuestionar sus explicaciones.

En definitiva, los documentos oficiales demuestran que la versión del gobierno de Ayuso es insostenible: ni son cuatro inmuebles, ni la decisión de venderlos es nueva, ni su motivación parece encajar con la legalidad.