El PCE de León tacha de “pacto de sueldos” el acuerdo para gobernar la Junta entre PP y Vox

El Partido Comunista de España (PCE) en León ha mostrado su rechazo al acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para gobernar la Junta de Castilla y León, al considerar que se trata de un pacto centrado en el reparto de poder y carente de compromisos reales.

La formación comunista considera que el documento presentado no concreta ninguna medida de carácter general para León ni ofrece respuestas a los desafíos estructurales que arrastra la provincia desde hace décadas. A juicio del PCE, el acuerdo se limita a una sucesión de declaraciones de intenciones sin financiación ni objetivos verificables para combatir la despoblación, la pérdida de actividad económica o el deterioro de los servicios públicos.

El PCE considera que el pacto profundiza en un modelo basado en el apoyo a los intereses de las grandes empresas y los grupos económicos, mientras las cargas fiscales y las consecuencias de los recortes recaen sobre la mayoría social. Para los comunistas, el acuerdo refleja un claro servilismo hacia la clase empresarial y rentista, manteniendo ayudas, subvenciones y ventajas para determinados sectores privados mientras se cuestiona el papel de los servicios públicos. En este sentido, apuntan a que organizaciones que defienden los servicios privados como el “falso” sindicato FSIE, ya han felicitado al gobierno por su voluntad privatizadora.

Entre las principales carencias, el PCE destaca la ausencia de un verdadero plan industrial para León. En este sentido, señalan que la única referencia económica destacable es la biomasa, un modelo que durante años ha servido para transferir recursos públicos a empresas privadas sin que ello haya supuesto una transformación estructural de la economía provincial ni haya compensado la destrucción de tejido.

La organización también cuestiona las propuestas en materia de vivienda, que considera alejadas de la realidad. El acuerdo plantea exenciones vinculadas a la vivienda pública en los pueblos, pero el propio planteamiento parte de una realidad inexistente en buena parte de la provincia. «Resulta difícil aplicar exenciones sobre una vivienda pública que sencillamente no existe», señalan desde el PCE. Para la formación, el verdadero problema es la ausencia de un parque público de vivienda.

Asimismo, los comunistas muestran su preocupación por conceptos incluidos en el acuerdo como la denominada «Prioridad Nacional». A juicio del PCE, esta formulación constituye una excusa para justificar futuros recortes y restringir derechos sociales bajo criterios arbitrarios. «Es el comienzo de un discurso que mañana puede servir para negar una prestación sanitaria a una persona mayor, dificultar la atención a una persona con discapacidad o establecer ciudadanos de primera y de segunda en el acceso a los servicios públicos», advierten desde la organización.

El PCE también critica la inclusión en el acuerdo de compromisos relacionados con infraestructuras que no dependen de las competencias de la Junta de Castilla y León. Entre ellos destacan las referencias a la mejora de la carretera León-Valladolid, una actuación cuya ejecución corresponde al Estado. Para los comunistas, este tipo de anuncios corresponden a una estrategia propagandística.

Especial preocupación genera la ausencia de medidas específicas para las cuencas mineras y los territorios que más han sufrido las consecuencias de la desindustrialización. El acuerdo no incorpora ningún compromiso concreto para recuperar actividad económica en estas zonas ni plantea alternativas capaces de generar empleo estable y de calidad. Los comunistas se preguntan dónde han quedado las promesas realizadas durante la campaña electoral a las comarcas mineras y al Bierzo, territorios que volvieron a ser utilizados como escenario de promesas que desaparecen una vez constituidos los gobiernos.

Desde el PCE recuerdan además que el diputado de Vox, José María Figaredo, acudió al derribo de Compostilla presentando la recuperación de la minería como una de las apuestas de su formación. Sin embargo, denuncian que aquellas declaraciones no tienen reflejo alguno en el acuerdo firmado con el Partido Popular. «Quienes prometían recuperar la minería no han sido capaces de incluir una sola medida para las cuencas mineras en el documento de gobierno», critican.