Redacción •  Actualidad • 27/09/2020

IU Andalucía acusa al Gobierno andaluz de querer “tapar las vergüenzas” de su gestión de la Dependencia con una reforma de la ley que vacía de competencias a los ayuntamientos

  • La red de activistas de Servicios Sociales de IU Andalucía denuncia que el decreto aprobado por el Gobierno andaluz rompe de nuevo los consensos en materia de Servicios Sociales y no resuelve la “maraña administrativa” ni la “falta de financiación” que lastra el acceso a ayudas.
IU Andalucía acusa al Gobierno andaluz de querer “tapar las vergüenzas” de su gestión de la Dependencia con una reforma de la ley que vacía de competencias a los ayuntamientos
Ana Naranjo / Cortesía

IU Andalucía ha censurado en el día de hoy la reforma de la ley de dependencia con la que el Gobierno de Moreno Bonilla, a golpe de decreto y sin tener en cuenta a los profesionales sociosanitarios ni al resto de formaciones políticas representadas en el Parlamento, decide “vaciar de competencias a los ayuntamientos, que llevan años en primera línea de batalla en esta materia, para tapar las vergüenzas de una gestión nefasta”. La red de activistas de Servicios Sociales de IU Andalucía advierte de que los cambios que promueve la reforma “no van a facilitar en absoluto el acceso a la atención a la dependencia”, ya que “no resuelve la maraña burocrática” que está detrás de los “insoportables retrasos en las valoraciones y concesiones de ayudas” que llevan años sufriendo las personas dependientes.

La responsable de las redes de activistas de IU Andalucía, Ana Naranjo, ha afeado al Gobierno de Moreno Bonilla que para justificarlo aduzca razones que para IU Andalucía resultan “incomprensibles”, apelando a una mejora de los itinerarios burocráticos que “resuelve y define la propia Junta y que el Gobierno andaluz tiene en su mano simplificar sin necesidad de sacar del proceso a los ayuntamientos, que son la administración más cercana a la gente”. Para la formación, el verdadero motivo por el que PP y Cs impulsan esta modificación es “ocultar sus vergüenzas”, apartando del proceso a las trabajadoras sociales que “a través de la información de la que hasta ahora disponían, podían atender cara a cara a las personas dependientes y explicarles la realidad de su situación”, marcada por una falta de financiación que es “el verdadero problema del sistema de Dependencia y lo que el Gobierno andaluz debería centrarse en resolver”.

IU Andalucía ha denunciado que el Ejecutivo autonómico, amparándose de nuevo en la crisis de la Covid-19, ha recurrido a un procedimiento de urgencia para gobernar a golpe de decreto y aprobar la tercera reforma de la Ley de Servicios Sociales desde el inicio de la pandemia, en este caso modificando profundamente el papel de las Corporaciones Locales en el procedimiento de reconocimientos de Dependencia. Si antes eran los Servicios Sociales municipales, que son los más cercanos a la población y conocedores de las necesidades de las personas usuarias, los que elaboraban las propuestas del Programa Individual de Atención y de revisión del mismo, con este decreto del Gobierno andaluz las trabajadoras sociales de los ayuntamientos “pierden todas las competencias en la materia”.

Con esta modificación de la ley el Gobierno andaluz hace “saltar por los aires” todos los consensos alcanzados en 2016, a la vez que daña gravemente el espíritu de cooperación entre instituciones y   supone un nuevo insulto a los ayuntamientos y a sus trabajadores y trabajadoras, que “llevan años dando la cara ante la desesperación justificada de las personas dependientes y sus familias”. Las consecuencias de esta reforma las pagarán “las personas dependientes”, ya que perderán “el imprescindible enlace con la administración más cercana a la ciudadanía” que hasta ahora había sido la puerta de entrada a los servicios de la Junta de Andalucía.

Desde la red de activistas de Servicios Sociales de IU Andalucía reclaman al Gobierno andaluz una revisión en profundidad de la prestación del servicio para mejorar los cauces administrativos y la atención que reciben las personas usuarias, que vaya acompañada de un necesario aumento de financiación que se destina al Servicio de Ayuda a Domicilio. Además, insta al Ejecutivo autonómico a dignificar las condiciones laborales y retributivas del personal que se desempeña en esta actividad.


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