Redacción •  Actualidad •  27/03/2020

Adelante Andalucía pide al Gobierno andaluz que active un programa de garantía alimentaria ante la emergencia social

La portavoz adjunta, Ángela Aguilera, insta además a la Junta a facilitar la ampliación de plantillas de servicios sociales en los ayuntamientos para dar respuesta al incremento de solicitudes de familias afectadas por la crisis del coronavirus.

Adelante Andalucía pide al Gobierno andaluz que active un programa de garantía alimentaria ante la emergencia social

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha reclamado esta mañana al Gobierno andaluz la implementación de un programa de garantía alimentaria para proteger a las familias andaluzas de la emergencia social derivada de la crisis sanitaria del Covid-19. La dirigente ha apelado a la responsabilidad de la administración autonómica ante una situación “dramática” que ya está teniendo consecuencias a nivel social y ha instado a Moreno Bonillo a adoptar medidas de protección social “antes de que llegue lo peor sea demasiado tarde”.

Para Adelante Andalucía es urgente acometer un Programa de Garantía Alimentaria en colaboración con los Ayuntamientos para cubrir las necesidades de alimentación de todas las personas y familias que lo necesiten, evitando así que los más vulnerables vuelvan a pagar los efectos de una crisis como ocurrió en 2008. Según la información recabada por Adelante, los Servicios Sociales municipales advierten de que cuentan con la posibilidad de facilitar en muy poco tiempo los datos de las familias que necesitarían de este apoyo urgente para poder acceder a los suministros básicos y de forma específica, a la alimentación, por lo que la ejecución del programa sería factible en un breve plazo de tiempo. Esta iniciativa permitiría apoyar a todas aquellas personas que han perdido sus fuentes de ingreso y no tienen posibilidad de acceder a ninguna prestación, circunstancias que afectan a quienes forman parte de la economía sumergida, que trabajaban sin contrato o con contratos por horas, o cuya única fuente de ingresos eran trabajos de temporada que ahora no van a poder tener.

La crisis del coronavirus, como indica Aguilera, está agravando los índices de pobreza en la comunidad autónoma por lo que resulta necesario activar nuevas medidas de soporte a la ciudadanía. Así, ha recordado que la Junta de Andalucía sólo ha aprobado dos medidas en relación a la garantía alimentaria: la continuidad del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil (lo que se conoce como SYGA) a pesar del cierre de los comedores escolares, para que los menores que ya formaban parte de dicho programa recojan la comida en los centros escolares o se reparta a domicilio, así como la contratación de un catering para titulares de la tarjeta ‘Andalucía Junta sesentaycinco’, en su modalidad Oro, y socios de los centros de participación activa, ahora cerrados, que apenas llega a 1.700 personas mayores.

El Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil cubre a 18.000 menores y únicamente llega a alumnado de primaria, una extensión “insuficiente” en opinión de Aguilera si tenemos en cuenta que el número de familias sin ingresos ha crecido exponencialmente en estas semanas y que según los últimos datos aportados por Save The Children, en Andalucía habría 213.460 niños en situación de pobreza severa.

Refuerzo de los servicios sociales comunitarios

La crisis del coronavirus está provocando una situación insostenible en los servicios sociales, lo cual está impidiendo que los trabajadores sociales puedan garantizar una atención adecuada a todas las familias que lo necesitan. Dado que las plantillas de estos servicios comunitarios ya partían de una situación de falta de personal, Adelante ha exigido también al Gobierno una contratación extraordinaria de recursos humanos que permita reforzar la atención telefónica y evitar la situación de colapso que padecen algunos ayuntamientos andaluces. Además, teniendo en cuenta que no todas las corporaciones municipales cuentan con recursos para proceder a la contratación, la parlamentaria ha pedido que sea el propio Gobierno andaluz quien habilite mecanismos que permitan a los Ayuntamientos ampliar sus plantillas de servicios sociales.


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