Redacción •  Actualidad • 25/08/2020

El Gobierno insiste en que reducirá la temporalidad, pero no toma medidas reales, según Compromís

Carles Mulet recuerda al Gobierno las millonarias sanciones que soporta España anualmente por sus retrasos en la trasposición de directivas como la del trabajo temporal, «un abuso que ha generado una conflictividad, falta de credibilidad e inseguridad innecesaria», denuncia.

El Gobierno insiste en que reducirá la temporalidad, pero no toma medidas reales, según Compromís

Compromís ha denunciado que el Gobierno elude, en una respuesta al senador Carles Mulet, comprometerse en una solución política “legal, consensuada y extraordinaria”, como reclama la coalición, para solucionar cuanto antes la situación de inseguridad y conflictividad a la que se ha llegado con el personal público, como consecuencia del abuso en su contratación, como reconoce la reciente sentencia del mes de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En distintas preguntas realizadas, el senador valencianista recordaba las malas prácticas en materia de personal realizadas de forma injusta durante décadas con el personal y la premura de proponer soluciones antes que la situación derive en problemas sociales y de conflictividad en un momento de crisis, protestas e indemnizaciones «que flaco favor van a realizar a la Justicia, a los trabajadores y administraciones condenadas».

Mulet ha recordado los años de trabajo, conocimientos y experiencia de la inmensa mayoría del personal en fraude de ley «como para que ahora no se actúe reconociendo el esfuerzo del personal público consolidándolo mediante el procedimiento extraordinario previsto y se propongan procesos selectivos«. Por otra parte, ha recordado el coste económico de no trasponer directivas y que España lidere, según un informe del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, el 70% de las sanciones por retrasos en la transposición de directivas europeas, «lo que afecta la credibilidad del país en materia laboral y que ha generado una inseguridad innecesaria e injusta en el personal público», añade. En 2019 España fue condenado “de forma vergonzosa” a pagar 150 millones de euros en multas por incumplimiento de Directivas Comunitarias.

“Hemos pedido reuniones con la ministra, son muchos los grupos de interinos que se están armando de argumentos para denunciar su situación y el Gobierno cree que la mejor manera de consolidar al personal abusado es despidiéndolo. No entendemos la disparidad de criterios entre la protección de los empleados públicos y privados de este Gobierno como si no fueran todos trabajadores; sosteniendo visiones tan diferentes entre el ministerio de Trabajo y el de Función Pública y nos indigna como el Gobierno en sus respuestas soslaya su responsabilidad con más futuribles en vez de tomar medidas drásticas”, ha reprochado el portavoz de Compromís que ha lamentado que el Gobierno “prefiera seguir transitando en la frontera de lo ilegal en vez de reconocer el trabajo realizado por sus profesionales, personal judicial, sanitario, de educación, servicios sociales, etcétera”.


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