Sindicato STEM, sobre la situación de la FP; «Hundiendo el barco de la formación profesional»

Se supone que nuestros legisladores escriben en el BOE o en el BOCM para crear leyes que solucionen nuestros mundanos problemas. Pues bien, desde hace muchos, pero que muchos años, los apaños legislativos en el mundo educativo, lejos de solucionar nuestros problemas: mejorando la equidad, la calidad educativa, aumentando plazas, reduciendo el abandono escolar o el estrés de los docentes, fomentando la convivencia… han introducido cambios que profundizan más aún los problemas existentes.

La situación de la Formación Profesional a nivel del Estado, y en la Comunidad de Madrid en particular, ha sufrido por ese motivo un tremendo deterioro en los últimos años, tanto en cuanto a las condiciones laborales del profesorado se refiere, como en cuanto a calidad.

Constatamos que la legislación (la Ley Orgánica 3/2022) y su posterior desarrollo por parte del gobierno del PSOE y la aplicación en la Comunidad de Madrid ha sido una de las principales causas, que ha sido aprovechada por instituciones privadas para lanzarse al asalto de la FP: en 2016 la matrícula privada representaba el 31% del total, pero, según datos de la propia Comunidad de Madrid, en 2024 ya alcanzaba el 48%. Este curso, la proporción según otros sindicatos es del 49%. En la raíz del problema está el abaratamiento radical para abordar una FP no presencial en la modalidad dual intensiva, que ha hecho que el modelo sea hoy “low cost” y muy rentable (ahorro del 50% de la plantilla de profesorado para cursar el ciclo y tener alumnos trabajando nueve meses a jornada completa por 200€-300€).

Sin embargo, el alumnado prefiere lo público: en 2025/26, 62.191 alumnos se quedaron sin plaza en la pública según fuentes sindicales, lo que supone un aumento del 28,87% sobre el curso anterior, cuando más del 52% de los solicitantes de matrícula no fueron admitidos.

Este fenómeno se ve impulsado por la política de la Comunidad de Madrid, que destina una parte importante de su presupuesto a subvencionar los estudios en centros privados: 33 millones de euros en becas para 2025/26, nada menos.

La FP Dual obligatoria, implantada por la ley de FP, también ha añadido gravísimos problemas a los ya existentes: ahora todo el alumnado debe ir a la empresa, incluidos los alumnos de primer curso, independientemente de su rendimiento académico. Las consecuencias son devastadoras:

1. Enorme aumento de la necesidad de plazas en empresas, con la consiguiente escasez de las mismas. Si todo el alumnado va a empresa y aumentamos la FP en un 122% en el sector privado y el 58% en la red pública, no hay tejido empresarial que lo sostenga. Porque el sector empresarial madrileño está dominado por pymes, algo que desde STEM venimos advirtiendo desde la implantación de las primeras versiones de la FP dual, y el modelo alemán no es importable en España sin adaptaciones.

2. Inexistencia de apoyo de las instituciones para facilitar el contacto entre empresa y centros: son los docentes los que han sido obligados a asumir funciones de departamentos de recursos humanos y a gastar interminables horas al teléfono y en visitas puerta a puerta. La administración no promociona suficientemente la FP entre las empresas. No se proporcionan herramientas para el contacto entre centros y empresas o para la gestión documental, que se ha triplicado.
3. Consiguiente saturación burocrática del profesorado. La asignación del alumnado conlleva un nivel absurdo de papeleo con decenas de documentos por cada alumno en los que se reiteran una y otra vez los mismos datos de empresa, centro, alumno, resultados del aprendizaje, porcentajes, alcances, evaluación de riesgos laborales desglosada por módulos profesionales y con más de una decena de ítems. Las instrucciones de inspección en la Comunidad de Madrid para la elaboración de programaciones en FP son un documento de 164 páginas. Recordemos que, para mayor vergüenza, las horas dedicadas a esta labor se redujeron para los docentes en un 50% desde los recortes de 2012 y, en Madrid, estamos a la cola en comparación con otras comunidades autónomas (ver tabla)*
4. Las empresas, cuando reciben alumnado con bajo nivel curricular o comportamiento disruptivo, se niegan a repetir. No quieren alumnos de primero y menos aún con malas calificaciones. Y es que las empresas, en la práctica, no quieren formar: quieren mano de obra barata. Una empresa no es una ONG, su interés es ganar dinero.
5. El tutor de la empresa, responsable de la “formación” del alumnado recibido, en la práctica es un trabajador, al que no se le pide formación pedagógica, ni titulación o experiencia mínimas, al contrario que al docente, que debe superar auténticas yincanas de titulaciones, másteres, oposiciones, cursos, prácticas y, quizá en el futuro, hasta un MIR educativo.

En resumen, el cacareado modelo dual ha facilitado la privatización, ha restado horas de formación y empeorado la calidad, convierte al alumnado en mano de obra barata y ha complicado la tarea docente convirtiéndola en un infierno burocrático.

Otro de los problemas de la ley de FP, una de esas leyes que no arregla nada y lo complica todo, es la incoherencia que impide su aplicación. Se nos ha dado una norma inconsistente e inabordable: no podemos impartir un currículo diferente en un mismo aula del centro escolar, según el alumno vaya a tal o cual empresa, como se nos pide actualmente. Por otro lado, una empresa no puede cubrir la formación de currículos parciales de cerca de diez módulos profesionales (asignaturas) durante la estancia del alumno: las empresas están especializadas, no son generalistas.

Las modificaciones curriculares transversales de la nueva ley estatal de FP son inútiles: la sostenibilidad y la digitalización ya estaban implantadas en los diferentes módulos profesionales. Estos nuevos módulos (Digitalización aplicada a los sistemas productivos y Sostenibilidad aplicada al sistema productivo) duplican por tanto contenidos existentes, ocupando unas horas semanales muy necesarias, dado lo denso de los currículos y lo corto del calendario, que ha sido ya muy mermado por la “formación” en empresa.

Otros nuevos módulos llamados “optativos”, dos por ciclo, también han reducido las horas del resto, y en ningún caso son opciones que elija el alumnado (como pudiera entenderse por su nombre), han sido creados sin planificación ni recursos, obligando a los docentes a diseñarlos desde cero y aumentado la carga de trabajo. Cada centro elige qué módulos del catálogo de optatividad imparte, lo que lleva a que el ciclo sea diferente en función de dónde se curse.

Por último, a todo lo anterior se suman el aumento de ratios y horas lectivas de los recortes, consecuencia de la crisis especulativa de 2008, y aún no revertidos. Ya decimos que las leyes no corrigen nuestros problemas: muy al contrario, nos castigan con nuevos problemas irresolubles. No es de extrañar la falta de docentes: 49 especialidades son deficitarias en la Comunidad de Madrid, que no cubre plazas en algunos casos hasta el mes diciembre.

El barco de la FP tiene su principal vía de agua en la Comunidad de Madrid, pero como responsable de su hundimiento hay que señalar al Ministerio, que facilitó con su ley las condiciones para que esto ocurra. STEs-Intersindical fue el único sindicato que protestó y se opuso a la ley durante su tramitación, llegando a manifestarnos en la puerta del Senado. Hoy otros sindicatos denuncian la privatización, pero no la ley que la facilitó.

* Horas semanales que asigna cada CCAA a los docentes para dedicar a FFE/FCT: