RED PT FP: «La Generalitat Valenciana vuelve a dar la espalda a la formación profesional pública»

Comunicado RED PT FP

Mientras la Generalitat proclama su compromiso con la Formación Profesional y con la empleabilidad de los jóvenes, la realidad vuelve a demostrar exactamente lo contrario. La planificación del próximo curso evidencia una nueva reducción de la oferta pública mediante la supresión de ciclos formativos y la negativa a crear nuevos grupos, incluso allí donde la demanda del alumnado desborda las plazas disponibles y las empresas reclaman profesionales cualificados.

No estamos ante hechos aislados ni ante decisiones puntuales. Se trata de una política que limita el acceso a la Formación Profesional pública, dificulta la igualdad de oportunidades y perjudica directamente tanto al alumnado como al tejido productivo valenciano.

La Administración no puede justificar estas decisiones alegando criterios de eficiencia cuando, al mismo tiempo, existen listas de espera de decenas de estudiantes, elevadas tasas de inserción laboral y sectores económicos que denuncian la falta de personal cualificado.

Los ejemplos son especialmente significativos.

En el IES Joan Coromines de Benicarló se elimina el Ciclo Formativo de Grado Superior de Asistencia a la Dirección alegando falta de alumnado. Sin embargo, se rechaza la creación de un segundo grupo del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa, donde podemos observar que desde el curso lectivo 2022/2023, hasta el día de hoy, ha habido estudiantes que han quedado en lista de espera durante todos estos años, los datos son:

Todo ello una comarca con más de 5.000 empresas y una evidente necesidad de personal administrativo cualificado.

Otro ejemplo, podríamos decir que mucho más “sangrante”, es el del CIPFP Eduardo Merello de Sagunto, donde todos los ciclos que se imparten en el centro educativo tienen una demanda tan alta que se están quedando sin matrícula una gran cantidad de estudiantes. A continuación, tras la publicación provisional de los resultados de admisión, se ofrecen datos reales de alumnado no admitido que formará parte de las listas de espera de este próximo curso lectivo.

Añadir que desde el centro se han realizado las gestiones pertinentes para la creación de nuevos ciclos formativos (entre ellos el de Soldadura, ciclo de gran demanda). Todos ellos están pendientes de la reforma integral del centro educativo, estando en fase de licitación la redacción del proyecto y sin fecha de ejecución de la obra..

Es importante destacar que la llegada de Volkswagen/PowerCo está convirtiendo a Sagunto en uno de los polos industriales más importantes de España, atrayendo además futuras empresas proveedoras de baterías, componentes y logística asociada al vehículo eléctrico. Sin olvidar las ya existentes como ArcelorMittal, Holcim, Fertiberia, AGC Flat Glass Ibérica, u otras cercanas como Stadler Rail Valencia. Sin olvidar otro tipo de grandes empresas que necesitan de personal de mantenimiento para sus mega centros de logística como Mercadona e Inditex (Tempe/Bershka) y muchas otras que generan y van a generar grandes cantidades de oferta de trabajo profesional y que necesitan personal con titulación.

Estos casos reflejan una contradicción difícil de explicar. La nueva Ley Orgánica de Formación Profesional nació para adaptar la oferta educativa a las necesidades de la economía y favorecer la empleabilidad. Sin embargo, las decisiones adoptadas por la Conselleria producen justamente el efecto contrario: reducen o congelan la oferta pública donde existe mayor demanda y dificultan el acceso del alumnado a estudios con excelentes perspectivas de empleo.

Las consecuencias son graves

Miles de jóvenes quedan excluidos de la enseñanza pública, numerosas familias se ven obligadas a asumir el coste de centros privados si desean continuar esos estudios y las empresas siguen encontrando enormes dificultades para incorporar profesionales cualificados.

Esta política resulta incompatible con los principios de eficacia, buena administración, planificación objetiva e igualdad de oportunidades que deben presidir toda actuación de las administraciones públicas. La educación pública no puede gestionarse únicamente con criterios de contención presupuestaria cuando están en juego el derecho a la educación, el desarrollo económico y la competitividad de la Comunidad Valenciana.

Desde la Asociación RED PT-FP exigimos a la Conselleria de Educación un cambio inmediato de rumbo:

1. La autorización de todos aquellos grupos y ciclos formativos que cuenten con demanda suficiente para su puesta en funcionamiento.

2. La revisión de todas las supresiones de ciclos acordadas para el próximo curso mediante criterios objetivos, transparentes y públicos.

3. Que la planificación de la Formación Profesional incorpore indicadores reales de demanda, empleabilidad y necesidades del tejido empresarial, y no responda exclusivamente a decisiones de carácter presupuestario.

4. Que la Generalitat haga público el procedimiento y los criterios utilizados para decidir qué ciclos se mantienen, cuáles desaparecen y por qué se rechazan nuevas unidades cuando existe demanda acreditada.

5. Puesta en marcha inmediata de las obras necesarias para cubrir la alta demanda educativa existente.

La Formación Profesional no puede seguir siendo la gran perjudicada de cada planificación educativa. Cada grupo que no se autoriza representa decenas de jóvenes sin oportunidades, empresas con mayores dificultades para contratar y un freno al desarrollo económico de nuestro territorio.

La Generalitat aún está a tiempo de corregir esta situación. Lo que está en juego no son únicamente unas plazas educativas, sino el futuro profesional de miles de estudiantes y la capacidad de nuestras empresas para seguir siendo competitivas.