Colectivos sociales tachan de “tibia e incompleta” la reforma de la Ley Mordaza anunciada por el Gobierno

La Plataforma No Somos Delito, formada por más de 100 colectivos de juristas, organizaciones de derechos humanos y ciudadanas de todo el Estado, califica en un comunicado que la reforma de la Ley Mordaza, recién anunciada por el Gobierno, es “tibia, incompleta y poco garantista” y denuncian que el paquete de enmiendas acordado entre PSOE y Unidas Podemos para cambiar la norma no contempla la eliminación de las sanciones más lesivas.

Desde la Plataforma resaltan que “no es una derogación, cómo ha anunciado el Gobierno, sino que la reforma sigue siendo una Ley Mordaza” ya que, entre otros aspectos, las enmiendas presentadas por el PSOE y Unidas Podemos mantienen dos de las sanciones con las que más se ha multado por ejercer libertades fundamentales, que son el artículo 37.4 que sanciona de 101 a 600 euros las faltas de respeto a un agente de la autoridad, y el artículo 36.6 que sanciona de 601 a 30.000 euros la desobediencia o la negativa a identificarse. “Dos auténticos cajones de sastre para el abuso policial”, apunta No Somos Delito, dos artículos que han supuesto casi 400 mil multas desde que se aprobó la ley en 2015, lo que supone cerca de un 30% del total de las sanciones impuestas por el incumplimiento de esta norma, y que durante la COVID (año 2020) llegaron a suponer el 70% del total de las multas impuestas en ese año, según los datos recogidos por el Ministerio de Interior.

La Plataforma también señala que las enmiendas acordadas entre PSOE y Unidas Podemos no incluyen eliminar la «presunción de veracidad» de los funcionarios policiales, un aspecto de la ley que pone la palabra del funcionario por encima de la de la ciudadanía en caso de sanción, vulnerando el derecho fundamental a la presunción de inocencia recogido en la Constitución Española. Según declara la Plataforma en su comunicado, las enmiendas “sólo contemplan limitar la presunción de veracidad de los funcionarios a través de la exigencia de que su relato sea coherente, lógico y razonable». Una salvaguarda “insuficiente” para No Somos Delito, que considera “necesario que la palabra del policía tenga simple valor de denuncia en los procedimientos sancionadores para que se garantice la presunción de inocencia de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos”. Tal y como lamentan, tampoco se derogan las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente, ni se prohíbe expresamente la realización de redadas por perfil étnico o racial, dos aspectos que vulneran la Declaración Universal de Derechos Humanos.

También se pierde la oportunidad, según denuncian en el comunicado, de regular de manera garantista los cacheos y otros supuestos que vulneran el derecho a la intimidad, los derechos LGTBIQ, de las minorías étnicas o personas consumidoras de drogas. No Somos Delito señala además que esta reforma “pretende conservar el registro de infracciones o lista negra de personas infractoras”, sin añadir medidas garantistas al respecto como los derechos ARCO, a través de los cuales una persona física puede ejercer el control sobre sus datos personales.

No Somos Delito reconoce también algunos de los avances de la reforma anunciada, entre los que destaca: el reconocimiento del derecho de manifestación espontánea, un aspecto demandado de forma reiterada desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH Bukta y otros c. Hungría y Yilmaz Yildiz c. Turquía, Barraco c. Francia); que se establezcan medidas para delimitar las prácticas policiales más abusivas en materia de identificación, cacheo y registro; o que se deroguen las infracciones que sancionan las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados. La Plataforma apunta también como mejoras algunas de las medidas propuestas respecto a la ejecución de las sanciones, como la conciliación o reparación del daño, antes inexistentes, o un sistema más justo a la hora de calcular la cuantía del pago en función de los ingresos de la persona sancionada.

Sin embargo, desde No Somos Delito alertan de que algunas de las modificaciones propuestas se han redactado “en términos tibios o imprecisos que no evitan la arbitrariedad y los abusos en su aplicación”, como las relativas al uso no autorizado de imágenes de la policía, la obstrucción a la actuación judicial, la decisión de la policía de quien es la persona convocante de las manifestaciones o la limitación del uso de las pelotas de goma.

A falta del fin de las negociaciones, en su comunicado No Somos Delito demanda a la ponencia de la Comisión de Interior, el órgano encargado de redactar la nueva ley, que se replantee la eliminación de todos estos puntos lesivos de la Ley Mordaza y que se establezca una futura ley que garantice el libre ejercicio de los derechos y libertades. Asimismo, pide que se aborde de forma prioritaria la redefinición del concepto de «seguridad ciudadana», aspecto que aparece en la exposición de motivos de las enmiendas acordadas entre PSOE y Unidas Podemos y que recoge en gran medida las demandas planteadas desde No Somos Delito en cuanto a la garantía de los derechos y libertades de las ciudadanía, “pero su concreción en el articulado se queda muy corta”, según defienden desde la Plataforma.