Exigen que se no se renueve el permiso ambiental para reabrir la mina de Aguablanca si no se realiza un nuevo estudio

Recientemente fue presentada una solicitud para renovar la ya caduca Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre la mina de Aguablanca en Monesterio (Badajoz). En estos casos es obligatorio que la Administración abra un plazo de consulta pública para recibir alegaciones a tener en cuenta, antes de pronunciarse. Sin embargo, Ecologistas en Acción de Extremadura denuncia que no consta en el BOE ningún anuncio al respecto para la renovación de la DIA de Aguablanca que solicita la empresa.

En la web del Ministerio para la Transición Ecológica apareció cierto día publicado el plazo para realizar observaciones a esta solicitud para renovar la DIA de la mina Aguablanca y se informaba de que finalizaba el día 13 de agosto de este año, sin embargo no constaba qué día había empezado el plazo. Señalan desde la organización ecologista que no existe en el Boletín Oficial del Estado ningún Anuncio de dicho procedimiento, como marca la ley con el objetivo de que cualquier persona pueda examinar el expediente. Esto lleva a considerar, apunta la organización, que lo publicado en la web del Ministerio es nulo de pleno derecho, entre otras cosas porque inflige el derecho al recurso de amparo.

No existen motivos que justifiquen una renovación del permiso
En 2017 se formuló esta Declaración de Impacto Ambiental para la explotación de la mina de Aguablanca, sin embargo, han pasado cuatro años y la Ley de evaluación ambiental da cuenta ya de su invalidez. La ley detalla que “La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el BOE, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto”. La legislación parece más que clara en este punto, afirman desde Ecologistas en Acción de Extremadura. Este es el primer motivo por el que han presentado alegaciones contra la renovación del permiso.

En el escueto documento de seis páginas sometido a consulta pública en el que piden la renovación de la DIA no se alega ningún fundamento que justifique la inactividad del promotor durante estos años. Apenas en el último párrafo se indica simplemente que “es del interés del promotor mantener la DIA” por haberse realizado un cambio en los accionistas en su cuerpo de accionistas. La organización ecologista señala que esto “no solo no justifica una prórroga, pues es un asunto de los solicitantes” sino que además resulta preocupante, sostienen, ya que la titularidad de los derechos mineros sobre Aguablanca pasaría ahora de la empresa Valoriza Minería, S.L. (parte del Grupo Sacyr), “a la que al menos se le presuponía capacidad técnica y económica para ejecutar el Plan de Restauración establecido” a otras empresas “que no sólo carecen de capacidad técnica y económica alguna si no que presentan un historial turbio por sus vinculación directa con proyectos sobre los que pesan procedimientos penales por estafa”.

Entramado empresarial y antecedentes de robo y estafa

Como es sabido, la empresa concesionaria, Río Narcea Recursos, S.A., había estado controlada por Lundin Mining hasta 2016, año en el que Valoriza Minería, S.L. (del Grupo Sacyr) adquiere el 100% de las participaciones de la empresa titular. Resulta cuestionable, según la organización ecologista, que dados los recursos disponibles en la zona y a la vista de los condicionantes de la DIA y el Plan de Restauración pudiera resultar rentable su explotación económica. De hecho, Valoriza Minería, aun cuando tenía los medios para la ejecución del proyecto aprobado, optó por una desinversión total en Aguablanca y ahora ha entregado la concesionaria a “un entramado con nula credibilidad”.

En marzo de este año se firmó el contrato de compraventa de Rio Narcea Recursos S.A. entre Valoriza Minería S.L. y Claudenia Participaciones Empresariales S.L. (representada por Iñigo Resusta Covarrubias) y Geológica Monesteriense S.L. (representada por Alejandro Francisco Ayala). Ninguna de las dos empresas posee experiencia alguna en minería y la última además se creó este mismo año con un capital social de sólo 3.000 euros. Por su parte, denuncia la organización, “Iñigo Resusta es un conocido bróker de bolsa implicado en varios delitos de estafa y ambos representantes están vinculados al holding Graphenano”. Resusta fue fundador de Grabat Energy (filial de Graphenano), empresa con la que había previsto una facturación de hasta 4.000 millones de euros mediante la producción de baterías de grafeno. Nunca produjo ni una sola batería, recuerdan desde la organización verde. Para finalizar, el año pasado la mercantil Auriga Global Investors se hizo con el control de Grabat Energy, de la que precisamente Resusta también es el presidente. Esta otra empresa también está investigada por delitos de estafa.

Ecologistas en Acción resalta que con esta maniobra empresarial de compraventa de Río Narcea S.L. se puede observar cómo el administrador único de la Sociedad Limitada, titular de los derechos mineros hasta entonces, “pasa ahora a ser simplemente uno más de los ‘administradores solidarios’, lo cual blinda aún más a los promotores”. El objetivo que se perseguiría, según afirman “es evitar quedar expuesto personalmente a las futuras reclamaciones e indemnizaciones de sus accionistas”, ya que esta figura legal puede firmar deudas pero estas serán finalmente responsabilidad de la Sociedad Limitada, “por lo que no se podrán abrir acciones penales contra ellos”. La organización verde apunta que hay que recordar las graves deudas y daños económicos ocasionados por estos promotores en su anterior aventura empresarial de Graphenano en varias provincias españolas (Granada, Murcia, Zamora, etc). Estas personas han estado (y algunos aún se encuentran) en libertad bajo fianza de 2,9 millones de euros cada uno, por delitos de robo, delito continuado de administración desleal y por un delito continuado de estafa. La organización concluye a este respecto que “a personas de semejante historial es a las que se les puede conceder la renovación de la DIA para que dispongan de Aguablanca”.

Cambios sustanciales en el entorno de Aguablanca en los últimos años

Durante los diez últimos años se viene observando una evidente transformación del régimen de aguas provocado por la falta de lluvias en la zona donde se ubica la mina, debida al cambio climático. Ecologistas en Acción apunta que este recurso natural es clave para el mantenimiento del ecosistema y la actividad humana del lugar. Consideran que dada la alta demanda de agua que requeriría la explotación de Aguablanca, así como el continuo cambio en su disponibilidad, las condiciones del agua de la zona que se estudiaron en su momento no se corresponden con las actuales y “deben ser analizadas y evaluadas en un nuevo Estudio de Impacto Ambiental”.

Por otra parte, el impacto negativo sobre la fauna del río Rivera del Cala, que ya se venía observando durante el período de actividad de la mina de Aguablanca, se ha agravado, especialmente en los últimos tres años. El río ha ido perdiendo los peces hasta quedarse actualmente sin ninguno. Esto se hace extensivo a la mayoría de las ranas, las nutrias, las Cigüeñas negras y gran cantidad de Galápagos, señalan desde la organización ecologista. Este efecto de la actividad minera se extiende varios kilómetros aguas abajo, hasta el municipio de Almadén de la Plata “y no hay que olvidar que de estas aguas se abastece la ciudad de Sevilla”. Explican que todo esto se suma la falta de mantenimiento de las instalaciones de la mina, “ya que nunca se ha acometido ninguna de las medidas contenidas en su Plan de Restauración, por lo que se están produciendo permanentemente filtraciones procedentes de la rotura de la balsa de residuos, acumulaciones de bancos de arena, escorrentías de las escombreras y un sin fin de irregularidades más”.

Ecologistas en Acción afirma que, ante este escenario, es inadmisible que se pretenda conceder una prórroga de la DIA de esta mina sin que se someta a una nueva Evaluación de Impacto Ambiental. Y añaden que “es inadmisible especialmente que se prevea reabrirla sin haber restaurado los daños medioambientales debidos la inexistente prevención de riesgos por parte de la empresa y la dejadez absoluta de las administraciones”.

El cambio de la normativa en los últimos años obliga a una nueva Evaluación de Impacto Ambiental
Desde el año 2017, cuando se formuló la DIA de la mina Aguablanca, se han producido cambios en la normativa ambiental de la región que deben contemplarse ahora, apuntan. En primer lugar, la Junta ha aprobado el Plan para la Recuperación de la Cigüeña negra en Extremadura. La presencia de estas cigüeñas se ha visto muy reducida por efecto de la actividad minera. Desde 2017 también se ha aprobado regular las líneas eléctricas que no se ajustan a lo establecido por la ley y se ha acordado fijar medidas para la protección de las aves. “Esta nueva normativa debe ser de obligado cumplimiento en los tendidos eléctricos en la mina de Aguablanca y no fueron evaluados adecuadamente en la Evaluación de Impacto Ambiental” mantienen desde la organización verde. Por otro lado, explican que tampoco se tuvo en cuenta la última regulación de las Especies Amenazadas en Extremadura.

Ecologistas en Acción de Extremadura sostiene que, a la vista de la gestión realizada en la mina de Aguablanca por la empresa, la solicitud de una prórroga de la DIA “persigue únicamente eludir la obligación de aplicar el Plan de restauración ambiental la mina y su entorno (plan que en buena parte ya debiera haberse realizado) y continuar especulando con unos recursos mineros de difícil extracción y rentabilidad”.

Por tanto, dada la “absoluta falta de mantenimiento” de las instalaciones asociadas a la explotación, “las cuales están provocando la degradación de una amplia zona natural”, la organización ecologista apunta que debe ser una prioridad la restauración ambiental, así como repoblar la zona. Afirman que “esto no puede postergarse mediante la treta de obtener una nueva Declaración de Impacto Ambiental para una futura actividad extractiva que, por otra parte, muy probablemente nunca se llegue a realizar”. Por todo ello, solicitan que se deniegue la prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental y que se apremie a la empresa propietaria de la mina de Aguablanca para que inicie la ejecución de los trabajos de restauración ambiental.