Satisfacción y desconfianza por el archivo del expediente de la mina de Alconchel

Ecologistas en Acción de Extremadura ha recibido con satisfacción y desconfianza, a partes iguales, la noticia del archivo de la solicitud del permiso de explotación de la Mina Gato Montés (términos municipales de Alconchel, Olivenza y Táliga) dictado por la resolución del 13 de noviembre de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Satisfacción porque todo el esfuerzo y trabajo realizado por esta asociación en la presentación de alegaciones y en apoyo de la oposición social generada contra este proyecto se ha concretado en esta resolución, que pone de manifiesto su inviabilidad tanto a nivel ambiental como urbanístico. Pero también desconfianza al comprobar que el archivo del expediente, además de no ser firme, es producto del desistimiento de la empresa promotora (Río Narcea Níckel, S.A.) en completar la documentación requerida, por lo que puede ser meramente temporal, y no se trata de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa del proyecto, que sí supondría su verdadero abandono.

Como ha quedado claro desde las primeras alegaciones presentadas a esta solicitud en abril de 2018, cuando el Alcalde de Alconchel, Óscar Díaz Hernández, abrió un plazo de diez días para ello, toda la tramitación del procedimiento ha venido adoleciendo de graves irregularidades y múltiples incumplimientos. Ejemplo de algunos de ellos son el insuficiente plazo municipal otorgado para formular las alegaciones o las dificultades y trabas impuestas en el acceso a la documentación cuando se efectuaron consultas públicas a nivel autonómico.

A día de hoy, es evidente que este proyecto es totalmente inviable desde el punto de vista urbanístico, ya que en él se incluyen suelos calificados como urbanos directos y como suelos no urbanizables protegidos, lo que ha motivado diferentes maniobras con objeto de solventar estos inconvenientes. Abundando en estas irregularidades de tramitación, tan sólo se realizó consulta pública del proyecto en la localidad de Alconchel, cuando este afecta también a los términos municipales de Olivenza y Táliga.

Los insalvables impactos ambientales de esta explotación en el entorno natural, muy especialmente en las áreas próximas a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Red Natura 2000, abundan también en su inviabilidad. El estudio de la documentación del proyecto, tanto la edulcorada que se presentó a trámite como la real manejada por la empresa promotora, pone de manifiesto grave riesgos y carencias en la prevención del deterioro de los espacios protegidos, en la protección hidrológica de una parte importante de la comarca y en la preservación del yacimiento arqueológico del Cabezo de las Herrerías, como los más destacables de entre muchos otros.

Todo ello hace que este proyecto sea absolutamente incompatible con un futuro desarrollo social y económico sostenible de Alconchel, algo que han visto con claridad sus habitantes y que ha motivado una gran presión social en su contra. En este sentido, Ecologistas en Acción de Extremadura quiere destacar el intenso trabajo desarrollado por la Plataforma Alconchel Sin Mina, con la que colabora estrechamente en su oposición a este destructivo proyecto.

La asociación quiere resaltar que ambos colectivos continuarán muy pendientes de la futura trayectoria de este proyecto de explotación, pues no cree que este termine con la resolución de archivo del expediente anteriormente citada, ya que esta supone tan sólo una paralización temporal del procedimiento a instancias de la empresa Río Narcea Níckel y no la denegación definitiva de la autorización. También quiere expresar su asombro y disconformidad con la actuación de la administración regional a la hora de notificar la resolución emitida, pues tan sólo el Ayuntamiento de Olivenza la ha recibido por vía oficial, pero no ninguna de las otras partes interesadas –como lo son Ecologistas en Acción de Extremadura, la Plataforma Alconchel Sin Mina y otras entidades y particulares que se personaron en el procedimiento a través de las alegaciones presentadas-.

Como desde hace años viene denunciando Ecologistas en Acción de Extremadura, existe una clara e inaceptable incompatibilidad de este modelo de aprovechamiento depredador de los recursos mineros que se pretende implantar en numerosas zonas de nuestra comunidad autónoma con la protección ambiental que garantice la calidad de vida y la sostenibilidad económica de sus habitantes. Este aspecto es especialmente importante en un contexto de cambio climático que va a suponer una dependencia cada vez mayor de las posibilidades de explotación racional de los recursos locales.

La aproximación cortoplacista y autocomplaciente de las consideraciones expuestas por este tipo de empresas promotoras, sólo pendientes de su cotización en bolsas de valores generalmente extranjeras, no pueden justificar los deterioros que producirán los proyectos de minería a cielo abierto que la Junta de Extremadura viene aceptando a trámite – y adoptando -en los últimos años.

La resolución de archivo del expediente del proyecto minero Gato Montés pone en evidencia el desprecio de las empresas mineras por la legislación ambiental, al presentar estudios y proyectos descaradamente defectuosos a sabiendas de que cuentan con la desidia -cuando no connivencia- de la administraciones públicas, que los admiten a trámite sin objeciones. Pero, más importante aún, ejemplifica la capacidad de la ciudadanía para obstaculizar y llegar a impedir la ejecución de estos destrozos ambientales cuando ejerce una labor de fiscalización de la acción de sus administraciones y denuncia su incompetencia o dejadez, algo que cada día se demuestra más necesario ante la creciente avaricia de las empresas mineras, que han fijado sus objetivos en Extremadura, animados por las facilidades y agilización de trámites que les ofrece su gobierno.