El Partido Verde y el Partido Verde Europeo instan a la Comisión Europea a valorar que el pacto de gobierno entre PP y Vox en Andalucía incumple la normativa ambiental de la Unión

El Partido Verde ha anunciado que, a través de sus representantes en el Parlamento Europeo, registrará una pregunta dirigida a la Comisión Europea sobre el acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox en Andalucía y su compatibilidad con las obligaciones que impone el Derecho de la Unión.

La iniciativa parte del punto 143 del acuerdo, por el que la Junta de Andalucía se compromete a no promover ni financiar con fondos propios la creación, ampliación o endurecimiento de zonas de bajas emisiones, junto con la supresión de varios tributos ambientales autonómicos.

El debate, sin embargo, va mucho más allá de la política ambiental.

La legislación europea sobre calidad del aire no obliga a implantar una medida concreta. Lo que exige es que las administraciones adopten todas las medidas adecuadas para que las superaciones de los valores límite duren el menor tiempo posible. Corresponde a cada administración elegir los instrumentos, pero esa libertad no permite descartar de antemano, por razones políticas, una de las principales herramientas disponibles si ello compromete el cumplimiento de los objetivos que exige el Derecho de la Unión.

Precisamente por ello, la pregunta parlamentaria no pide a la Comisión que valore si las zonas de bajas emisiones son una buena o una mala política pública. Lo que plantea es una cuestión institucional de mayor alcance: “si un gobierno puede incorporar a su programa compromisos destinados a impedir o dificultar el cumplimiento de obligaciones jurídicas europeas mientras esas obligaciones continúan plenamente vigentes”.

Mar González ha mostrado su preocupación “porque la contaminación no desaparece cuando un consejero la llama ideología o la niega”

La pregunta solicita asimismo que la Comisión informe sobre la situación de los procedimientos europeos relacionados con la calidad del aire en España y que aclare si, en caso de que los compromisos del acuerdo se traduzcan posteriormente en decisiones legislativas, presupuestarias o administrativas, ese acuerdo podrá ser tenido en cuenta al valorar un eventual incumplimiento del Derecho de la Unión.

“La democracia permite cambiar las leyes, pero no ignorarlas mientras siguen en vigor”, ha señalado Mar González. “Cualquier gobierno puede promover la modificación de una norma europea o de una ley estatal. Lo que no puede hacer es gobernar como si esa norma ya no existiera.”

El Partido Verde recuerda que Andalucía mantiene problemas persistentes de calidad del aire en varias zonas y que España ya ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la insuficiencia de determinadas medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa europea. En ese contexto, excluir por principio una de las herramientas disponibles obliga, como mínimo, a preguntarse si los futuros planes de calidad del aire podrán seguir considerándose adecuados para poner fin a las superaciones en el menor tiempo posible.

El Partido Verde afirma que “esta iniciativa no pretende sustituir el debate político por un debate judicial. Pretende algo más sencillo: recordar que el margen de decisión de los gobiernos existe dentro del Estado de Derecho, no fuera de él. El Derecho de la Unión deja libertad para elegir los medios, pero no para renunciar a cumplir los resultados que exige.”