FACUA Huelva denuncia la falta de transparencia del Ayuntamiento sobre la actividad de su oficina antiocupación

FACUA Huelva denuncia la falta de transparencia del Ayuntamiento de la ciudad sobre el funcionamiento y el balance de actividades de su Oficina Municipal de Asistencia Antiocupación, ya que después de seis meses desde su puesta en funcionamiento sólo ha publicado un escaso balance sobre los asuntos que ha tratado.

La asociación recuerda que el consistorio suscribió un convenio con el Ilustre Colegio de Abogados que la elaboración trimestral de diagnósticos sobre la incidencia y tipología de los asuntos atendidos, los inmuebles afectados y su distribución por distritos o barrios.

Sin embargo, el balance difundido por el ayuntamiento ofrece datos genéricos que no permiten conocer la incidencia real de este fenómeno en la ciudad. La oficina, puesta en funcionamiento el pasado 8 de enero, gestionó durante sus primeros seis meses un total de 59 citas. Sin embargo, nueve fueron anuladas, por lo que el número de consultas efectivamente atendidas fue de cincuenta: 23 de manera presencial y 27 por vía telefónica.

Hasta la fecha, FACUA Huelva no ha localizado la publicación de ninguno de esos informes trimestrales ni información suficiente sobre su elaboración o contenido, por lo que exige al gobierno municipal que facilite dichos informes o, si no se hubieran realizado, que explique las causas de su incumplimiento y la fecha prevista para su elaboración.

Solo 50 consultas

Para la asociación, cincuenta consultas tramitadas en seis meses es una cifra reducida que no trasluce la existencia real de un problema de ocupación ilegal de viviendas en la ciudad. FACUA Huelva advierte, además, de que el ayuntamiento no ha especificado cuántas de esas 50 consultas correspondieron realmente a casos de usurpación u ocupación de inmuebles.

De hecho, el propio balance municipal señala que el principal motivo de consulta fueron los desahucios por impago de rentas, por delante de los procedimientos relacionados con la ocupación ilegal. También se incluyen desahucios por finalización de contrato o por precario, conflictos derivados de herencias, subarriendos no autorizados, contratos presuntamente fraudulentos y problemas de convivencia en comunidades de propietarios.

FACUA Huelva considera que agrupar todos estos asuntos bajo el balance de una oficina “antiocupación” impide conocer la verdadera dimensión del fenómeno, ya que buena parte de ellos son conflictos arrendaticios, civiles o posesorios que no pueden identificarse automáticamente con una ocupación ilegal.

Priorizar el acceso a la vivienda

La asociación mantiene una posición crítica con la utilización de recursos públicos para crear oficinas específicamente antiocupación cuando no existen datos suficientes que acrediten que se trata de un problema de especial incidencia.

FACUA Huelva considera que las administraciones deben concentrar sus esfuerzos económicos y políticos en el verdadero problema que afecta a la ciudadanía: las dificultades para acceder y permanecer en una vivienda digna y asequible.