Correos afronta el impacto de la regularización de inmigrantes con una plantilla tensionada por la falta de planificación y recursos

La puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes aprobado por el Real Decreto 316/2026 ha colocado a Correos en el centro de un dispositivo administrativo a gran escala. Y lo ha hecho, según denuncian los sindicatos, sin los recursos suficientes para asumir una carga de trabajo que ya empieza a desbordar oficinas en distintos puntos del país.

Desde esta misma semana, la red postal está absorbiendo buena parte de las solicitudes vinculadas al proceso, lo que se traduce en un incremento notable de la actividad en ventanilla. La imagen, según coinciden varias organizaciones sindicales, es la de colas, tiempos de espera al alza y trabajadores asumiendo nuevas funciones sin margen de adaptación.

Tanto CCOO como CSIF han advertido de que el arranque del proceso se ha hecho sin planificación suficiente. En sus comunicados, apuntan a una falta de previsión clara sobre el volumen de solicitudes que iban a llegar a las oficinas de Correos, así como a la ausencia de refuerzos estructurales en la plantilla.

Ambos sindicatos coinciden en que la empresa pública vuelve a asumir nuevas competencias sin acompañarlas de los medios necesarios. En la práctica, explican, esto implica que la carga recae sobre plantillas ya ajustadas, que deben compatibilizar su actividad ordinaria con la gestión de un procedimiento administrativo complejo y masivo.

Desde CSIF, además, se insiste en que la situación puede ir a más en las próximas semanas, a medida que avance el proceso y aumente el número de solicitudes. El sindicato reclama medidas inmediatas para evitar el colapso en oficinas y advierte de que la calidad del servicio público está en riesgo si no se actúa con rapidez.

Reivindicaciones comunes: contratación, formación y condiciones dignas

Pese a sus matices, las tres organizaciones coinciden en un núcleo claro de reivindicaciones. La primera, y más urgente, es el refuerzo de plantilla. Reclaman contrataciones inmediatas que permitan absorber el aumento de carga de trabajo sin deteriorar la atención al público ni sobrecargar a los trabajadores.

La segunda exigencia pasa por la formación. Los sindicatos consideran que no basta con incorporar personal, sino que es necesario preparar adecuadamente a la plantilla para gestionar un procedimiento administrativo sensible, con implicaciones legales importantes para las personas solicitantes.

También ponen el foco en las condiciones laborales. Desde CCOO y CSIF se insiste en que la ampliación de funciones debe ir acompañada de mejoras en estabilidad y organización del trabajo. CGT, por su parte, va más allá y reclama un cambio de modelo que refuerce el papel de Correos como servicio público, alejándolo de la precarización y la externalización de funciones.

Entre sus demandas, este sindicato también plantea la necesidad de integrar plenamente a la plantilla en el marco del empleo público, como vía para garantizar derechos laborales y estabilidad a largo plazo.

CGT: “Sin personal ni formación, el proceso no se puede garantizar”

El diagnóstico más duro lo pone la CGT, que habla abiertamente de una “planificación irresponsable” por parte de la dirección de Correos. En una nota de prensa difundida este 16 de abril, el sindicato asegura que el proceso arranca sin las condiciones mínimas para garantizar su correcto funcionamiento.

CGT denuncia que muchas oficinas no cuentan con personal suficiente y que una parte importante de la plantilla trabaja en condiciones precarias, con contratos parciales y salarios ajustados. A eso se suma, según explican, la falta de formación específica para asumir los nuevos trámites derivados de la regularización.

“El lunes arranca el proceso y todavía se está seleccionando al personal y empezando su formación”, advierten desde el sindicato, que considera inviable prestar un servicio con garantías en estas circunstancias.

“Queremos que Correos se nutra de más prestaciones y funciones públicas y no ser los siervos de Amazon y AXA”, afirman con rotundidad. Sin embargo, estiman que sin formación, sin personal y sin certezas, la Directiva de Correos está demostrando una planificación irresponsable. “Las oficinas a día de hoy no están adecuadamente cubiertas. Falta plantilla y buena parte trabaja a jornada parcial. Son condiciones precarias para prestar servicios fundamentales”.

La organización también subraya que este escenario no es puntual, sino el resultado de años de recortes en el empleo dentro de Correos, lo que ha reducido su capacidad operativa como servicio público. En este contexto, la llegada de un proceso masivo como el actual actúa —según su análisis— como un “factor de estrés” que evidencia las carencias estructurales.

CCOO exige refuerzos de plantilla y condiciones laborales dignas para garantizar nuestra misión pública

CCOO valora de forma positiva que Correos haya sido designado, junto a otros organismos públicos, como canal para tramitar las solicitudes del proceso de regularización impulsado por el Real Decreto 316/2026, al considerar que refuerza su papel como operador público y su función dentro de los Servicios de Interés Económico General. El sindicato interpreta este despliegue como una oportunidad estratégica para reposicionar la empresa dentro del ámbito estatal, aunque advierte de que su éxito dependerá de cómo se gestione. Según la información trasladada por la dirección en una reunión celebrada el 14 de abril —que CCOO critica por tardía e insuficiente—, el volumen previsto oscila entre 500.000 y un millón de solicitudes, con una parte relevante tramitándose presencialmente en oficinas de Correos mediante cita previa gestionada por el Ministerio. La empresa prevé implicar a unas 5.000 personas con certificado digital, aunque solo una parte recibirá formación inmediata, y desplegar el servicio en capitales de provincia y grandes municipios, con centenares de oficinas operativas en distintos horarios.

Pese a ese planteamiento, CCOO denuncia retraso, improvisación y falta de información en la puesta en marcha del proceso, señalando que una iniciativa de tal magnitud no puede abordarse con una única reunión y explicaciones parciales. El sindicato reclama conocer toda la documentación sobre el impacto real en oficinas y plantilla, así como negociar cualquier cambio en las condiciones laborales. Exige además garantías sobre las funciones —limitadas a recepción y tramitación— para evitar inseguridad jurídica, una evaluación real de las cargas de trabajo y un refuerzo de plantilla de al menos un 30%, especialmente en zonas con mayor presión. También insiste en la necesidad de una formación completa dentro de la jornada laboral, medios técnicos adecuados para evitar fallos en la plataforma Mercurio, una correcta organización de la cita previa para prevenir colapsos, refuerzos en seguridad en oficinas con alta afluencia y la definición de compensaciones económicas y profesionales. En conjunto, CCOO advierte de que sin estas medidas el proceso puede verse comprometido y reclama a la empresa una planificación más rigurosa, negociación real y condiciones laborales dignas para garantizar un servicio público eficaz.

CSIF pide mayor planificación

Correos ha detallado que el proceso de regularización ligado al Real Decreto 316/2026 podría generar entre 500.000 y un millón de solicitudes, de las que entre un 10% y un 20% se tramitarán de forma presencial, situando a la red postal como principal canal de gestión. El sistema funcionará con cita previa organizada por el Ministerio, mientras que Correos se encargará de facilitar la agenda y asumir exclusivamente la recepción y tramitación de expedientes a través de la plataforma Mercurio. Para ello, unos 5.000 trabajadores de ventanilla contarán con certificados digitales de empleado público, aunque solo 1.000 están recibiendo formación inmediata en estos primeros días. El despliegue cubrirá todas las capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes, con 365 oficinas operativas en horario de mañana y 329 también por la tarde, cifras que podrían ajustarse en función de la demanda.

Desde CSIF critican que, pese a que el proceso era previsible, se esté ejecutando “deprisa y corriendo” y sin una planificación adecuada. El sindicato reclama un refuerzo mínimo del 40% de la plantilla para poder asumir el volumen de trabajo previsto, así como la definición urgente de compensaciones económicas por las nuevas funciones. También exige disponer cuanto antes de toda la información sobre el alcance real del servicio —funciones, oficinas implicadas y condiciones— al considerar que puede suponer una modificación sustancial de las condiciones laborales. Además, insiste en la necesidad de instrucciones claras y una formación suficiente, que debe impartirse dentro de la jornada laboral, para garantizar que el personal pueda afrontar con garantías un proceso de esta complejidad.

Un reto inmediato que debe tener carácter estructural

El proceso de regularización abre una oportunidad para reforzar el papel de Correos en la prestación de servicios públicos de carácter social. Sin embargo, tal y como advierten los sindicatos, también pone sobre la mesa las limitaciones actuales de la compañía para asumir nuevas funciones sin una inversión paralela en recursos humanos.

A corto plazo, la evolución de la demanda marcará el nivel de tensión en oficinas. A medio plazo, el debate vuelve a ser el mismo: qué modelo de Correos quiere sostener la Administración y con qué medios está dispuesto a hacerlo.