Europa Laica exige al gobierno defender la laicidad ante los ataques de la Iglesia: fin de la financiación y derogación del Concordato

Ante las recientes declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en las que ha tildado al Estado de «banda de ladrones» y ha reprochado una supuesta «falta de ética» en las instituciones públicas, Europa Laica quiere manifestar su más absoluto rechazo a la hipocresía institucional que arrastra la jerarquía católica en España.

Resulta un ejercicio de cinismo que la misma institución que se beneficia históricamente de un paraíso fiscal legalizado en nuestro país acuse de «ladrón» al Estado que la sostiene de forma millonaria. Si la Iglesia católica deseara un sistema más ético, renunciaría a prebendas económicas y fiscales que extrae anualmente de las arcas públicas, es decir, del esfuerzo de toda la ciudadanía, sea cual sea su conciencia.

Por todo ello, y manteniendo nuestra firme defensa de la separación absoluta entre las Iglesias y el Estado, Europa Laica reclama al Gobierno y a los representantes de la ciudadanía:

1. El fin de la financiación pública a través de la casilla del IRPF. Es inadmisible que el Estado siga actuando como recaudador privado de la Iglesia católica a través de la ‘X’ de la declaración de la renta, un mecanismo insolidario que en 2024 derivó una cifra récord de 429 millones de euros de dinero público directo hacia los intereses de la Conferencia Episcopal.
2. La eliminación de las exenciones fiscales (IBI). Exigimos que la Iglesia católica pague el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por todos sus bienes rústicos y urbanos, terminando con un privilegio medieval que asfixia las haciendas locales de nuestros ayuntamientos.
3. La reversión de las inmatriculaciones. El verdadero expolio institucionalizado en este país ha sido el proceso de inmatriculaciones por el cual la Iglesia se ha apropiado de miles de bienes de dominio público, plazas, templos y terrenos. Esos bienes deben ser restituidos al patrimonio del Estado.
4. La supresión del adoctrinamiento religioso en las aulas y del negocio de la concertada. Denunciamos la intolerable anomalía democrática que supone mantener la religión, que pertenece estrictamente al ámbito privado, dentro del currículo escolar y abonar con dinero público los salarios de catequistas designados a dedo por los obispos. Asimismo, exigimos el fin de los conciertos educativos con centros confesionales, que segregan y actúan como redes de adoctrinamiento privado sufragadas por el erario público en detrimento de la Escuela Pública Laica.
5. La derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. Estos acuerdos son el candado jurídico que perpetúa el estatus privilegiado de la Iglesia en los ámbitos económico, fiscal, educativo y jurídico, vulnerando flagrantemente el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado.

No es el Estado el que actúa de espaldas a la ética colectiva; es la jerarquía católica la que se sitúa sistemáticamente al margen de las obligaciones fiscales comunes que comparte el resto de la sociedad. A los hechos nos remitimos. De poco sirven las lamentaciones del Gobierno ante los ataques de la jerarquía católica. Lo que la democracia y la ciudadanía exigen, en favor de la laicidad real y la equidad fiscal, no son reproches verbales, sino la aplicación firme y decidida de una agenda laicista.