Por Andalucía exige a la Junta que explique qué hizo para proteger a las trabajadoras de ADM, empresa pública productora de Canal Sur cuyo CEO está imputado por agresión y acoso sexual

La parlamentaria de Por Andalucía por Córdoba Rosa Rodríguez Ruz ha exigido hoy al Gobierno de Juanma Moreno que dé explicaciones sobre la imputación de Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, a raíz de una denuncia por agresión sexual, acoso sexual continuado y acoso laboral interpuesta por una reportera de la empresa. Los hechos han sido revelados por una investigación de eldiario.es publicada este martes.

ADM es una sociedad público-privada cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, a través de la empresa pública Sandetel, con un 47,81% del capital. Es además la principal productora de Canal Sur y responsable de Andalucía Directo, el programa buque insignia de la televisión pública andaluza. El imputado presidía también el Clúster audiovisual de Andalucía (LAND), proyecto estrella del consejero de Presidencia Antonio Sanz, cargo del que anunció su renuncia la misma semana en que debía comparecer ante el juez.

«Estamos ante un caso de extrema gravedad que afecta directamente al corazón del sector audiovisual público andaluz», ha afirmado Rodríguez Ruz, que ha trasladado «todo el apoyo y la solidaridad de Por Andalucía a la denunciante» y ha exigido su protección frente a cualquier represalia.

La parlamentaria ha subrayado que la respuesta de la RTVA ante los hechos resulta inaceptable. La dirección del ente público ha declarado que la denuncia «nunca se ha tratado en su Consejo de Administración», pese a ser el principal cliente e inversor de ADM. «No saber no es una excusa cuando tu dinero, el dinero de todos los andaluces, financia a esa empresa. La RTVA y la Junta tienen la obligación de explicar qué mecanismos existían para proteger a las trabajadoras y por qué no funcionaron», ha señalado.

Rodríguez ha recordado que ha sido el Instituto Andaluz de la Mujer quien sí ha actuado, activando el dispositivo ATENPRO de teleasistencia para la denunciante, lo que contrasta con la pasividad de la dirección del ente público. «Mientras la Junta recortaba en políticas de igualdad y ponía pancartas el 8 de marzo, en su propia empresa pública una trabajadora aguantaba sola años de acoso», ha denunciado.

Desde Por Andalucía, Rodríguez Ruz ha reafirmado el posicionamiento de la coalición: «Del lado de las víctimas, de la verdad y de la tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia machista o abuso de poder. Con las leyes en la mano y con un pie en las calles».