Irene Montero: “Convertir vuestras necesidades en derechos es una deuda histórica del feminismo y una obligación que como Estado debemos cumplir”

3 de diciembre de 2020.- La ministra de Igualdad, Irene Montero, inauguró el IV Foro Social Mujeres y Niñas con Discapacidad ‘¡Por ti, por mí, por todas!’ organizado por Fundación CERMI Mujeres. En su discurso de inauguración, destacó y agradeció la gran labor que el tercer sector, y de manera específica las organizaciones de mujeres y niñas con discapacidad, realizan diariamente “para que la desigualdad de género y la intersección de las múltiples discriminaciones sean visibilizadas y erradicadas”. “Convertir vuestras necesidades en derechos es una deuda histórica del feminismo y una obligación que como Estado debemos cumplir”, añadió.

La ministra, destacó el papel de CERMI en la concienciación de este colectivo, así como de otras organizaciones como la ONCE. Montero también quiso reafirmar el compromiso incuestionable del Gobierno “para que la prohibición de una de las manifestaciones de violencia de género más normalizadas en todo el planeta, sea en los próximos meses una realidad: la esterilización forzada será por fin prohibida en este país.”

📽️ @IreneMontero inauguró ayer el Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad, de @FCermiMujeres.

🗨️ «Nuestra obligación es hacer políticas que tengan en cuenta vuestras demandas y que os permitan vivir sin discriminaciones y ser plenamente felices». #DíaDeLaDiscapacidad pic.twitter.com/hKFcMzo93R

— Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) December 3, 2020

Por su parte, la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas (FMP), Yolanda Besteiro de la Fuente, y la consultora de la Fundación CERMI Mujeres, Esther Castellanos Torre, han presentado este mediodía en el marco del IV Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el estudio “La violencia sexual en las mujeres con discapacidad intelectual” realizado por CERMI, y el estudio “Mujer, discapacidad y violencia de género” realizado por FMP, ambos promovidos y financiados por la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género.

La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha expuesto las medidas del Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que dan respuesta a las conclusiones de los dos estudios presentados sobre discapacidad, violencia de género y violencia sexual.

El estudio “La violencia sexual en las mujeres con discapacidad intelectual” se ha llevado a cabo a través de entrevistas individuales para construir las historias de vida de las mujeres con discapacidad intelectual. La violencia y los abusos forman parte de la biografía de estas mujeres, sus relatos muestran el continuum de violencia a lo largo de sus vidas. La violencia ocurre en todas partes; en la pareja, en la escuela, en la familia, en la calle con extraños, y en las instituciones.

En el estudio “Mujer, discapacidad y género”, se ha adaptado el cuestionario a lectura fácil, logrando la participación de mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo y mujeres con parálisis cerebral. Para su realización, se ha empleado una muestra, no probabilística, de 155 mujeres con discapacidad. Esta muestra no se considera representativa de la población total de mujeres con discapacidad, pero se entiende como un primer paso hacia la realización de una macroencuesta específica de violencia para mujeres con discapacidad.

Resultados

Los resultados de los estudios corroboran de forma cualitativa los de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019: el 40,4% de las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% han sufrido algún tipo de violencia en la pareja frente al 31,9% de las mujeres sin discapacidad. Asimismo, las mujeres con discapacidad han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de sus vidas en mayor proporción (10,3%) que las mujeres sin discapacidad acreditada (6,2%), siendo también mayor el porcentaje de las que la han sufrido en la infancia (6,3% de las mujeres con discapacidad frente a 3,3% de las mujeres sin discapacidad).

Sobre las situaciones de abuso y violencia por discapacidad y género, se han constatado otras formas de violencia contra las mujeres con discapacidad. Formas de violencia que pueden ser de naturaleza física, psicológica, sexual o financiera e incluyen abandono, aislamiento social, confinamiento, humillación,

arresto, denegación de cuidados sanitarios, esterilización forzosa y tratamiento psiquiátrico forzoso. Un 65,2% de las mujeres con discapacidad participantes en el estudio ha sufrido alguna forma de violencia y abuso.

Sobre el impacto de la violencia en la salud de las mujeres con discapacidad, de las 155 mujeres que han participado en el estudio hay 12 mujeres que han referido que el origen de su discapacidad es una situación de violencia en la pareja. Este dato también coincide con los datos de la Macroencuesta de 2019: el 20,7% de las mujeres con discapacidad acreditada que han sufrido violencia por parte de una pareja afirma que su discapacidad es consecuencia de esa violencia.

El 45,1% de las mujeres con discapacidad acreditada que han sufrido violencia sexual (de una pareja o de otra persona con la que no han mantenido una relación de pareja) ha tenido pensamientos de suicidio a lo largo de su vida frente al 24,1% de las mujeres sin discapacidad que han sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida.

Sobre la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad, hay una relación directa entre la frecuencia de la violencia sexual que sufren las mujeres con discapacidad intelectual y la falta de información y educación sexual: muchas niñas y mujeres jóvenes con discapacidad intelectual carecen de los conocimientos necesarios para protegerse de los abusos sexuales.

En ambos estudios se revela que las mujeres con discapacidad intelectual tienen que superar otras barreras adicionales a las de las demás mujeres cuando denuncian, ya que ni la policía ni el poder judicial suelen tener formación en materia de discapacidad y género. A ello se suma la poca credibilidad que se otorga en muchos casos a los testimonios de las personas con discapacidad intelectual, una dificultad que aumenta cuando están privadas de capacidad legal.

Ante manifestaciones de violencia institucional como “cuando me diagnosticaron la enfermedad mental, me quitaron la custodia de mi hija» o “como tenía discapacidad, pues no me creían”, Victoria Rosell ha resaltado que el Gobierno, a través del Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la cual recibió aportaciones de muchas entidades

feministas, entre ellas de CERMI Mujeres, incluye entre sus principios rectores la accesibilidad. “Refuerza también las garantías e incorpora medidas de acción positiva en la prevención, detección, atención integral y acceso a la justicia y a la valoración forense integral de las mujeres, niñas y niños con discapacidad víctimas de violencias sexuales”, ha afirmado, “necesitan ser acompañadas y creídas para salir de la violencia.”