Denuncian inacción y falta de planificación ante las olas de calor por parte del Ayuntamiento de Madrid

12/08/2025.

Estamos acabando de la segunda ola de calor del verano, la quinta más larga de la serie histórica y ya nos anuncian con gran probabilidad la siguiente. Hasta el 11 de agosto en España se contabilizaban 1.869 muertes atribuibles al calor, un 34% más que el año pasado, según informa el Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria, MoMo. La primera ola de calor, que se extendió desde el pasado 23 de junio al 2 de julio, dejó sólo en la capital un saldo estimado de 108 muertes, según apunta el Grantham Institute, lo que en términos relativos situó a Madrid como la ciudad europea más afectada por la crisis térmica.

Este no se trata de un hecho aislado. En lo que va de siglo XXI España ha registrado más del doble de jornadas de calor extremo que en los últimos 25 años del siglo pasado. Y las previsiones no son alentadoras: organismos como la Agencia Europea de Medio Ambiente, el servicio de Cambio Climático Copernicus, la Organización Meteorológica Mundial y la AEMET alertan de que las olas de calor serán más frecuentes, tempranas y prolongadas.

La mortalidad asociada al calor extremo se ve agravada por las desigualdades socioeconómicas. En 2018, cuando el Ayuntamiento de Madrid aún publicaba datos desglosados por barrios, se constató una brecha de 10 años en la esperanza de vida entre zonas con mayor y menor renta per cápita. Estas diferencias también se reflejan en las infraestructuras: acceso a piscinas, calidad del aislamiento térmico en las viviendas, disponibilidad de zonas verdes o materiales de construcción adecuados para proteger del calor. La ecuación es simple: calor más pobreza, igual a aumento de mortalidad.

Las medidas para aliviar los efectos de las olas de calor son conocidas. Las inmediatas pasan por proteger a los colectivos más vulnerables (ancianos, niños y enfermos crónicos), mientras que a largo plazo se debe apostar por rediseñar la ciudad para reducir el efecto isla de calor, disminuir el tráfico de vehículos privados y promover el transporte público, aumentar las superficies verdes, así como el número de piscinas públicas, abrir parques y jardines durante el mayor tiempo posible o aumentar el personal público de mantenimiento de dichas instalaciones.

Sin embargo, las políticas municipales parecen ir en dirección contraria, la motosierra no deja de funcionar ni en verano. En 2025 el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la Comunidad y el Estado, ha talado miles de árboles en intervenciones como las de Montecarmelo, la plaza de Santa Ana, Méndez Álvaro, la operación Campamento y el soterramiento de la A5, la “cubrición” de Ventas o las obras del circuito de Fórmula 1. Aunque las grandes obras son solo la cara más visible. A las intervenciones hay que sumar la privatización de espacios públicos —como ocurre en la Plaza de España o el Parque Tierno Galván, donde se destinan zonas a festivales y eventos privados—, o el cierre de parques en situaciones de elevadas temperaturas según marcan unos protocolos que no se han revisado en años. 

El resultado es un acceso cada vez más limitado a los espacios verdes públicos. En plena crisis térmica los refugios climáticos se convierten en un privilegio de pago. Para miles de personas, el único refugio posible es el privado: un centro comercial, una terraza o un local con aire acondicionado, siempre que puedan permitírselo. 

La Administración no debe favorecer soluciones individuales y cortoplacistas ante la problemática del calor ni fomentar el lucro privado frente a las necesidades de bienestar de la ciudadanía. Ecologistas en Acción exige al Ayuntamiento una estrategia integral y proactiva de reverdecimiento de la ciudad y cuidado de la vegetación ya existente, una política de plantación con especies apropiadas, el fomento de herbáceas y arbustos, un aumento de los espacios públicos que sirven como refugio climático de una manera equitativa, un freno a la privatización de los espacios públicos, una reducción del tráfico en la ciudad, una promoción del transporte público. En definitiva, una apuesta por el cuidado colectivo de nuestra ciudadanía, en especial de nuestros mayores, niños y enfermos, pobres o ricos.