CCOO PV denuncia la “impunidad institucional” del Consell al anular sanciones a empresas tras la dana
- El sindicato considera un insulto a la clase trabajadora que la Generalitat perdone las infracciones a empresas que pusieron en riesgo vidas durante la riada del 29 de octubre. CCOO PV respalda la investigación de la Fiscalía y le trasladará todas las pruebas recabadas para evitar que la negligencia patronal quede impune.
CCOO PV manifiesta su respaldo absoluto a la decisión del Ministerio de Trabajo de llevar ante la Fiscalía la actuación de la Generalitat Valenciana. La organización sindical califica de «extrema gravedad» la anulación de los expedientes sancionadores contra aquellas empresas que obligaron a sus plantillas a trabajar en plena catástrofe de la dana.
CCOO PV, que impulsó la mayoría de las denuncias ante la Inspección de Trabajo, critica que el Gobierno valenciano actúe como «escudo protector» del empresariado que ignoró las alertas rojas. «No estamos ante un debate técnico, sino ante una decisión política vergonzosa para proteger el beneficio empresarial por encima de la vida», denuncia el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Sostenibilidad de CCOO PV, Antonio Inarejos, que afirma que la Generalitat está amparando a quienes, de forma consciente, “despreciaron la seguridad de sus trabajadores y trabajadoras».
Restitución inmediata de las sanciones
El sindicato rechaza frontalmente el uso de la «fuerza mayor» como excusa legal para anular las actas de infracción. CCOO PV argumenta que el riesgo era previsible, la alerta roja era pública y conocida, por tanto, ello anula cualquier intento de alegar fuerza mayor para eximir de responsabilidad preventiva.
Los expedientes, además, recogen instrucciones explícitas de las empresas para mantener la actividad, a pesar del peligro de muerte. CCOO PV recuerda que anular sanciones de forma sistemática, ignorando las pruebas del personal inspector de campo, apunta directamente a un presunto delito de prevaricación.
CCOO PV anuncia que pondrá a disposición de la Fiscalía toda la información y testimonios recabados por sus delegados y delegadas en las empresas afectadas. El sindicato exige la restitución inmediata de las sanciones y una rectificación pública del Consell. «No permitiremos que el riesgo sufrido por miles de personas quede impune bajo una interpretación legal torticera. Esta impunidad moral sienta un precedente peligrosísimo para futuras emergencias climáticas», concluye Antonio Inarejos.
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