Iniciativa del Pueblo Andaluz alerta sobre la violencia machista en Andalucía: los acuerdos entre PP y Vox pueden poner en riesgo la vida de las mujeres

La formación andalucista Iniciativa del Pueblo Andaluz (IdPA) señala que el cese de actividad parlamentaria no puede impedir que la Consejería de Igualdad y el propio gobierno de Moreno Bonilla continúen ignorando los casos de violencias machistas, con su máximo exponente en los asesinatos, que suceden en Andalucía. 

La constitución de los nuevos grupos parlamentarios andaluces tras el reciente periodo de incertidumbre política no ha disipado las preocupaciones de Iniciativa del Pueblo Andaluz (IdPA) sobre la situación de la violencia machista en la comunidad autónoma. La formación ha denunciado que, mientras Andalucía continúa registrando víctimas de violencia de género, el Ejecutivo autonómico mantiene una actitud de “inacción” frente a uno de los principales problemas sociales que afectan a las mujeres.

Desde IdPA recuerdan que cinco mujeres han sido asesinadas por violencia machista en Andalucía en lo que va de año, una cifra que consideran suficiente para exigir una respuesta institucional más contundente. La organización señala además que existen otros asuntos pendientes que, a su juicio, reflejan la falta de compromiso del Gobierno andaluz con las políticas de igualdad.

Entre ellos destaca la investigación abierta por las denuncias de presunto acoso y agresión sexual contra el director general de una productora vinculada a Canal Sur. Según las informaciones conocidas hasta el momento, al menos seis mujeres habrían denunciado comportamientos de acoso. La formación critica que desde la Junta no se hayan ofrecido explicaciones detalladas sobre el caso, pese a que las productoras de participación pública dependen de áreas bajo responsabilidad del Ejecutivo autonómico.

La crítica de IdPA se extiende al conjunto de las políticas desarrolladas durante los últimos años. La organización considera que muchas de las promesas realizadas por el Gobierno andaluz en materia de igualdad no se han materializado. Entre los ejemplos citados figuran la continuidad del teléfono de atención a la denominada “violencia intrafamiliar”, una denominación cuestionada por colectivos feministas al entender que diluye el concepto de violencia de género, así como las deficiencias detectadas en la implantación y funcionamiento de los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, impulsados en toda España a partir de los fondos europeos gestionados por el Ministerio de Igualdad.

La formación andalucista también cuestiona la coordinación entre la Junta y el Gobierno central para el desarrollo de medidas destinadas a reforzar la protección de las víctimas y avanzar en igualdad efectiva. Asimismo, recuerda anteriores polémicas protagonizadas por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, relacionadas con declaraciones sobre mujeres afectadas por los fallos detectados en programas de cribado de cáncer de mama.

Las advertencias de IdPA se producen además en un contexto político marcado por el crecimiento de la influencia de la extrema derecha en distintas instituciones. La organización menciona experiencias en otras comunidades autónomas donde se han impulsado modificaciones en programas de atención a víctimas, recortes presupuestarios o iniciativas dirigidas a cuestionar la legislación específica contra la violencia de género.

Diversos estudios y organismos especializados coinciden en señalar que los periodos vacacionales y los meses de verano constituyen etapas de especial riesgo para las víctimas de violencia machista, debido al incremento de la convivencia con los agresores y a las mayores dificultades para acceder a determinados recursos de apoyo. Por ello, IdPA insiste en la necesidad de activar medidas excepcionales durante los próximos meses.

Entre las propuestas planteadas por la organización destacan la declaración de una emergencia feminista en Andalucía, el refuerzo de los recursos económicos y profesionales previstos en los presupuestos públicos, campañas específicas de sensibilización y prevención, una mayor coordinación entre administraciones y fuerzas de seguridad, así como el fortalecimiento de los mecanismos de atención y protección para las víctimas.

La formación concluye reclamando que la reducción de la violencia machista sea asumida por la Junta de Andalucía como una prioridad política y una responsabilidad institucional ineludible. Según sostienen, la prevención, la protección y la educación en igualdad continúan siendo herramientas fundamentales para combatir una violencia que cada año deja decenas de víctimas en España y mantiene una profunda preocupación social.