«La falta de planificación del SESCAM pone en riesgo el acceso al IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo)»

Comunicado Plataforma 8M Toledo

Obstaculizar su acceso resulta injusto y vulnera el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la continuidad de su embarazo. El derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios no puede, en ningún caso, menoscabar el derecho de las mujeres a recibir una atención sanitaria reconocida por ley.

En una sociedad avanzada, que presume de derechos y libertades, no puede aceptarse que estos queden únicamente recogidos en un texto legal sin garantizarse su aplicación efectiva en la práctica.

La legislación vigente, del 2010 (tiene 16 años de vigencia), que obliga a los poderes públicos a garantizar el acceso efectivo al aborto. Desde 2023, además, la ley establece la creación de registros de profesionales objetores con el objetivo de evitar que el servicio quede desatendido. Sin embargo, tres años después, el SESCAM apenas “planea” la puesta en marcha de un centro público, evidenciando una preocupante falta de compromiso institucional.

Arribas añade que “resulta incomprensible la cantidad de obstáculos y dificultades que siguen encontrando las mujeres que desean interrumpir su embarazo, especialmente cuando, en la mayoría de los casos, la IVE se realiza mediante tratamiento farmacológico y no a través de intervenciones quirúrgicas”.

Asimismo, cabe preguntarse por qué existe un porcentaje tan elevado de objetores en los servicios de Ginecología y Obstetricia. La objeción de conciencia es un derecho individual y no puede convertirse, de facto, en una objeción colectiva. Sería pertinente reflexionar sobre si estas convicciones morales, éticas o religiosas son previas a la elección de esta especialidad médica o si surgen posteriormente durante el ejercicio profesional.

Tampoco puede descartarse la existencia de presiones sociales o laborales dentro de los propios servicios sanitarios. Si quien dirige un servicio de Ginecología y Obstetricia es objetor, ¿qué ocurre con el resto del equipo? ¿Existe una adhesión implícita para evitar presiones o estigmatización? De ser así, no estaríamos ante decisiones basadas exclusivamente en convicciones personales.

Las mujeres conocen bien las consecuencias de la presión social, laboral y de la estigmatización. Precisamente por ello, se espera que los profesionales sanitarios, altamente cualificados y comprometidos con el servicio público, actúen guiados por principios sólidos, sustentados en el conocimiento, la ética profesional y la atención integral a sus pacientes.

Ante esta situación, resulta imprescindible conocer cuál es la posición de la Consejería de Igualdad y en particular de su consejera, ante las dificultades que siguen encontrando las mujeres para acceder a una prestación sanitaria reconocida por la ley. ¿Qué medidas piensa adoptar para garantizar que el derecho a la interrupción del embarazo puede ejercerse de forma efectiva, próximo a su domicilio y sin obstáculo dentro de la sanidad pública?

Las mujeres no podemos seguir enfrentándose a barreras, demoras y estigmatización para ejercer el derecho a abortar, a decidir si continuamos con el embarazo. Para concluir Marta Arribas nos refiere que “la sanidad pública debe garantizar una atención digna, accesible, efectiva y próxima a su lugar de residencia, por encima de cualquier bloqueo estructural o corporativo. Defender los derechos reproductivos es defender la libertad sexual, la salud reproductiva, la igualdad y la autonomía de las mujeres”.