Organizaciones sociales piden a España que proteja los derechos humanos frente a las malas prácticas empresariales

Madrid 01/12/2022.- La reunión que mantendrán hoy (1 de diciembre) los ministros de la UE en el Consejo de Competitividad es un momento crucial para garantizar que la actuación de las empresas no supone una violación de los derechos humanos o daños en el medioambiente. Después de casi tres años del anuncio de un nuevo marco legal europeo para hacer que las empresas rindan cuentas, la Directiva de Diligencia Debida y Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), los ministros definirán su posición inicial sobre esta propuesta de ley. 

Esta Directiva podría representar un hito en la reducción de los impactos negativos que la actuación de las empresas tiene sobre sus trabajadores y trabajadoras, las comunidades locales y el medioambiente en todo el mundo. Sin embargo, organizaciones sociales y sindicatos, consideran que el borrador del texto de la legislación se ha diluido de manera preocupante en los últimos meses, como resultado del intenso lobby empresarial y de los gobiernos que actúan para proteger las empresas en lugar de a los derechos humanos. 

En este sentido, resulta urgente abordar las importantes deficiencias del texto, denunciadas por la Plataforma por Empresas Responsables, ya que se corre el riesgo de que la futura directiva no logre el impacto positivo que las personas, el planeta y el clima necesitan urgentemente. “Durante el debate de los últimos meses en el Consejo, algunas partes del proyecto de Directiva se han debilitado drásticamente”, han denunciado desde la plataforma de ONG. 

El peligro de no incluir al sector financiero

De acuerdo con la última versión del texto, filtrado a la prensa, muchos tipos de servicios financieros, grandes fondos institucionales y gestores de activos no entrarían en el ámbito de aplicación de la Directiva. Lamentablemente, según la información publicada ayer por Euractiv, España, junto con Francia e Italia, estaría a favor de no incluir al sector financiero en el ámbito de aplicación de la Directiva de Debida Diligencia de Sostenibilidad Corporativa.

La exclusión del sector financiero no solo reduciría la eficacia de la Directiva, sino que también tendría importantes implicaciones para las personas y el planeta. Además, sería contrario a los principios básicos de las guías de la OCDE y los informes de los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) y desperdiciaría la influencia que ejercen sobre otras industrias y actividades empresariales. Recientemente, el grupo de trabajo sobre Empresa y Derechos Humanos de la ONU ha reafirmado en su último informe la responsabilidad de los inversores institucionales y los bancos a la hora de evitar causar efectos negativos sobre los derechos humanos. 

La propuesta del Consejo, que adolece preocupantemente de enfoque de género, reduciría el alcance de los derechos humanos, no garantizaría el acceso a la justicia y no mejoraría las disposiciones sobre la debida diligencia medioambiental y climática.

Por ello, la Plataforma por Empresas Responsables insta a España retirar su propuesta y favorecer una legislación que refuerce el compromiso con los derechos humanos y el medioambiente. Desde la organización también recuerdan que el Gobierno Español tiene entre sus compromisos una ley nacional de debida diligencia, cuyo anteproyecto está parado en un cajón desde hace meses poniendo en peligro su tramitación y aprobación en lo que queda de legislatura.

Una legislación ciega al género

Las mujeres constituyen la mayoría de la fuerza laboral en muchas cadenas de valor internacionales, como la fabricación de prendas de vestir o la agricultura. Sin embargo, la propuesta de legislación no reconoce esta realidad.

La violencia sexual y de género, el acaparamiento de tierras, la contaminación ambiental y la explotación tienen efectos diferentes y desproporcionados en las mujeres. Estos impactos de género de la actividad comercial y empresarial tienen lugar en todos los sectores y a lo largo de toda la cadena de valor. Sin embargo, el texto de la futura Directiva no tiene en cuenta los derechos de las mujeres y existe un riesgo real de que la UE no cumpla con su compromiso con la igualdad de género.

Alianza por la Solidaridad-ActionAid ha elaborado un documento en el que establece 10 pasos esenciales para garantizar que las empresas protejan los derechos de las mujeres y que la propuesta de Directiva sea sensible al género.