Víctor Álvarez Terrón •  Opinión •  18/06/2016

¿Cuál es la sociedad que queremos?

Sociedad (Del lat. sociĕtas, -ātis.)
 
1. f. Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes.
 
2. f. Agrupación natural o pactada de personas, organizada para cooperar en la consecución de determinados fines.
 
3. f. Com. Agrupación comercial de carácter legal que cuenta con un capital inicial formado con las aportaciones de sus miembros.
 
4. f. Agrupación natural de algunos animales.
 
En esta época de precampaña o campaña (hemos llegado a un estado en el cual no se distinguen bien), los ciudadanos vivimos en un bombardeo continuo de información y mensajes. Nos convertimos en el pueblo soberano. En ese objetivo al que todos quieren y desean.
 
Se nos hacen llamamientos altisonantes y rimbombantes. Se hacen llamadas al cambio. Se hacen llamadas a la unidad. Pero con especial interés se realizan esos mensajes hacia la “sociedad española”.
 
Sociedad. La sociedad española, esa a la cual hacen referencia continuamente unos y otros cuando nos intentan convencer de unas u otras ideas. ¿Es tal? ¿Realmente somos una sociedad?
 
Ciñéndonos a la estricta definición de la RAE, podemos realizar diversas observaciones.
Sí, es cierto que somos un conjunto de personas, pueblos y naciones, pero hasta ahí llegan las similitudes. ¿Vivimos bajo normas comunes? En ocasiones sí, pero hay muchos ejemplos que nos muestran lo contrario. Que se lo digan a Alejandro Fernández, granadino de 24 años que recientemente ha ingresado en prisión con una condena de 6 años por gastar menos de 80 euros con una tarjeta de crédito falsa y una serie de delitos menores. El gobierno, desoyendo las más de 250.000 firmas, le ha denegado el indulto.
 
¿En qué se parece Alejandro a Francisco Domingo, director de una sucursal del Banco Santander que robó a un cliente 30.000€, y al cual el ministro de justicia popular Gallardón concedió el indulto en menos de un año de condena cumplida?
 
O a Oriol Pujol, para el que, la propia fiscalía le reclama 5 años por el caso de las ITV, por delitos tan graves como tráfico de influencias, cohecho o falsedad continuada en documento mercantil. Por no hablar de la más que discutible actuación de la fiscalía en el Caso Noos, donde más que fiscal, semejaba abogado defensor de la infanta Cristina de Borbón.
 
¿Se puede decir por tanto que somos una sociedad? Quizás las normas y leyes sean comunes, pero es evidente que el rasero para condenar y los castigos por infringirlas distan mucho de ser equitativos. El tamaño de tu cartera, tus antecedentes familiares o tu radio de acción influyente determina en mucha medida las posibles consecuencias de tus actos.
 
¿Y que hay de la segunda definición? Sí que somos una sociedad (más o menos) pactada, pero, ¿cooperamos en la consecución de determinados fines?
 
Analizando los años de democracia que van transcurriendo, se observa como el bipartidismo y la oligarquía que lo gobierna, se han dedicado a dilapidar todos los derechos sociales que la población consiguió con esfuerzo y lucha.
 
Se ha denostado la salud pública, potenciando a la sanidad privada, con casos flagrantes que se extienden por todo el estado, en los que se ha visto como los propios consejeros de las comunidades, acaban en los Consejos de Administración de las empresas que han recibido contratos y adjudicaciones de la propia administración.
 
Muy gráfico es el caso del Modelo Alcira, en Valencia, en el cual la gestión privada se ha demostrado que multiplicó por 6 veces los costes respecto a los de un hospital de gestión pública; y que no contentos con ello, la empresa gestora tuvo que ser rescatada por el gobierno de la Generalitat.
 
De la misma manera que se transgrede la sanidad universal, se daña también la educación pública, con cada vez menores dotaciones a Escuelas y Centros y potenciando a la vez Centros Privados y Concertados, hechos denunciados una y otra vez por asociaciones de padres, profesores y sindicatos, ya que alteran las ratios de alumnos por aula, fomentan la exclusión social por clases económicas y la educación sesgada en determinados temas y asignaturas.
 
La tercera definición es quizás la más triste y frustrante. La idea de una agrupación que cuenta con un capital inicial formado con las aportaciones de sus miembros, simplemente da risa y rabia a partes iguales.
 
Los continuos casos de corrupción, blanqueo de capitales y escándalos de índole económica y fiscal que nos rodean, siendo la inmensa mayoría de las veces, provenientes de grandes fortunas, personalidades y grandes empresas (muchas relacionadas con el IBEX-35), hacen que la ciudadanía nos sintamos como los pagafantas de turno.
 
No ha pasado mucho tiempo de los casos destapados en los papeles de Panamá y ya se están destapando nuevos casos, ahora bautizados como los papeles de la Castellana, en los cuales se
ven como políticos, empresarios, banqueros, futbolistas, actores y personalidades varias y variopintas, utilizan sistemas de ingeniería fiscal y estratagemas para minimizar los impuestos a pagar, cuando no directamente a la evasión fiscal total.
 
La famosa amnistía fiscal del partido popular, ha facilitado y potenciado que se reproduzcan casos como la de la familia real, en la cual, diversos miembros han regularizado 4 millones de euros dinero negro, pagando intereses de entre el 2 y el 3%. Siempre es bueno recordar que el IVA de una barra de pan es del 4%, la vivienda paga un IVA del 10% y los productos de higiene femenina el 21%. O que su IRPF tributará entre un 10 y un 25% en la mayor parte de los casos.
 
Al final, la definición más acertada será la tercera, la agrupación de animales, que eso se cumple a rajatabla. Nos han convertido en la sociedad del Gran Hermano y los realities en televisión; en la sociedad del balconing; en la sociedad del “yo soy español, español”. En una sociedad en la que corres el riesgo de ser pobre, aun trabajando jornadas de 8, 10 y 12 horas.
 
En una de las sociedades más desiguales de Europa.
 
Y lo han hecho arrebatándonos grandes símbolos de nuestra identidad. Éramos la sociedad que tenía la Institución Libre de Enseñanza. Esa sociedad que en 1931 conseguía derechos fundamentales no reconocidos hasta entonces. Esa misma sociedad que se estremecía cuando observaba a colectivos como la minería o los astilleros, luchando por sus derechos laborales.
 
Es nuestro turno. No seamos los animales que dice la RAE. Queda en nuestra mano exigir a nuestros líderes políticos y a nosotros mismos recuperar la sociedad que queremos, solidaria, educativa, justa, tolerante, ecológica, igualitaria y no sexista.
 
* Víctor Álvarez Terrón. Ingeniero ULE y Máster UNED

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