José Haro Hernández •  Opinión •  02/02/2021

Exilios

Cuando Gonzo, hace unas semanas, le pregunta a Iglesias si se puede comparar el exilio republicano con la fuga de Puigdemont y los suyos, en realidad le está preguntando si en la España actual hay exiliados. Pero el periodista lo hace con trampa, pues constriñe ese término  a la dramática situación que vivieron quienes huyeron de la barbarie franquista, de la tortura y el fusilamiento. Y exilio es eso, efectivamente, pero también el de quien, ante un posible juicio sin garantías, y con el fin de evitar la cárcel, abandona el país. Obviamente, cuando Iglesias dijo sí a esa comparación, le llovieron chuzos de punta provenientes de todos los sectores, sobre todo de una parte de la izquierda. Y es que ésta cayó en las redes de la pregunta capciosa del periodista, no resuelta con habilidad por un Iglesias al que le faltó precisar que las represalias políticas, en general, tienen distintos grados, como el vino. Obviamente, no es lo mismo enfrentarse a los tribunales criminales del franquismo que a un Tribunal Supremo que sustituye la brutalidad de aquéllos por una sutil arbitrariedad que, envuelta en la Constitución, en realidad fuerza el Código Penal, primero imputando rebelión donde no la hay y después sentenciando sedición con penas propias de aquélla. Todo ello en el marco de una definición de estos delitos que no se compadece con la jurisdicción europea, la cual requiere del ejercicio de la violencia para considerarlos susceptibles de castigo penal.

Esta equiparación forzada entre los exiliados republicanos y los independentistas ha cubierto, pues, el objetivo que tenía, que no era otro que el de esquivar el debate sobre si en la España actual hay gente susceptible de sufrir prisión por motivos políticos. Y lo ha eludido a cuenta de identificar exilio exclusivamente con el hecho de ponerse a salvo de un régimen terrorista, obviando que existen democracias restringidas, como la nuestra, con aparatos de Estado(judiciales, militares, policiales)simpatizantes de  la tradición autoritaria, donde se producen situaciones impropias de una democracia plena. Así, quienes se rasgan las vestiduras porque se relacione el sufrimiento de las víctimas de la dictadura con la situación de los políticos catalanes, dudan cuando se les pregunta si consideran justo el encarcelamiento de Oriol Junqueras y sus compañeros, admitiendo, finalmente, que no lo es efectivamente, pero que la actitud del líder de ERC no es asimilable a la de Puigdemont, que escapó de la justicia. Aquí olvidan que esa huida se produjo, precisamente, para evitar la inexorable condena de cárcel que resultaría del juicio del ’procés’. Y que escoger entre cárcel y salir por piernas puede ser el resultado tanto de una actitud subjetiva de valor como de un frío y meditado cálculo político.

Porque, y volviendo a la cuestión general de la calidad de nuestra democracia, no sólo tenemos represaliados por hacer una declaración retórica y unilateral,  exenta de violencia, sin consecuencias jurídicas ni institucionales prácticas, sobre la independencia. También hay raperos fuera de España por el contenido de sus letras, o unos chicos en Alsasúa que sufren penas de cárcel equivalentes a las de terrorismo a pesar de no haber sido condenados por ello.

Y, sobre todo, tenemos los pronunciamientos de los tribunales europeos respecto de las peticiones de extradición de los independentistas. Paradigmático a este respecto es el rechazo del Tribunal Supremo belga a la orden contra el Conseller Puig, aduciendo tanto que el Supremo español no es competente para juzgar al reclamado como que éste no tiene garantía de un juicio justo. En parecidos términos se han pronunciado otras justicias europeas, como la alemana, la suiza o la escocesa. Y esto nos pone ante el espejo de la realidad de nuestro poder judicial, ese mismo que en estos momentos maniobra contra el gobierno para perpetuar su no renovación.

Todo lo anterior nos lleva, a mi juicio, a una reflexión concreta sobre la cuestión catalana y a otra de carácter más general sobre el tipo de Estado que tenemos en este país. En relación a la primera, es precisa una salida negociada al conflicto territorial, toda vez que, no sólo en Cataluña, hay una parte muy importante de la población que quiere redefinir sus relaciones con el resto de pueblos de España. Y aquí hay que ganar la batalla de las ideas al independentismo poniendo sobre la mesa un federalismo solidario integrado por territorios bajo soberanía compartida. La segunda nos remite a la necesidad de conseguir una Justicia democrática e independiente, como las europeas, no atada a una politización que bebe en las fuentes de las cloacas del Estado. Quizá así no perdamos el tiempo con debates estériles y tramposos sobre si tenemos, o no, exiliados.

joseharohernandez@gmail.com


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