El «tiempo gris» y la cuenta pendiente: El informe que perpetúa la impunidad

Con relación a la publicación del Informe de la Comisión sobre las vulneraciones de derechos humanos acaecidas en el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la Constitución Española (29 de diciembre de 1978) y el 31 de diciembre de 1983…

En la disposición adicional decimosexta de la ley 22/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática se establecía que: “El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas.” Casi dos años después, en abril de 2024, se nombró a la Comisión Técnica que debía elaborar dicho estudio y ha sido en el pasado mes de junio de este año 2026, cuando se ha publicado el informe.

La Comisión Técnica, presidida por el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez y vicepresidida por la Directora General de Atención a las Víctimas, Zoraida Hijosa, estaba compuesta por Nicolás Sartorius, José Álvarez Junco, Araceli Manjón-Cabeza, Carme Molinero, Antonio Rivera, Encarnación Lemus, José Antonio Martínez Soler, Sophie Baby, Jon Mirena Landa, Paz-Mercedes de La Cuesta y Francisca Sauquillo.

Este amplio elenco de personalidades varias llega a la conclusión de que entre 1976 y 1982, el período histórico conocido como transición, estuvo marcado por “la presencia de la violencia política de diferentes agentes”, esto solo es el principio de una perorata ya conocida y repetida en al que se igualan responsabilidades de víctimas (contestarios les llega a denominar) y verdugos. En ese “tiempo gris”, como lo llaman, se produjeron graves violaciones de los derechos humanos con resultado de muerte, además del mantenimiento de las torturas y las condenas judiciales, dada la total ausencia de una debida depuración que eliminara los elementos más ligados a la “etapa anterior”, el Estado franquista, de los estamentos militares, policiales, judiciales y administrativos algo que es absolutamente obligado cuando se pasa de un Estado terrorista, como fue el franquismo, a un Estado de derecho.

Se asume en el texto que “la transición de la dictadura a la democracia se produjo en España mediante un procedimiento negociado entre partes del anterior régimen y partes de la oposición a este”, pero sin cambios sustanciales a pesar de la valiente movilización y presión social que se desarrolló durante esos años y que fue tan dura y sistemáticamente reprimida –o incluso más–¬ que en los últimos años del franquismo.

Obviamente, reconoce el papel de la extrema derecha y sus conexiones con algunos elementos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (que, por supuesto, no investiga ni da datos) y explica el fervor asesino de la policía y la guardia civil en el “mantenimiento del orden” como una consecuencia de la dinámica del régimen anterior. Es decir, algunos elementos de dichas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se habían quedado “enganchados” al gatillo fácil sin forma alguna de poder pararlos, pues en ninguna parte aparecen los nombres de los cargos políticos, militares y policiales que permitían –cuando no auspiciaban– o no perseguían este gusto por disparar primero y preguntar después, sin ninguna consecuencia penal ni menoscabo profesional para los asesinos.

Pero lo peor del informe es la justificación por la que quedan excluidos de la lista de asesinados y asesinadas “las personas que, en el momento del hecho, estuvieran integradas en organizaciones terroristas, participaran en actividades orientadas a subvertir el orden constitucional mediante el uso de la violencia, o fallecieran como consecuencia de la manipulación de explosivos o armas con fines ilícitos, aun cuando tales actos pretendieran obstaculizar intervenciones legítimas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, acogiéndose a un Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de abril de 2024. Es decir, que los supuestos miembros de ETA, según criterio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que murieron a manos de organizaciones parapoliciales como el Batallón Vasco Español o el GAL o por “actuaciones policiales descontroladas” no se incluyen en el análisis de este informe. ¡Qué barbaridad!Pero es que, además, tienen el cinismo de recordar en el propio informe lo que dice la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para victimas de delitos y abusos de poder, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 29 de noviembre de 1985: “se entenderá por ‘víctimas’ a las personas que individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimientos emocionales, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”.

Efectivamente, esto lo recoge el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y todos los mecanismos internacionales defensores de los derechos humanos: las víctimas lo son por el hecho de ser objeto de un delito y no pueden ser prejuzgadas, tal y como le han expresado repetidamente al Estado español organismos internacionales como en las sentencias emitidas por el Tribunal Europeos de Derechos Humanos por no investigar los casos de torturas a manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente contra personas detenidas en Euskadi, Madrid y otros lugares.

Según los datos que se han investigado y que se publican en este libro, en las fechas que cubren este informe (enero 1979 a diciembre 1983) se produjeron, al menos, 130 asesinatos a manos de policías, guardia civiles y grupos parapoliciales. En el Informe de la Comisión se quedan en 63. ¡Más de un cincuenta por ciento son eliminados de la lista!La disposición adicional decimosexta fue una reclamación del movimiento memorialista que exigía que el período que cubre la Ley abarcara la transición sangrienta y violenta que sufrimos y con este Informe de la Comisión nos quieren dar gato por liebre. No podrán. La verdad está ahí, en la hemeroteca, en el recuerdo de la gente y en la memoria de quienes lucharon por una verdadera democracia y que no van a olvidar ni se van a rendir nunca.

⇒ Ver: Informe de la Comisión sobre las vulneraciones de derechos humanos. BOE acaecidas en el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la Constitución Española (29 de diciembre de 1978) y el 31 de diciembre de 1983

Nota LQSomos: Este texto es parte del libro «La transición. 50 años de un relato tergiversado». El Garaje Ediciones. 2026.

Rosa García * Represaliada política de la dictadura. Miembro de La Comuna, Presxs del Franquismo.

Fuente: https://loquesomos.es/el-tiempo-gris-y-la-cuenta-pendiente-el-informe-que-perpetua-la-impunidad/