Presentan queja ante el Poder Judicial porque la Audiencia Nacional niega la memoria del centro de torturas que fue la Dirección General de Seguridad franquista

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado por registro una queja ante el consejo general del poder judicial para protestar por la decisión de la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional que ha considerado que señalizar el edificio en el que estuvo la dirección general de seguridad franquista y hoy es sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid podría afectar de manera irreversible a la imagen del órgano autonómico.

Para Emilio Silva, presidente de la asociación: «esta decisión es una muestra más de cómo la cultura de la impunidad hacia los crímenes de la dictadura franquista forma parte de los hábitos y comportamientos de algunos miembros del Poder Judicial que a menudo ejercen su independencia declarándose independientes de los derechos humanos y de su deber de proteger a víctimas de delitos tan graves como la tortura. Ahora resulta que los jueces se encargan de velar por la imagen de marca de la Comunidad de Madrid«.

«La ARMH reclama a la Audiencia Nacional una disculpa pública ante las víctimas y una rectificación. Este es el texto de la queja presentada por registro.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha resuelto que señalizar el Palacio de Correos como lugar de detención ilegal y tortura de la dictadura franbquista puede afectar negativamente a la imagen del edificio en el que hoy se encuentra la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica , declarada de utilidad pública y con un interés legítimo en presentar este escrito, consideramos que un  órgano judicial democrático no puede atender a cuestiones estéticas . Sus funciones no son velar por la imagen de marca de la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Lo que acaba de negar la Sala de los Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional es que se cuente que en ese edificio ocurrieron  torturas cometidas por dirigentes y policías franquistas; es decir, proponen que los hechos se sigan ocultando. La función de ese tribunal ya no es mantener el orden público; es proteger y reparar a víctimas y perseguir y juzgar a verdugos.

Que representantes del Poder Judicial de una democracia quieran seguir escondiendo los crímenes de la dictadura y consideren su divulgación pública desde criterios estéticos  explica lo alejados que se encuentran algunos magistrados de una ética de los derechos humanos que debe marcar y enmarcar sus deberes judiciales.

Solicitamos a la Audiencia Nacional una disculpa pública hacia las víctimas torturadas por el franquismo, cuya resistencia contra la dictadura y la memoria de su lucha enriquecen nuestra democracia y ha servido para crear un sistema de libertades en el que estos magistrados han accedido a su cargo por un proceso que, aunque a veces no lo parezca, no ha sido la decisión del dedo de quien daba las órdenes de que se cometieran todas esas torturas«.