CGT asegura que el Estado continúa protegiendo a los verdugos franquistas

Madrid, 17 de abril de 2026. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha mostrado su rechazo a la actitud que desde el Ministerio de Interior del Gobierno de España se mantiene para impedir el acceso a la documentación sobre la represión franquista en sus archivos. CGT denuncia que esta es una operación más del Estado para blindar la impunidad del régimen fascista que mantuvo en el miedo y en la miseria al pueblo durante más de cuatro décadas. Además, desde la organización anarcosindicalista señalan también que la “modélica” transición no fue más que otra mentira disfrazada para que los artífices de la dictadura no tuvieran que pagar por sus crímenes y delitos.

Para CGT, este bloqueo no es ningún error ni mucho menos una consecuencia de la falta de recursos, sino una decisión política que para más inri proviene de un Gobierno que se vanagloria de ser transparente. Sin embargo, los y las anarcosindicalistas conocen bien su trayectoria, y esta situación no es más que otra estrategia del Estado para proteger sus herramientas con las que reprime y castiga a la ciudadanía. Es por eso que las fuerzas y cuerpos de represión del Estado continúan, 50 años después de la muerte del dictador, actuando bajo la misma lógica de control social.

CGT critica que un Gobierno, como el de PSOE-SUMAR, que se jacta de promover leyes en defensa de la Memoria Democrática, utilice luego toda clase de artimañas para no permitir que se investiguen hechos, circunstancias y personas. Para CGT, la memoria va mucho más allá de placas conmemorativas y actos institucionales vacíos. Es hora de abrir archivos y que el pueblo descubra lo que hay en ellos: nombres de sus verdugos, torturas, asesinatos, represión, hostigamiento, condenas, etc.

Por otro lado, el acceso a la documentación sobre el franquismo y la transición es un derecho que tienen las víctimas, pero también toda la sociedad. Para algunos significará una concesión, pero en absoluto lo es.

Desde CGT han exigido la total e inmediata apertura de archivos y documentación estatal, militar, policial y eclesiástica; el fin de la protección del aparato judicial y administrativo a las figuras del régimen franquista; la nulidad de todos los procesos contra la clase trabajadora y el fin del silencio y el oscurantismo sobre la guerra civil, la dictadura y la transición.