Bolivia: Sancionan ley que amplía la acción militar ante las protestas

La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este martes una ley que anula las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. La nueva norma amplía el alcance de la acción militar, facilitando que los uniformados actúen de manera directa en el control de disturbios civiles. La medida fue sancionada en medio de protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La nueva legislación abroga la Ley 1341, conocida también como Ley Copa, la cual regía desde octubre de 2020 tras ser promulgada durante la gestión de la entonces presidenta del Senado, Eva Copa. La propuesta fue aprobada previamente en el Senado y pasó al Órgano Ejecutivo para la firma del mandatario, lo cual no significa una declaración automática del estado de excepción.

El debate se extendió por más de cinco horas y se desarrolló en una sesión virtual instalada a las 11:00. La modalidad digital se aplicó debido a que varios legisladores no pudieron trasladarse a La Paz, sede del Legislativo y del Ejecutivo, por los 26 días de bloqueos que mantienen aislada a la región.

El proyecto no figuraba en el orden del día inicial, pero se incorporó al pleno camaral mediante una dispensación de trámite respaldada por más de dos tercios de los legisladores presentes.

El impulsor de la norma, Carlos Alarcón (de la alianza opositora Unidad), justificó la medida calificando a la derogada Ley 1341 de «criminal» y afirmando que «desnaturalizaba» los estados de excepción. Según la postura de este sector, la ley protectora resguardaba a supuestos «grupos violentos», por lo que su eliminación busca otorgar mayor capacidad operativa a las Fuerzas Armadas cuando la Policía resulte rebasada.

El diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), manifestó que la abrogación generará «mayor violencia» y dejará desprotegidas las reivindicaciones sociales.

Bolivia registra tres semanas de manifestaciones y cortes de rutas promovidos por sindicatos campesinos, sectores afines al expresidente Evo Morales y otros grupos que piden la dimisión de Rodrigo Paz, quien lleva poco más de seis meses en el Gobierno.

La anulada Ley 1341 reglamentaba cuatro artículos de la Constitución Política del Estado sobre el estado de excepción. La norma determinaba que las Fuerzas Armadas actuarían en el control de disturbios civiles solo si la Policía fuera superada y no existiera otro medio efectivo. Fijaba además un límite de 60 días de duración para la medida.

La Constitución vigente desde 2009 faculta al presidente a declarar el estado de excepción por decreto ante conmoción interna, sin suspender garantías ni derechos fundamentales. La vigencia del decreto depende de la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas. El Gobierno de Paz sostuvo que la medida es la última opción si fracasa el diálogo.

Las protestas y bloqueos se concentran en La Paz y la ciudad vecina de El Alto, y se extendieron a las regiones de Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca.

Los cortes de rutas generan desabastecimiento de alimentos, de combustible y de insumos médicos, como oxígeno medicinal. Las autoridades denuncian que los bloqueos causaron la muerte de cuatro personas, por falta de atención médica oportuna.