Redacción •  Internacional •  18/01/2022

La violencia sexual en Colombia aumenta contra las mujeres migrantes y desplazadas

  • La violencia sexual en Colombia aumenta contra las mujeres migrantes y desplazadas.
La violencia sexual en Colombia aumenta contra las mujeres migrantes y desplazadas

Madrid/Bogotá, 18/01/2022.- La crisis de migrantes venezolana y el aumento de la violencia en Colombia, concretamente en el departamento Norte de Santander, ha supuesto el desplazamiento de miles de mujeres que se mueven por el país con unos índices de desprotección muy elevados. Actualmente hay 1.493.270 millones de personas en el país con necesidades de respuesta urgente y protección en emergencias de violencia basada en género (VBG).

La ONG Alianza Por la Solidaridad –ActionAid ha publicado un informe que data el impacto de la violencia basada en género (VGB) hacia las mujeres migrantes y desplazadas en Colombia. Este documento se centra en las mujeres que se ven obligadas a desplazarse y en los abusos y agresiones sexuales a las que se ven sometidas durante el proceso. El informe también pone de manifiesto los principales riesgos a los que se enfrentan, como son la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, la violencia sexual, la explotación sexual y el tráfico de personas.

La situación de desprotección social y económica, la pérdida de empleo, la sobrecarga de labores del cuidado en el hogar y la falta de información y rutas a seguir frente a la violencia, han llevado a muchas mujeres a introducirse en actividades como la prostitución, los matrimonios a temprana edad y las relaciones de pareja forzada. Esta situación se mezcla con la explotación y comercio sexual que vive el país, sobre todo en la zona fronteriza con Venezuela, acrecentando la trata de mujeres, niñas y adolescentes ejercida por distintos grupos armados.

Así mismo, el informe vislumbra que se están dando situaciones de amenazas y “limpieza social” contra mujeres en situación de prostitución y comunidad LGTBI. El feminicidio es la última y más grave amenaza a la que se ven sometidas estas mujeres. Estos asesinatos ocurren a diario en Colombia, y afecta principalmente a mujeres lideresas y defensoras de los derechos humanos. El municipio con mayor afectación de feminicidios es San José de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.

En este sentido, la ONG española hace un llamamiento a las autoridades denunciando que hay un vacío en las actuaciones realizadas para sobrevivientes de VBG. “De todas las personas que han solicitado atención, solo el 10% han recibido alguna ayuda”, explica el informe. Es por ello, que la organización incide en la necesidad de un fortalecimiento en las estrategias de comunicación e información para la difusión de información sobre rutas de atención y acceso a servicios básicos, así como estrategias de mitigación y prevención de todo tipo de violencias. Las trochas ilegales y la presencia de grupos ilegales aumentan la vulnerabilidad de las personas refugiadas de Norte de Santander.

Algunos datos

En Colombia, casi 580 mil personas se han visto forzadas a desplazarse internamente desde la firma del Acuerdo de Pazen 2016. Además, el país acoge a 1,7 millones de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela. En Norte de Santander actualmente los refugiados suponen un 11,83% de la población del departamento. Los pasos fronterizos oficiales han estado cerrados desde marzo de 2020 por culpa de la pandemia. Sin embargo, los migrantes han estado utilizando los pasos ilegales, también conocidos como trochas. El acceso por trochas aumenta la vulnerabilidad de los migrantes que se ven abocados a caer en manos de traficantes que les cobran dinero por cruzar de manera segura.

El informe de Alianza Por la Solidaridad –ActionAid data que 81.474 mujeres venezolanas de Norte de Santander se encuentran actualmente en situación de irregularidad. El departamento de Norte de Santander ha sido uno de los municipios más afectados por la violencia relacionada con grupos “narco paralimitares” entre 2014 y 2021. Además, el 12% de las personas del departamento son consideradas como población con necesidades humanitarias (PIN) y, de estas personas, 157.253 tienen necesidades severas.

El informe ha sido realizado con el apoyo del programa EU Aid Volunteers impulsado por la oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea.


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