Dos millones de gafas «gratuitas» para el eclipse, disparidad de criterio y una misma pregunta: ¿cómo el Ministerio de Ciencia y la ONCE han podido comunicar tan mal una campaña de salud pública?

La controversia no ha surgido por la necesidad de utilizar protección ocular homologada para ver el eclipse -un aspecto sobre el que existe un amplio consenso científico- sino por la dificultad para interpretar el funcionamiento de una campaña que, sobre el papel, se presentó a bombo y platillo el pasado 27 de julio en rueda de prensa en la sede coruñesa del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) como un reparto gratuito de ámbito nacional. Sin embargo, la sencillez del anuncio contrastó con una realidad mucho más heterogénea, marcada por diferentes canales de distribución, criterios poco visibles para el público y mensajes no siempre coincidentes.

En los días posteriores al lanzamiento comenzaron a circular versiones distintas sobre una misma iniciativa. Algunos medios informaban de que bastaba con acudir a un vendedor de la ONCE para recoger unas gafas; otros afirmaban que era necesario comprar un cupón. Al mismo tiempo, la coincidencia entre el reparto de las gafas y la venta del cupón especial dedicado al eclipse alimentó una confusión que se amplificó en redes sociales y conversaciones cotidianas. El resultado fue que muchos ciudadanos llegaron a los puntos de distribución con expectativas distintas sobre una campaña que debía transmitir un mensaje claro y unívoco.

La propia ONCE terminó aclarando que las gafas no se entregaban a cambio de la compra de un cupón, sino gratuitamente y hasta fin de existencias a sus clientes habituales. La precisión sirvió para corregir una de las interpretaciones que ya circulaban, pero también puso de manifiesto una cuestión de fondo: si fue necesario aclararlo después, probablemente esa información no había ocupado un lugar suficientemente destacado en la comunicación inicial. La diferencia entre anunciar un reparto gratuito y explicar desde el principio quién puede acceder a él no es un mero matiz; condiciona la percepción de la ciudadanía y las expectativas con las que acude a solicitar el artículo.

La decisión de utilizar la red comercial de la ONCE como principal canal de distribución respondía a una lógica evidente. Pocas organizaciones disponen de una implantación territorial tan amplia y de una presencia tan cotidiana en calles y plazas de toda España. Esa capilaridad convertía a sus vendedores en el instrumento más eficaz para hacer llegar millones de gafas en un corto espacio de tiempo. Sin embargo, también los situó en el centro de una campaña cuya complejidad iba mucho más allá de la simple entrega de unas gafas.

A esa situación se añadió otro elemento que apenas apareció en el anuncio institucional. Parte de las gafas también se distribuyen a través de museos y centros de divulgación científica, pero no todos esos espacios son de acceso libre. Los Museos Científicos Coruñeses, por ejemplo, entregan gafas homologadas a los visitantes que acuden a sus instalaciones. En la práctica, ello significa que, en buena parte de los casos, el acceso a unas gafas gratuitas exige previamente adquirir una entrada para acceder al museo. Las gafas siguen siendo gratuitas, pero el canal elegido para distribuirlas incorpora un coste indirecto que difícilmente encaja con la imagen de un reparto universal y sencillo transmitida durante la presentación de la campaña.

De este modo, la cuestión es si la comunicación institucional reflejó con suficiente claridad las distintas casuísticas que podían encontrarse los ciudadanos. Porque una campaña pública no solo debe ser eficaz; también debe ser fácilmente comprensible para quienes pretenden beneficiarse de ella.

Lo ocurrido pone de manifiesto una debilidad frecuente en la comunicación pública. Las administraciones suelen concentrar sus esfuerzos en transmitir el gran titular -en este caso, el reparto de dos millones de gafas gratuitas-, mientras que las condiciones concretas de acceso quedan relegadas a notas informativas, preguntas frecuentes o aclaraciones posteriores. Sin embargo, son precisamente esos detalles los que determinan la experiencia de la ciudadanía. Cuando no se comunican con suficiente claridad, el espacio que deja la información oficial acaba llenándose de interpretaciones, rumores o versiones contradictorias.

Por eso en una campaña cuyo objetivo es proteger la salud visual de la población, la incertidumbre nunca debiera haber formado parte del mensaje, pues el éxito de la misma no dependía únicamente del número de gafas distribuidas, sino de que cualquier ciudadano pudiera entender con facilidad cómo acceder a ellas y qué podía esperar realmente al acudir a un punto de distribución. Porque si esa respuesta cambia según el medio que se consulte, el vendedor al que se pregunte o el museo al que se acuda, el problema deja de ser únicamente logístico para convertirse también en un problema de comunicación institucional.

España volverá a vivir nuevos eclipses en 2027 y 2028, y es previsible que vuelvan a impulsarse campañas similares. La desastrosa experiencia de este verano de 2026 ofrece una oportunidad para revisar no solo los mecanismos de distribución, sino también la manera de explicarlo.