Colombia. Matan a líderes sociales que se oponen al saqueo de los bienes comunes

Se ensañan contra los cocaleros

Hombres fuertemente armados llegaron en horas de la madrugada del sábado 6 de octubre a una vivienda de la vereda La Mina, corregimiento El Rodeo, zona rural del municipio de Bolívar, sur del departamento del Cauca y, torturaron al líder campesino Jaime Rivera, de 52 años. Minutos después lo asesinaron junto a sus dos hijos, Jaime Reinel, de 20 años, y Jeison Mauricio, de 23 años de edad. Los tres eran líderes sociales de la región, mineros artesanales y miembros de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM).

“Este lamentable hecho se da un día después de desarrollada la Audiencia pública por la vida y el territorio del suroccidente, donde se denunció ante congresistas la situación de derechos humanos y se exigió la implementación de medidas efectivas para garantizar la vida de los defensores de derechos humanos y líderes sociales”, manifestó esta organización que encabeza el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en el país.

Según la COCCAM, 38 de sus líderes en sustitución de cultivos fueron asesinados entre el primero de enero de 2017 hasta el 24 de septiembre de 2018, siendo el departamento del Cauca el más afectado por este creciente genocidio.

El pasado 7 de octubre, en el corregimiento El Jagual, municipio de Corinto, fue asesinado Jhorman Arlex Ipia López, de 28 años. Sobre las 7 de la noche del domingo.

Jhorman López, era miembro activo de la Asociación de Trabajadores Campesinos y la Zona de Reservas Campesinas de Corinto, además era el nieto de la representante del Comité de mujer de la Asociación Campesina.

Agresiones e incumplimientos contra ex guerrilleros

Las dificultades actuales del proceso de paz firmado con las FARC, exigen nuevas respuestas frente a las agresiones que se han venido presentando, en contra de los líderes y de las comunidades en los territorios prioritarios para la implementación de los acuerdos.

Jean Arnault, jefe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) en Colombia, el pasado miércoles 10, reclamó medidas al Estado ante los repetidos asesinatos de líderes sociales y de antiguos miembros de las FARC, y acciones para responder a la difícil situación económica que viven los exguerrilleros desmovilizados.

Lo que defendían los líderes asesinados

* Defensa del territorio y de los recursos naturales frente a grandes intereses privados: Conflictos asociados a la oposición a los cambios en el uso del suelo. Impulso de iniciativas para la protección del ambiente.

* Procesos de restitución de tierras y de retorno: Es lo que más víctimas deja. Es un círculo en que los propietarios legales iniciales fueron desplazados y despojados. Cuando por sentencia judicial regresan a tomar posesión de sus tierras, muchos de ellos son asesinados.

* Denuncias relacionadas con temas de expendio de drogas, presencia de actores armados y utilización de niños, niñas y adolescentes en sectores periféricos de centros urbanos.

* Denuncias respecto de la inversión de recursos públicos.

La tenaza de las multinacionales

Es conocido que en extensos territorios de Colombia la única presencia que hace de vez en cuando es por medio de operaciones militares. Luego del desarme de las FARC, al vacío que dejaron, el régimen lo intenta llenar con nuevos escuadrones paramilitares. Así, tratan de imponer una reconfiguración del territorio que les permita avanzar en el saqueo de recursos y riquezas, que en teoría al ser Bienes Comunes, pertenecen a toda la sociedad colombiana, pero que en realidad los despojan de manera violenta, por medio de su máquina de guerra militar y paramilitar para beneficio de grandes capitales nacionales y extranjeros.

Si el brazo represivo estatal y paraestatal mata y despoja, el brazo jurídico que representan las Altas Cortes, legisla a favor de los grandes capitalistas, como acaba de ocurrir con la Sentencia de la Corte Constitucional en contra de la voz de las comunidades como poder local del Estado, que se expresa en Consultas Populares, para subordinarla al Estado central, que siempre actúa a favor de la élite dominante y de las empresas extranjeras.

Las políticas anti nacionales del régimen seguirán siendo rechazadas por las mayorías nacionales, quienes con su presión y movilización hacen realidad la consigna de “desarrollar una cultura de paz basada en la resistencia”.