Indígenas de Ecuador exigen investigar a Moreno por represión en 2019

En un comunicado, la organización indígena afirmó que han transcurrido más de seis años sin avances efectivos para esclarecer las responsabilidades políticas y estatales por la represión que dejó personas fallecidas, heridas, detenidas y perseguidas.

“La impunidad no puede convertirse en política de Estado”, señaló la Conaie, que consideró el reciente retorno de Moreno al país como una oportunidad para que comparezca dentro de las diligencias y procesos abiertos en la Fiscalía.

La organización subrayó que las víctimas y el conjunto de la sociedad ecuatoriana tienen derecho a conocer la verdad y a que se determinen responsabilidades.

Asimismo, demandó justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

Las protestas de octubre de 2019 estallaron en esta nación sudamericana tras la eliminación del subsidio a los combustibles, medida adoptada por el gobierno de Moreno en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En aquel año, durante casi dos semanas, miles de indígenas, trabajadores y estudiantes se movilizaron en distintas ciudades del país.

Organismos de derechos humanos documentaron entonces el uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares, así como la muerte de manifestantes, cientos de heridos y numerosas detenciones.

Por otro lado, este viernes, Fausto Dután, coordinador de la Plataforma de Jubiladas y Jubilados del Ecuador, responsabilizó al exgobernante por decisiones económicas que, según afirmó, agravaron la pobreza y afectaron a millones de personas.

El dirigente consideró que Moreno debe responder ante la justicia por su actuación durante las protestas de 2019 y por el manejo de la pandemia de Covid-19.

El exjefe de Estado arribó a Quito el pasado miércoles procedente de Paraguay, luego de permanecer cinco años fuera del país, y deberá comparecer el próximo lunes 11 de mayo ante la Corte Nacional de Justicia para el juzgamiento por el delito de cohecho en el caso Sinohydro.

El exgobernante llegó acompañado de su esposa, Rocío González, también procesada en la causa, relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

La Fiscalía sostiene que entre 2009 y 2018 operó una red de corrupción alrededor del proyecto energético, mediante la cual la empresa china Sinohydro habría entregado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, equivalentes a cerca del cuatro por ciento del valor total de la obra.

Sectores de oposición han comentado que el retorno del exgobernante respondería a un supuesto pacto de impunidad con el gobierno de Daniel Noboa.