CNE Ecuador cancela a partidos Construye y Unidad Popular y allana camino al autoritarismo
Líder de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, denuncia que las cancelaciones responden a una orientación política, emanada del Gobierno de Daniel Noboa y sus interesees de clase.
El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador —reiteradamente denunciado por operar a favor del mandatario Daniel Noboa— canceló este domingo a los partidos Construye y Unidad Popular por presunto incumplimiento de la ley electoral, cuestión rechazada por ambas organizaciones al considerar que se trata de un intento de silenciarlas e impedir su participación política.
Según la autoridad electoral, ambas organizaciones sufrieron una drástica reducción de su militancia y no lograron mantener al menos el 50 por ciento de los afiliados con que se inscribieron. Por esa razón, las eliminó del registro nacional de organizaciones políticas.
Ecuador ya no vive en Estado de Derecho. Y hay que denunciarlo.
— Elena Rodríguez Yánez (@ElenaDeQuito) April 26, 2026
1. El TCE suspendió al mayor partido de oposición (@RC5Oficial) con base en una investigación dirigida a dirigentes individuales, no a la organización como tal. Una sanción desproporcionada y sin sustento jurídico… https://t.co/gOPyKSjaug
De acuerdo con medios locales, en la votación para tratar una cuestión de tanta importancia, vinculada con la democracia y la participación ciudadana, no estuvo la totalidad del pleno: solo participaron cuatro vocales y no estuvieron ni el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, ni la consejera Esthela Acero.
La cancelación de Construye se aprobó con tres votos a favor de Diana Atamaint (presidenta del CNE), José Cabrera y José Merino, más la abstención de Elena Nájera. En el caso de Unidad Popular, se produjo un empate inicial, por lo que Atamaint dio paso a la eliminación utilizando su voto dirimente frente a dos abstenciones. Esta votación es la tercera para cancelar a ambos partidos: en la del 20 de marzo no se lograron los votos necesarios y en la del 21 de marzo solo se presentaron Atamaint y Merino.
Tras la decisión, el líder de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, expresó en declaraciones a medios locales —difundidas a través de X— que la decisión se tomó «sin argumentos, fuera de tiempo, violando todos los procedimientos, la ley y la constitución». Calificó al CNE de «vergüenza nacional» y de excluir organizaciones políticas para beneficiar al partido del Gobierno,
El sábado, Atarihuana confirmó que una certificación oficial entregada por el CNE contempla solo 1.483 desafiliaciones desde junio del 2020 a la fecha (0,7 por ciento de su padrón electoral), y no las 175.000 alegadas para argumentar la cancelación.
Además, recordó que, de acuerdo con el Código de la Democracia, el CNE puede cancelar organizaciones políticas hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones. El 27 de marzo pasado la autoridad electoral adelantó las elecciones locales. Dejó ver que reclamarán ante el Tribunal Contencioso Electoral, a la Corte Constitucional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Días atrás, Raúl Iván González, presidente de Construye, declaró a un medio local que el intento de cancelarlo no obedece a un problema técnico sino a un problema político. Denunció que desde 2018 el CNE jamás les ha notificado una sola desafiliación. Añadió que el 23 de marzo le solicitaron al CNE oficialmente las notificaciones de desafiliación y que no han recibido respuesta.
Al preguntársele qué piensa del adelanto de las elecciones locales, afirmó que «es para favorecer a un jugador» (en alusión a ADN, el partido de gobierno) y cuestionó que «se cambien las reglas del juego para intentar favorecer a una fuerza política».
Las cancelaciones de Construye y Unidad Popular le eliminan competencia a un proyecto político que sumió a Ecuador en una crisis multidimensional. En esa misma lógica opera la suspensión por nueve meses del mayor partido de oposición, Revolución Ciudadana, o la persecución judicial contra otros opositores, como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
A propósito de Revolución Ciudadana, este domingo su anterior lideresa y excandidata presidencial, Luisa González, difundió a través de X un vídeo en el que revela a la prensa su intención de presentar su candidatura para presidir la prefectura de Manabí, provincia que ha sido tradicional bastión político del sector político que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Calificó la suspensión del movimiento como una persecución política del Gobierno de Noboa. Agregó que el mandatario y su Gobierno «buscan a las demás organizaciones políticas, las amenaza que si le dan cabida a la Revolución Ciudadana los va a eliminar o perseguir con Fiscalía con SRI (Servicio de Rentas Internas), y demás, y que deben poner los candidatos que ellos digan». Ante la suspensión, Revolución Ciudadana decidió presentar sus candidatos a las elecciones locales, pero en alianza con otras agrupaciones políticas.
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