El fin de las protestas y los acuerdos entre el gobierno y el movimiento indígena, marcan el panorama político de Ecuador

En los recientes días, las movilizaciones, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), tuvieron su momento cumbre con el diálogo entre las partes a partir del lunes 27 de junio, jornada 15 del levantamiento popular.

Antes de ese punto transcurrieron dos semanas de marchas, con episodios de violencia y fuerte represión de la policía y el ejército a los movilizados, a la par de hechos vandálicos de grupos infiltrados en la protesta que dejaron seis muertos, centenares de heridos y detenidos, incluido el arresto arbitrario de Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

Una Agenda de 10 puntos centró la demandas sociales de reducir y congelar el precio de los combustibles, créditos, moratoria de deudas, tarifas justas para productos del agro, respeto a los derechos colectivos y generación de empleo.

Los otros reclamos se relacionan con frenar la privatización de sectores estratégicos y la la minería y explotación petrolera en áreas protegidas y de asentamiento de pueblos ancestrales, presupuesto para educación y salud, así como políticas eficaces en el combate a la inseguridad.

Con la firma del Acta por la Paz, el jueves 30 de junio, los líderes del movimiento indígena declararon el fin del paro nacional, inició el retorno a sus comunidades de mies de manifestantes concentrados en Quito, epicentro de la resistencia y se cerró un capítulo para abrir paso a otro enfocado en mesas técnicas que deberán dar respuesta a los temas acordados.

Aunque los consensos en el diálogo no fueron del todo los esperados por la Conaie y los sectores sociales, hubo logros tangibles, mientras algunos puntos quedaron pendientes para tratar y buscar soluciones en los siguientes 90 días, hasta octubre venidero.

Los avances concretados incluyeron la reducción en 15 centavos en los galones de las gasolinas Extra y Ecopaís, así como en el diésel, pese a que el pedido era de bajar 40 centavos, así como reformas a la Ley Minera para establecer las zonas donde no puede haber prácticas de exploración y explotación.

Decretos que disponen mayor control a los precios de los productos del campo y a la especulación, aprobación de presupuesto en la educación intercultural, declaración de emergencia en la salud pública y políticas públicas compensatorias por el costo de la vida tras la pandemia de Covid-19 y la crisis logística internacional, fueron otras disposiciones.

Ecuador estuvo en la mira internacional y el seguimiento al cumplimiento de lo pactado también será monitoreado dentro y fuera del país.