7 activistas asesinados desde la firma de la Paz en Colombia
Camilo Roberto Taicús Bisbicús, Luciano Pascal García, Alberto Pascal García y Diego Alfredo Chirán Nastacuas, líderes indígenas de la comunidad Awá de Nariño fueron asesinados por desconocidos. Joel Meneses Meneses, Nereo Meneses Guzmán y Ariel Sotelo, dirigentes del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) fueron asesinados en Almaguer (Cauca).
Las organizaciones europeas abajo firmantes, en nuestro compromiso por acompañar los procesos de las comunidades en la búsqueda de la Paz, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional los hechos de violencia en Colombia, sucedidos en días recientes:
– El 28 de agosto la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) denunció – Comunicado 013-2016 – el asesinato del indígena Camilo Roberto Taicús Bisbicús, líder del Resguardo Hojal La Turbia, en el momento en que regresaba a su hogar, el pasado viernes 26 de agosto en el Municipio de Tumaco.
– Dos días después, el 30 de agosto, otros 3 indígenas Awá han sido asesinados en la misma zona. Dos de ellos – los hermanos Luciano Pascal García (23 años) y Alberto Pascal García (21 años) – también formaban parte del Resguardo Hojal La Turbia. La última víctima – Diego Alfredo Chirán Nastacuas (24 años) – fue raptada por desconocidos en el corregimiento El Diviso – municipio de Barbacoas y, posteriormente, fue hallada sin vida, con signos de tortura y siete impactos de bala. (Ver comunicado 014-2016 de la UNIPA).
Durante este último mes las Autoridades Indígenas y la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Tumaco y la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco han alertado del recrudecimiento de la violencia en esta zona. Actualmente, se han configurado nuevos actores armados ilegales autodenominados “Organización Sicarial del Pacífico” y “Gente del Orden”. Estos grupos están ejerciendo presión por el control territorial con otras dos estructuras ya existentes en la zona: El Ejército de liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Los actores armados están buscando posicionarse de forma violenta en los espacios de control que dejará la guerrilla de las FARC tras su desmovilización y, en este proceso, el Pueblo Awá, como autoridad territorial en defensa del Katsa Su (territorio), es un objetivo de persecución, asesinatos y amenazas permanentes. No es de extrañar que indígenas del Resguardo Hojal la Turbia sean víctimas de esta situación, ya que allí se están presentando formas de extracción minera ilegal explotadas por desconocidos con vínculos armados.
– El 29 de agosto, tres dirigentes del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) fueron asesinados en el municipio de Almaguer – Cauca. Joel Meneses Meneses, Nereo Meneses Guzmán y Ariel Sotelo fueron interceptados en el coche en el que se desplazaban por un grupo armado y asesinados con arma de fuego. Varios líderes de esta zona del país han sido amenazados o asesinados en los últimos tres años, en medio de los procesos de defensa territorial.
En consecuencia, y teniendo en cuenta el reto que implica para las comunidades el proceso político que está viviendo el país, las organizaciones abajo firmantes exigimos a las instituciones competentes:
1. A la Fiscalía General de la Nación, seccionales Pasto (Nariño) y Popayán (Cauca) así como al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que lleve a cabo, con la mayor transparencia, agilidad y seriedad, la investigación de los cuatro asesinatos perpetrados contra el pueblo Awá y los tres asesinatos de los dirigentes campesinos de Almager. Las causas y los victimarios de estos crímenes deben ser judicializados urgentemente.
2. A la Unidad Nacional de Protección (UNP), que ponga en marcha y proporcione, de manera efectiva y urgente, las medidas de protección con carácter diferencial a los líderes indígenas que actualmente se encuentran amenazados. En el caso de las y los dirigentes campesinos, que efectúe un plan de protección vinculante con las organizaciones.
3. Al gobierno nacional, a las instituciones pertinentes en lo regional y local que actúen, en coordinación con las autoridades indígenas y las organizaciones campesinas, para brindar todas las garantías en la defensa de los territorios, realizando un seguimiento especial de estas regiones en vista del actual proceso de dejación de armas de las Farc y de la zonas veredales transitorias que han sido recientemente fijadas.
En este momento histórico, la firma de los acuerdos de paz debe llevar consigo el acompañamiento a los procesos indígenas, afro y campesinos por la tierra. El Estado no puede permitir que el Pueblo Awá, cobijado por el Auto 004 de 2009 y cobijado con medidas especiales por la CIDH, así como las organizaciones campesinas del país, sigan siendo víctimas sistemáticas de una violencia que no cesa y escasamente se investiga. La búsqueda de la Paz no puede engendrar más guerra.