Greenalia, la Asociación Eólica de Galicia y la Confederación de Empresarios indignan al Poder Judicial por descalificar sentencias adversas de los tribunales sobre parques eólicos en tramitación

Tras el conocimiento de diversas sentencias adversas como en el caso de los proyectos eólicos Campelo, Bustelo y Monte Toural, Greenalia ha comenzado una ofensiva mediática con el apoyo de la Asociación Eólica de Galicia (EGA) y de Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), denunciando «inseguridad jurídica» y criticando que asociaciones medioambientales interpongan «de forma generalizada» recursos de caracter contencioso contra parques eólicos en tramitación.

Frente a esto, el Poder Judicial considera que «la independencia judicial es uno de los pilares del Estado de Derecho y de la democracia» y, por lo tanto «su respeto por parte de las Administraciones públicas y la ciudadanía es esencial para en normal funcionamiento de las instituciones» por lo que recomienda que «quienes están disconformes con las resoluciones judiciales utilicen los medios que les garantiza la legislación procesal».

En la misma línea se ha mostrado la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia «ante las recientes manifestaciones públicas de portavoces de empresas eólicas y algún responsable de la Administración» contra las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, saliendo al paso «en defensa de la independencia judicial y de la dignidad de todos sus miembros».

«La crítica o valoración a las resoluciones judiciales es legítima, pero en este caso no es lo que sucedió pues las manifestaciones realizadas desgranaron un escenarios falso, y sin querer o poder cuestionar los motivos de las resoluciones, optaron por el ataque personal a un órgano judicial entero a través del ataque a un magistrado de los que conforman la sala» -denuncia la entidad en un comunicado-.

Juezas y Jueces para la Democracia recuerda que «el papel de los tribunales es la aplicación de la Ley, también contra las decisiones de la Administración que, cuanto menos en parte, es responsable de la producción de normas aplicables a los casos. Una vez dictada una norma, también la Administración está vinculada en su proceder a ella y a la interpretación que los tribunales hagan de la misma» razón por la que «un reponsable político no puede seriamente atribuir la causa de la inseguridad jurídica a las decisiones de los tribunales» porque «es en el ámbito político en el que se deben decidir las normas, pero los responsables políticos están vinculados a ellas y son ellos los que deben evitar, precisamente, que los tribunales tengan que corregir sus actuaciones por inobservancia de los procedimientos».

El colectivo jurídico detalla que las críticas vertidas tanto por las empresas como por diversos responsables de la Xunta «no aportan argumentos jurídicos sobre el fondo sino calificaciones personales» en lo que supone «un ataque frontal a la independencia judicial» al tiempo que «un grupo de empresas privadas con importantes intereses económicos pretende que un tribunal mude de criterio al margen de las vías legales o cuanto menos, que se altere la composición de la Sala en un intento de obtener una respuesta más beneficiosa a sus intereses». Por ello, para la asociación de jueces, «es el momento de reclamar a la Xunta que evidencie que, comparta o no la interpretación que hacen  los tribunales de las normas, comparte que su posición institucional es la de aceptar esas interpretaciones y apoyar al Poder Judicial».