Redacción •  Vivienda • 13/02/2020

La PAH Corredor del Henares presenta una moción en el ayuntamiento de Alcalá sobre el cumplimiento de las resoluciónes de la ONU, «¿cuál será la posición de nuestros políticos?»

El pasado 6 de febrero, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Corredor del Henares, presentó a los Grupos Municipales de PSOE, Ciudadanos, PP y Unidas Podemos Izquierda Unida una moción para “garantizar los derechos en materia de vivienda” en el municipio.

La PAH Corredor del Henares presenta una moción en el ayuntamiento de Alcalá sobre el cumplimiento de las resoluciónes de la ONU, «¿cuál será la posición de nuestros políticos?»

En la moción se aborda la problemática de la emergencia habitacional que se vive en el conjunto del país provocada, según la PAH, por “décadas de especulación y políticas públicas que garantizaban esta práctica” y que ha afectado también a las familias trabajadoras alcalaínas, así como la necesidad de cumplir las resoluciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU en materia del derecho a la vivienda.

La PAH solo ha recibido la respuesta afirmativa de un Grupo Municipal, el de Unidas Podemos Izquierda Unida, que será el encargado de presentar esta moción en el Pleno. Ninguno de los otros Grupos Municipales se ha sumado a día de hoy a esta moción.

El colectivo de afectados denuncia que ha contactado con los Grupos de PSOE, PP y Ciudadanos y que no ha obtenido respuesta acerca de si estos Grupos están o no a favor de la moción presentada. Incluso, según la Plataforma, se les ha ofrecido incluir modificaciones al texto pero esta oferta tampoco ha tenido respuesta.

La PAH anuncia una campaña de presión hasta el día del Pleno (el próximo martes 18 de febrero) para garantizar que la mayoría de la Corporación vota a favor de la propuesta y poder así avanzar en uno de los asuntos que tiene pendiente el equipo de Gobierno como es el de garantizar el derecho a una vivienda digna en Alcalá de Henares.

MOCIÓN QUE PRESENTAN AL PLENO ORDINARIO DE 18 DE ENERO DE 2020 PARA SU APROBACIÓN LOS GRUPOS ….. EN RELACIÓN A LA GARANTÍA DE DERECHOS EN MATERIA DE VIVIENDA A PROPUESTA DE LA PLATAFORMA AFECTADOS POR LA HIPOTECA DEL CORREDOR DEL HENARES

Las consecuencias de la crisis siguen afectando a miles de familias trabajadoras que se ven incapaces de cubrir sus necesidades básicas, incluyendo entre ellas la del acceso a la vivienda. La burbuja inmobiliaria, fruto de décadas de especulación y políticas públicas que garantizaban esta práctica, unido a las consecuencias de esta crisis, han generado una auténtica emergencia habitacional por la cual miles de familias se encuentran sin casa o con dificultades para poder acceder o mantener una vivienda adecuada y, al mismo tiempo, existen miles de viviendas vacías como consecuencia de la burbuja y de los miles de desahucios ejecutados en estos años.

Una de las causas de la emergencia habitacional se debe a la ausencia de vivienda pública en régimen de alquiler. El porcentaje de vivienda pública asequible en alquiler en España respecto al total de viviendas en alquiler es del 1,25%, frente al 20% de la media europea. Alcalá de Henares no escapa a esta realidad. Nos vemos inmersos, junto al resto de municipios del Estado, en una auténtica crisis y los recursos públicos para afrontarla son totalmente insuficientes.

Otra de las causas es la existencia de los denominados “pisos turísticos”. En Alcalá, dado nuestro carácter de ciudad patrimonio y universitaria, esta problemática nos afecta de forma clara. Empresas como Airbnb fomentan los procesos de gentrificación de ciertos barrios de la ciudad, presionando al alza los precios del alquiler del conjunto de la ciudad en un “efecto dominó” que viene a su vez derivado del propio proceso gentrificador que se vive en la capital. Son numerosas las experiencias municipales para poner coto al fenómeno de los pisos turísticos, destacando entre ellas el caso de Barcelona.

Por otra parte, Naciones Unidas ha establecido en la agenda 2030 los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, contemplando en el primero que una de las manifestaciones de pobreza es la falta de vivienda digna y en el número 11 señala la falta de políticas adecuadas de vivienda, marcando como meta la necesidad de asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos.

Es además significativo señalar que aún hoy se dan situaciones en las que no se cumplen ciertas recomendaciones de la ONU en materia de vivienda, competencia de las Comunidades Autónomas, que han llevado, por ejemplo, a la condena en junio de 2017, por el caso de una familia a la que la Comunidad de Madrid le había vulnerado el derecho a la vivienda y no garantizado una alternativa habitacional, lo que había condenado a la familia con dos menores a dormir durante días en un coche.

En ese momento, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU, hace 4 recomendaciones a las administraciones españolas para acabar con este tipo de situaciones:

  1. Adoptar medidas legislativas y administrativas para que en procesos judiciales de desalojos el juez considere a la parte y se tenga en cuenta las consecuencias del desalojo.

  2. Adoptar medidas para garantizar coordinación entre las decisiones judiciales y las acciones de los servicios sociales.

  3. Adoptar medidas para asegurar que los desalojos que afecten a personas sin recursos para procurarse una solución habitacional alternativa, sólo se ejecuten cuando se hayan agotado todas las vías para que el Estado pueda garantizar esa solución habitacional, especialmente en el caso de familias con personas mayores y niños.

  4. Formular, en coordinación con las Comunidades Autónomas, un Plan para garantizar el derecho a la vivienda para personas de bajos ingresos.

Y recientemente, el 11 de octubre de 2019, se ha producido un nuevo dictamen porque no se midió la proporcionalidad en un desalojo a una familia a la que, la Comunidad, denegó su solicitud de vivienda social, aun cuando contaba con cinco menores.

Y en este caso, el Comité DESC recoge ya 6 recomendaciones a las administraciones españolas para acabar con este tipo de situaciones, siendo 4 las que se introducen nuevas respecto al dictamen anterior:

  1. Desarrollar un marco normativo que regule los desalojos para incorporar que las autoridades judiciales lleven a cabo un examen de proporcionalidad entre el fin del procedimiento y sus consecuencias sobre las personas afectadas por el desalojo.

  2. Asegurar el derecho a objetar o apelar la orden de desalojo para que la autoridad judicial realice ese examen de proporcionalidad entre fin y consecuencias.

  3. Adoptar las medidas necesarias que garanticen que todas las personas puedan acceder, en igualdad de condiciones, al parque de vivienda social, eliminando cualquier traba que excluya a una persona con riesgo de exclusión social o indigencia, aun tratándose de lanzamientos por falta de título legal si media un estado de necesidad.

  4. Crear un protocolo para que se cumplan las medidas cautelares solicitadas por el Comité, informando a todas las autoridades pertinentes de la necesidad de respetarlas para asegurar la integridad del procedimiento.

El pasado 2 de octubre de 2015, tras una larga protesta por parte del movimiento de la vivienda, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares alcanzó un acuerdo con la PAH Corredor del Henares (que se encuentra publicado en la web del Ayuntamiento) y que implicaba fundamentalmente el compromiso de conseguir un parque inicial de viviendas para emergencia habitacional y, sobre todo, ampliar este parque para dotar a la ciudad de herramientas con las que poder combatir la situación de vulnerabilidad social así como un instrumento desde el que poder combatir las dificultades de acceso a la vivienda que sufren las alcalaínas y alcalaínos, especialmente los más jóvenes.

A día de hoy podemos afirmar que ese compromiso no se ha visto cumplido. La vivienda disponible para situaciones de emergencia habitacional, abalada por los Servicios Sociales municipales es cuanto menos insuficiente y la Empresa Municipal de la Vivienda no está resolviendo el problema de la vivienda en Alcalá. Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción en apoyo a la propuesta de Ley de “las 5 de la PAH” en la que se incluía la reivindicación de acabar con los cortes de suministro por impago, algo que está siendo incumplido a día de hoy en nuestro municipio.

El objetivo de todas estas iniciativas no es si no conseguir que los alcalaínos no nos veamos obligados a emigrar a otras ciudades, sino que podamos desarrollar nuestros proyectos vitales en nuestra ciudad, garantizando para ello el derecho a una vivienda digna.

ACUERDO

1.- Alcalá de Henares seguirá trabajando hasta alcanzar el objetivo de convertirse en una ciudad sin desahucios ni desalojos forzosos si no existe alternativa habitacional para las familias vulnerables.

2.- Dar cumplimiento, en cuanto a las competencias reconocidas en el ámbito municipal, a los tratados internacionales y, en especial, a las cuatro recomendaciones del Comité DESC.

3.- En relación a lo anterior, la EMV, empresa de capital mayoritariamente municipal, no realizará desalojos forzosos de familias vulnerables sin alternativa habitacional o sin los recursos necesarios para optar a ella. Estas familias, si no son ya usuarias, se derivarán a Servicios Sociales para trabajar en la mejora de su situación con compromisos ineludibles por su parte en cuanto a formación o búsqueda activa de empleo, en colaboración también con Alcalá Desarrollo.

4.- Exigir a la Comunidad de Madrid, competente en materia de vivienda, garantizar la alternativa habitacional que resuelve el Comité DESC en las suspensiones cautelares particulares a las familias, en el caso en que finalmente el desalojo se produzca. El Ayuntamiento prestará solución subsidiaria y temporal en estas situaciones hasta que la Comunidad asumiera su responsabilidad.

5.- Instar al Consejo General del Poder Judicial a dar cumplimiento a las resoluciones del Comité DESC.

6.- Adquirir el compromiso de los Servicios Sociales municipales con el cumplimiento de los tratados internacionales, poniendo para ello a disposición de personas en situación de vulnerabilidad residencial el informe social como herramienta para acreditar esta situación.

7.- Elaborar un informe diagnóstico sobre la necesidad de vivienda en el municipio, implicando a los agentes sociales municipales y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el municipio en materia de vivienda con colectivos específicos.

8.- Instar a la Comunidad de Madrid que apruebe y desarrolle una ley de vivienda respetando la Carta Social Europea y las recomendaciones del Comité DESC, tal y como recoge la ILP presentada por la PAH y otros colectivos.

9.- Instar al Gobierno de la nación a la modificación legislativa necesaria para el cumplimiento del artículo 96 de la Constitución, así como de los dictámenes, resoluciones y recomendaciones de Naciones Unidas, a través del Comité DESC, en materia de vivienda.

10.- Exigir a la Comunidad de Madrid que modifique su reglamento de adjudicación de viviendas de la Agencia de Vivienda Social, no estigmatizando familias en situación de vulnerabilidad sin título válido de residencia en un inmueble.

11.- Adquirir el compromiso de que la Policía Municipal no intervendrá en ningún desahucio sin alternativa habitacional en Alcalá de Henares.

12.- Dar cumplimiento al acuerdo adoptado entre el Ayuntamiento de Alcalá y PAH Corredor del Henares y elaborar un plan de ampliación del parque municipal de vivienda, generando una comisión de seguimiento con los agentes sociales municipales en el que deberá rendirse cuentas de forma trimestral del avance de ese plan.

13.- El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la EMV no acometerán cortes de suministros a aquellas viviendas cuyas familias estén en una posición de vulnerabilidad respaldada por informe de Servicios Sociales.

14.- Modificar las Ordenanzas Fiscales oportunas para penalizar la tenencia de viviendas vacías de grandes tenedores o aquellas empleadas para alquiler turístico.

 


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