Denuncian el incesante cierre progresivo de oficinas bancarias en Extremadura

FACUA Extremadura vuelve a denunciar los acuerdos de diferentes administraciones locales, provinciales y autonómicas por medio de los cuales premian a las entidades financieras que llevan años cerrando oficinas y limitando el acceso a los servicios bancarios más básicos a los usuarios extremeños.

La asociación ha tenido conocimiento de que recientemente ha cerrado una nueva oficina en el barrio de San Fernando de Badajoz. También en la capital pacense, la barriada de Cerro Gordo no cuenta con ningún cajero ni sucursal a la que puedan dirigirse sus vecinos. A estos ejemplos se suman las numerosas oficinas y cajeros de otros bancos y en otros municipios de la comunidad autónoma que han dejado de tener actividad en los últimos años. Estos cierres provocan un especial perjuicio en localidades pequeñas que se quedan sin ninguna sucursal, lo que obliga a los vecinos a tener que desplazarse varios kilómetros para poder realizar cualquier gestión sencilla.

En los últimos años se han generado importantes barreras de acceso a los servicios financieros, así como un ensanchamiento de la brecha digital para muchos colectivos, como el de personas mayores y el de aquellas otras que presentan algún tipo de discapacidad o impedimento que les limita el uso de herramientas digitales.

Más políticas que ensanchan la brecha

Al cierre de sucursales se unen las restricciones para la atención personal, incremento del cobro de comisiones por operaciones en ventanilla, derivación a cajeros automáticos o banca en línea, o los sistemas de citas previas.

Estas cuestiones obstaculizan operaciones tan básicas y comunes como la disposición de efectivo, cobro de pensiones, pagos de recibos, transferencias o gestiones vinculadas a préstamos y créditos hipotecarios y personales.

En este sentido, a FACUA Extremadura le preocupa que el acuerdo que se pueda llegar a alcanzar pase por financiar con dinero público la instalación de dichos cajeros automáticos, ya que entiende que no se trata de dar un «incentivo» para que, durante un tiempo determinado, las entidades bancarias pongan a disposición de los consumidores cajeros automáticos donde realizar alguna de sus operaciones.

La asociación considera que la falta de sucursales discrimina e imposibilita a los consumidores, más especialmente a los mayores o personas que por su condición física tengan problemas para utilizar el cajero automático y requieran de la existencia de oficinas para realizar sus operaciones bancarias, para hacer gestiones tan habituales y básicas como sacar o ingresar dinero en efectivo o pagar recibos.

Sin embargo, defiende que la instalación de estos dispositivos no es la solución al problema expuesto, ya que no garantiza el acceso a la banca y no salvaría la brecha digital para diversos colectivos con condicionantes sociales, que quedarían de igual modo excluidos de los servicios financieros al no disponer de una atención personal y accesible.

Además, en este sentido, FACUA Extremadura critica que se plantee el uso de dinero público y locales de asociaciones para asumir una responsabilidad que realmente debería pertenecer a las entidades bancarias.

Qué dice la ley

Los servicios bancarios resultan esenciales para la vida cotidiana de la ciudadanía, por lo que las administraciones públicas deben velar por la prestación de estos servicios en igualdad de condiciones hacia todos los ciudadanos.

El Texto Refundido de la ley general para la defensa de los consumidores establece en su artículo 9 con claridad meridiana que «los poderes públicos protegerán prioritariamente los derechos de los consumidores y usuarios cuando guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado».

Asimismo, tras la reforma de la citada ley, su artículo 3 dispone que «a los efectos de esta ley y sin perjuicio de la normativa sectorial que en cada caso resulte de aplicación, tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad».

En el apartado segundo de su artículo 8, la citada ley establece que «los derechos de las personas consumidoras vulnerables gozarán de una especial atención, que será recogida reglamentariamente y por la normativa sectorial que resulte de aplicación en cada caso. Los poderes públicos promocionarán políticas y actuaciones tendentes a garantizar sus derechos en condiciones de igualdad, con arreglo a la concreta situación de vulnerabilidad en la que se encuentren, tratando de evitar, en cualquier caso, trámites que puedan dificultar el ejercicio de los mismos».

Así, FACUA entiende que las administraciones públicas deben requerir a las entidades financieras para que adapten sus servicios bancarios a las necesidades de la población. No obstante, esta prestación adecuada de los servicios no debe depender de la inversión de dinero público, ya que lo contrario supondría estar financiando a entidades bancarias para que realicen una labor que se supone intrínseca en el propio fin de la entidad.

En este sentido, no parecería lógico premiar a una banca por realizar su trabajo y que impone a los usuarios comisiones cada vez más elevadas cuando los servicios que presta a la ciudadanía son deficientes e incluso inexistentes.

A esto se suma la necesidad de contar con agentes bancarios que puedan ofrecer visitas a esos cajeros para explicar las funcionalidades del mismo in situ a aquellas personas que por su edad no van a poder utilizarlo sin esa formación básica y sobre todo, para que esa instalación del cajero tenga un efecto real en las personas llamadas a utilizarlo.

Por ello, FACUA Extremadura vuelve a pedir a las administraciones locales, municipales y autonómicas que no alcancen acuerdos por medio de los cuales se premie a las entidades que llevan años cerrando oficinas y, con ello, limitando el acceso a los servicios bancarios más básicos a los consumidores extremeños.