Christian Zampini •  CZM •  Actualidad •  28/02/2018

El grupo confederal Unidos Podemos-Catalunya en Comú-En Marea presenta una batería de enmiendas a la ley mordaza

“Con esto lo que queremos plantear es que es un primer paso”, indica el diputado de Podemos Rafa Mayoral durante la rueda de prensa realizada en el Congreso.

El grupo confederal Unidos Podemos-Catalunya en Comú-En Marea presenta una batería de enmiendas a la ley mordaza

El grupo confederal Unidos Podemos-Catalunya en Comú-En Marea ha presentado una serie de propuestas de enmienda la Ley de Seguridad Ciudadana más conocida popularmente como Ley Mordaza, tras una semana calificada como “trágica” para los derechos fundamentales y libertades civiles en España. En la rueda de prensa concedida en el Congreso de los Diputados, los portavoces del grupo confederal han adelantado que las enmiendas aspiran a restringir la arbitrariedad de las autoridades al aplicar medidas coercitivas y han adelantado algunas de las características de la normativa.

Entre los elementos que quedarán modificados de prosperar esta proposición de enmienda, se aspira a retirar la prohibición de manifestarse en las denominadas “estructuras sensibles”, un elemento utilizado por las autoridades a través del Ministerio del Interior y de las diversas Delegaciones del Gobierno para denegar el permiso para la convocatoria de manifestaciones de forma arbitraria. Se suprime la prohibición de facto establecida a los periodistas y profesionales de medios de comunicación de informar sobre actuaciones policiales desproporcionadas. Se elimina también la posibilidad de denegar el permiso de manifestación por no haber sido comunicado en plazo, una normativa que estaba en vigor desde 1983 pero que el grupo parlamentario entiende que atenta contra la libertad de manifestación.  Así mismo, también se retira de la norma el artículo que permitía a las autoridades realizar devoluciones en caliente.

“Entendemos que la Ley de Seguridad Ciudadana no puede servir de coartada para acabar imponiendo multas cada vez que la ciudadanía decide ejercer sus derechos de manifestación y reunión”, expone el parlamentario de Izquierda Unida Ricardo Sixto. Con estas modificaciones se aspira en palabras del diputado de Podemos Rafa Mayoral a “plantear un primer paso”, para desplazar el debate desde la seguridad ciudadana a las libertades civiles.

Junto a estas enmiendas que aspiran a eliminar restricciones a la libertad de manifestación y otros derechos fundamentales, se establecen algunas medidas en positivo. Los documentos oficiales del estado, DNI y Pasaporte pasarán a ser accesibles para las personas con diversidad funcional. Además, estarán en las distintas lenguas oficiales del estado, para “responder a la realidad plurinacional y plurilingüística que tenemos”, según señala la diputada de En Marea Yolanda Díaz.

La posibilidad de presentar estas enmiendas llega después de numerosos bloqueos en la mesa del Congreso de los Diputados, a pesar de encontrarse aprobadas proposiciones para su derogación desde noviembre de 2017. La diputada Ione Belarra considera que “Ciudadanos ha desbloqueado este tema tras meses boicoteándolo porque está en guerra con el Partido Popular, no por su interés en los derechos fundamentales”.

Junto a las enmiendas propuestas para la Ley de Seguridad Ciudadana, se han presentado algunas medidas dirigidas a la modificación del Código Penal, destinadas a acabar con la ambigüedad de la aplicación de tipos penales para publicaciones en redes sociales de internet, y que “no se puede aplicar el mismo tipo penal a altercados y enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios que cuando hay un interés efectivo por atentar contra las instituciones públicas”, según señala Ricardo Sixto.

Durante la rueda de prensa, las portavocías de las distintas fuerzas que componen el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-Catalunya en Comú-En Marea han reiterado que se trata únicamente de un primer paso para eliminar las sistemáticas restricciones de los derechos fundamentales que ha protagonizado con su legislación el ejecutivo del Partido Popular. La intención del grupo es reconducir el debate hacia una legislación que se centre en la garantía de los derechos fundamentales y las libertades constitucionales. Según Ione Belarra, las legislaciones del Partido Popular han permitido a las distintas autoridades actuar con arbitrariedad, violando las consignas establecidas por organismos internacionales y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “El Partido Popular tiene la manía de situarnos sistemáticamente fuera de la legalidad”, ha afirmado con contundencia. Así mismo, han animado a la población a continuar ejerciendo sus derechos de libertad de expresión, su derecho de reunión, su derecho de manifestación, invitando a participar en las movilizaciones del próximo 17 de marzo contra la situación del sistema de pensiones en España.

 


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