Rubén Sánchez, portavoz de FACUA: «¿Tan poco le preocupa al Gobierno lo que está ocurriendo con los precios?»

Desde FACUA no ocultan su disconformidad respecto al actual modelo de sociedad de consumo, “sustentado en el fomento del acaparamiento y la ostentación de productos de forma irracional y despilfarradora, la explotación de los países pobres y el agotamiento de los recursos naturales del planeta”.

Entrevista a Rubén Sánchez, portavoz de FACUA-Consumidores en Acción

• Acabamos de conocer que el Gobierno fijará el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas de un solo uso en 96 céntimos la unidad, y que el Ministerio de Sanidad ha distribuido entre las distintas comunidades autónomas más de 53 millones de estas mascarillas. Los otros dos tipos adecuados, las mascarillas higiénicas y las filtrantes no tendrán regulación de precios de momento. Otros productos también serán regulados, como los geles desinfectantes. La regulación del precio era una de las principales reivindicaciones de FACUA con relación a las medidas de protección frente al coronavirus…

– Bueno, en principio se ha tardado mucho en tomar una medida regulatoria en precios en este ámbito, cuando, de hecho, ya se habían tomado dos medidas regulatorias. Por tanto no es nueva la intervención regulatoria de un sector en el mercado, el Gobierno había intervenido los precios de la funeraria porque había detectado y habían trascendido públicamente a denuncias en las que  había personas que contaban que les habían cobrado precios desproporcionados por el sepelio de un familiar y, bueno, el Gobierno ha prohibido que se pueda aplicar una tarifa superior a la que estuviera en vigor desde antes del estado de alarma. Quien haya sufrido esta tarifa más alta tiene derecho a reclamar la devolución, pero no precisamente por denuncias masivas, sino porque habían empezado a trascender casos a la prensa.

Luego, en segundo lugar, cuando el Gobierno prohíbe determinados tipos de las portabilidades y luego limita a determinados tipos de portabilidad que estuvieran prohibidas, que son las que requieran la presencia de un técnico en el domicilio del usuario, le planteamos en su momento que deberían de prohibirse subidas de precios en tarifas de telefonía donde tú no puedes hacer una portabilidad porque estas cautivo de la empresa. No te puedes ir a otro operador si sube, y el gobierno no acepta la medida. La planteamos en su momento al Ministerio de Consumo, y este lo plantea al Gobierno, en el Consejo de Ministros, y esa medida se aprueba. Es una petición de FACUA que nos planteamos, en su momento dijimos que estábamos satisfechos por la medida, etc. Pero llevamos mucho más tiempo planteando -y no ya FACUA- sino multitud de sectores, particulares, que las mascarillas habían subido enormemente antes del estado de alarma incluso, que el propio Pedro Sánchez habla en una primerísima parte de todo esto de que, a petición del Ministerio de Consumo, la CNMC, la Comisión Nacional de Mercado y Competencia va a monitorizar precios de sectores y no se toma ninguna medida con los precios de las mascarillas. Entonces, que se haya aprobado hoy, entrando en vigor mañana la regulación de precios de un tipo de mascarilla, que sería la quirúrgica, un tipo de mascarilla solamente con todo lo que ha llovido, nos parece que el Gobierno en esta medida ha ido demasiado tarde porque ya ha habido mucha gente que veía como tenía que pagar 3 euros, 5, 10… y hasta los 20 euros ha llegado a pagar algún consumidor por una mascarilla de algún tipo no necesariamente quirúrgica, las que están reguladas. Ahora mismo las que están reguladas a partir de mañana, por lo que han publicado, a partir del viernes 24 serían las mascarillas quirúrgicas desechables.

El precio de las mascarillas higiénicas, que es otro tipo, no tiene regulación todavía. De la que habló el Gobierno que iba a regular -lo dijo hace unos días- y al final han optado por regular las quirúrgicas desechables. El de las higiénicas dice que, en la próxima reunión de la comisión que gestiona estos temas, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, decidirá el precio máximo de las mascarillas higiénicas, porque antes necesita más información sobre los costes de fabricación en el sector textil nacional. Eso lo dice hoy textualmente el BOE. Llega tarde, solo se regula un tipo de mascarillas, las quirúrgicas desechables, las higiénicas no las regula, y luego hay otro tipo de mascarillas, las filtrantes FFP, que son las de mayor nivel de protección, para las que no hay ninguna medida ni anunciada ni prevista. Las higiénicas son las más comunes pero procesan menos que las quirúrgicas. En el caso de las higiénicas o de barrera hay reutilizables o no reutilizables, pero son las más básicas a nivel de protección, por delante están las quirúrgicas. Ya se ha regulado una, llega tarde, pero creemos que ahí el Gobierno no ha estado precisamente rápido.

En cuanto al precio, 96 céntimos de euro, IVA incluido. Hombre, de momento cuestionar la decisión de que ese sea el precio y no otro. Nosotros no hemos sido críticos pero tenemos que plantear un dato: sean cuales sean los precios que están ahora mismo en el mercado, más altos o más bajos que ese, nosotros tenemos datos de que antes de la pandemia, antes de que ocurriera todo esto, un fabricante nacional pedía a los proveedores encargados de la distribución por dos mil mascarillas quirúrgicas 62 euros, es decir, tres céntimos cada mascarilla, precio unidad con IVA incluido. Tres céntimos cada mascarilla, un precio al por mayor, pero no grandísimos mayoristas, un precio a un pequeño mayorista que pudiera hacer a su vez distribución exterior, no a grandísimos mayoristas, que seguro que encontraban un precio más bajo. Y, además, que hablo de un fabricante español: tres céntimos a un mayorista, noventa y seis céntimos precio final. También hemos visto datos, por ejemplo, una caja de 50 unidades de mascarillas quirúrgicas, un mayorista, no un fabricante, la estaba vendiendo, por ejemplo, a dos euros y medio. Cinco céntimos la unidad, imagínate el margen. No llega al 50 por ciento, pero ese precio va a comprar una tienda a un mayorista.

Pero el precio que ha puesto el gobierno a 96 céntimos que nadie piense que es barato. Ya sería alto si estuviéramos antes del estado de alarma. Lo que ocurre es que el gobierno ha ponderado la situación de que, hoy por hoy, los fabricantes a nivel mundial han inflado enormemente en muchos casos el precio de las mascarillas para no provocar un gran conflicto en el mercado. Ahora de repente nadie vende por menos de 96 céntimos, nadie vende por menos de 50 céntimos… digamos que se compaginan intereses con los que se garantice que no haya desabastecimiento. Entendemos que la comisión interministerial ha ido valorando distintos intereses y también los riesgos de tomar una medida en la que pudiera poner un precio demasiado bajo. Nosotros no hemos salido a criticar el precio, pero en cualquier caso tenemos que decir que nadie piense que una mascarilla por 96 céntimos es un precio razonable, de razonable no tiene nada. Hay gente que podía encontrar mascarillas más baratas que noventa y seis céntimos la unidad. De hecho, nosotros, el mismo día que Gobierno aprueba el precio, rastreamos en Internet y encontramos fácilmente mascarillas quirúrgicas, un paquete, por un precio más barato que una media de 96 céntimos. La unidad existía en el mercado precio por debajo de la media. Si queremos, creemos que es importante que la gente asuma cierto nivel de detalle. Qué es una mascarilla en el mercado mayorista La Bandera? No, no contamos, pero desde luego nada tienen que ver con esos 96 céntimos la unidad.

Pero bueno, bienvenida sea por fin una medida regulatoria de intervención que intenta limitar abusos, pero nos sigue faltando también la mascarilla higiénica, que todavía tarda. La comisión interministerial, el Gobierno debería haber sido mucho más previsor y poner en marcha todo este protocolo mucho antes para que la decisión no fuera tan poco a poco como «vamos a publicar en el BOE que se va a sentar una comisión a negociar, a estudiar esto, luego la comisión lo estudia y dice que necesita más tiempo para volver a aprobar un tipo de producto, que se va a volver a reunir dentro de unos días»… Bueno, seguimos esperando, esperando, esperando, y, la verdad, aquí el Gobierno y el Ministerio de Sanidad especialmente, que es el máximo responsable, no ha estado precisamente rápido para detectar que se estaban inflando los precios a lo bestia, y que todo el mundo lo sabía, y que había que tomar una medida regulatoria de intervención. Bueno, eso sería un poco la gran respuesta a esa pregunta e intentaré en las otras ser más breve.

• FACUA también ha instado a la Comunidad de Madrid a que garantice el refuerzo de las plantillas sanitarias de la Atención Primaria durante el proceso de desescalada. Denunciáis que durante estos años de recortes sanitarios se han debilitado estas plantillas, cruciales en el seguimiento y control de los pacientes afectados. ¿Habéis obtenido algún tipo de compromiso por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso?

– Es reciente la petición que hemos trasladado. Por responsabilidad es normal que una asociación dedicada al a defensa de los usuarios traslade reivindicaciones a las administraciones, en este caso, sanitarias, teníamos que hacerlo con la Comunidad de Madrid, lo estamos haciendo también con otras comunidades autónomas. En el caso de Madrid lamentablemente estamos en la zona donde mayor nivel de afectados hay, con unos índices por millón de habitantes altísimos. Estamos en uno de los puntos, el más alto o uno de los más altos a nivel mundial en cuanto al número de muertes. La Comunidad de Madrid está en número uno o dos según las comparativas que hagamos a nivel mundial en número de muertes y está claro que esto es consecuencia de que Madrid es una zona de alta afluencia turística, personas que vienen por viajes de negocios, etc., y puede ser lógico que sea precisamente el centro de España, la capital, donde hayamos estado más afectados. En un pueblo sin habitantes seguramente apenas hay casos. El que Madrid sea el lugar de España donde más casos hay, bueno, no es culpa de la Comunidad de Madrid, no es culpa de las políticas sanitarias. Es el lugar con más casos, pero luego la cuestión es que cuando hemos visto capacidad tenía el sistema sanitario público para atender los casos, hemos visto un nivel de colapso absolutamente desproporcionado. Si no hubiera habido esas políticas de recortes sanitarios, si no se hubiera cometido esta aberración, esas medidas criminales y criminales en el sentido pleno de la palabra criminal, porque se han producido medidas realmente gravísimas de corrupción, incluso la Comunidad de Madrid en cuanto a tratamiento de relaciones con empresas por parte de responsables gubernamentales en épocas pasadas, etc…

Hemos vivido un gobierno sucesivamente, consejerías criminales al frente que se dedicaban a buscar con ánimo lucrativo, hacer negocio con lo público a costa del bolsillo de los ciudadanos y la calidad de vida a los ciudadanos, es lo que se ha hecho en Madrid, incluida la sanidad pública. Está claro que, si no se hubiera hecho así, la situación no hubiera sido la misma. ¿No hubiera habido colapso? Posiblemente si hubiera habido colapso, pero hay distintos niveles de colapso en el sistema sanitario público. Por tanto, el nivel de colapso que se ha vivido en Madrid, no hubiera sido un nivel tan alto si no hubiéramos sufrido estas políticas de recortes en lo público y esas concesiones al sector privado que se han dado en esas décadas de malas prácticas, de política nefasta y de corrupción en la Comunidad de Madrid, de dirigentes corruptos dentro de la Comunidad de Madrid. Ya te digo, hubiera habido saturación, hubiera habido colapso, pero desde luego no este nivel, y este nivel posiblemente ha provocado un aumento en el número de víctimas, en el número de muertos que se podría haber no evitado, pero sí reducido si no se hubieran dado tantos recortes durante este tiempo.

• Estos días de desescalada en las medidas de confinamiento estamos asistiendo a una escalada de los precios de productos de primera necesidad, principalmente alimentos. Casi nadie es ajeno, nos llegan las protestas por parte de amigos y familiares. De hecho, recientemente FACUA ha publicado una encuesta en la que preguntabais “¿Has notado que los precios están más caros en el estado de alarma en las cadenas de supermercados donde compras?”. La mitad de los encuestados respondía “en la mayoría de los productos”, el 19% “en la mitad de mi compra” y el 15% “en pocos productos”. Esto se traduce en que un 83% de los consumidores ha detectado subidas de precios durante el estado de alarma. Es de suponer que el 17% restante pertenece a esa clase social que nunca se preocupa por mirar el ticket de la compra. ¿Consideráis que esos incrementos en los precios están justificados o son completamente artificiales? ¿Habéis conversado sobre ello con el Ministerio de Consumo? ¿Qué medidas proponéis para frenar esta preocupante situación?

– Nosotros tenemos en estos momentos serias dificultades para hacer control de precios. Entre otras cosas no podemos, no debemos salir a la calle para realizar estudios de precios. En ese sentido nuestros equipos están en casa, trabajando, y si salen a la calle es para hacer la compra, y si hacen la compra es reduciendo al máximo el tiempo que estén en las superficies comerciales. No estamos en estos momentos para tomar nota de precios con una libreta. Un poco por contextualizar, a nosotros nos gustaría poder llegar ahora a nuestros técnicos que visitaran superficies comerciales armados con un móvil o con una libreta y se dedicarán a estar durante horas en esos establecimientos comerciales tomando datos. Pero por responsabilidad con nuestros propios  equipos de compañeros, voluntarios, trabajadores, etc. no nos hemos puesto a hacer eso, porque nuestros equipos están en su casa, metidos el máximo tiempo posible. Entonces, hemos intentado hacer monitoreo de precios por Internet y nos hemos encontrado en algunos casos dificultades incluso por saturación de páginas web para poder acceder a los precios tenía que estar en colas de compradores, y no era buen momento de hacerlo. Evidentemente también tenemos un problema de falta de capacidad. Nosotros ahora mismo estamos con un nivel de saturación de consultas, de peticiones de ayuda de consumidores… estamos redoblando esfuerzos porque nuestro equipo se dedique muy especialmente a atender al público ¿No? Todo esto es una suma de situaciones, de coyunturas, que nos dificulta poder controlar al mercado como nos gustaría. Pero, a fin de cuentas, somos una organización que, lo que son los equipos de profesionales, los trabajadores, son 123 personas en todas España, nuestra capacidad de control no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad que teóricamente tiene un gobierno. El Gobierno tiene un cuerpo de funcionarios descomunal. Lo que pasa es que -evidentemente- el Gobierno tiene muchas cosas que abarcar. Pero el Gobierno tiene, por ejemplo, una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, donde hay equipos que pueden dedicarse a monitorios de precios en coordinación con funcionarios del Ministerio de Consumo, Agricultura, de los que sea. Hay un cuerpo de funcionarios del Estado que tendrían capacidad de monitorizar precios mucho mejor. El presidente del Gobierno hace ya muchas semanas, creo que ni siquiera estábamos en el estado de alarma, o estaba empezando esta fase anuncia que a petición del Ministerio de Consumo, Competencia, la CNMC va a controlar el mercado, va a controlar precios para vigilar que se produzcan o que no se produzcan, o tomar medidas ante el hecho de que se den subidas de precios en el sector. Todavía no ha trascendido nada, ningún control de precios. No lo ha dicho el Gobierno «hemos detectado un incremento de precios en esto». ¿Qué nivel de ocupación se ha tomado el Gobierno por controlar sectores empresariales para ver qué precios había? Es más, un poco relacionado con la pregunta anterior ¿Cómo es posible que a estas alturas la comisión interministerial que se dedica ahora a regular los precios máximos de mascarillas, los geles… diga que necesita todavía más tiempo para monitorizar el mercado, para controlar el precio, mayoristas, etcétera?

Todavía más…. ¿Qué precios se habían controlado desde el Gobierno cuando hace ya muchísimas semanas, más de un mes, el presidente dijo, a petición del Ministerio de Consumo, «Competencia va a monitorizar precios«. A lo mejor no habría tenido que ser solo competencia, habrían tenido que ser más organismos, más funcionarios, pero ¿Qué han controlado? Si lo más básico, lo más elemental, lo que desde el minuto menos uno del estado de alarma ya sabíamos que había subido, no se ha estado controlando en esa fecha, la semana pasada, la anterior, la anterior, de la anterior… ¿Cómo nos dicen ahora, que necesitan más tiempo para controlar los precios de mascarillas? Y nuestra pregunta es ¿Han controlado los precios de la harina, del pan, han controlado algo?

Imaginamos, queremos imaginar que algo se ha controlado, pero desde luego la falta de información de la que adolece ahora mismo el Ministerio de Sanidad, según hace público el propio BOE, sobre precios en el mercado de las mascarillas, sobre cómo se configuran los precios en el mercado mayorista, por ejemplo, nos traslada que no se ha tomado la preocupación que debería este ministerio o el conjunto del Gobierno por controlar ya el primer precio que subía. Entonces, nos hace sospechar que hay montones de precios que han podido subir mucho y aquí nadie en el Gobierno ha hecho un control, con lo cual nos gustaría que de una vez ya Competencia hiciera público si tiene un panel de precios. ¿Qué han controlado señores? ¿Han controlado cómo evoluciona el precio de la fruta, del aceite de oliva, o lo han hecho en el Ministerio de Agricultura? ¿Lo ha hecho algún Ministerio, algún organismo público del Gobierno de la Nación? ¿O no hayan hecho nada? Dudo mucho que no hayan hecho nada pero ¿Lo que han hecho ha sido suficiente, transparente? Cuéntennos ya cómo ha evolucionado el precio de algunos de los sectores. Trasládennos un mensaje de tranquilidad. Dígannos que los plátanos no han subido de precio… Dígannos algo. Hagamos una lista de frutas, de hortalizas, de café, de leche, de soja… de lo que sea, pero dennos datos ya en algunos sectores, sobre todo de los sectores básicos de la cesta de la compra: productos de limpieza, papel higiénico… ¿Por qué no dan datos de nada, todavía? ¿Tan poco le preocupa al Gobierno lo que está ocurriendo con los precios? Queremos creer que sí. En este Gobierno, al menos hay una parte de este gobierno que está trasladando un mensaje de alta preocupación por el bolsillo de los consumidores, que va a tomar medidas y ha tomado ya como medidas de protección en el ámbito de las hipotecas, moratorias, con las ayudas en el ámbito de los alquileres, de la vivienda, etcétera. ¿Se está actuando como corresponde, se están utilizando los recursos del gobierno, de los funcionarios del Estado para hacer controles? ¿Alguien ha planificado eso al nivel que debería haberlo planificado o vamos a ciegas? ¿Nos está colando algún sector empresarial de forma concertada de forma paralela, grandes subidas en algún tipo de producto o no lo están haciendo? Los consumidores dicen que la cesta de la compra ha subido. Es una encuesta que hemos hecho de mera percepción. No hemos podido. Hemos tenido la capacidad de hacer un control de 500 productos para ver cómo evoluciona. Ojalá, nos hubiera encantado, pero no hemos tenido capacidad. Nos hubiera gustado tener esa capacidad, pero llegamos hasta donde podemos llegar. Pero cuando le preguntamos a los consumidores en una encuesta o sondeo muy básico, realizado con una pregunta a través de Twitter, donde es cierto que contestan cerca de 11.000 personas, es decir, es una muestra importante. No han contestado 200 personas. Es una muestra interesante de cara a tener una proyección de cuál puede ser la perspectiva. Aquí no hablamos de gente que haya participado, que pueda tener sesgo ideológico necesariamente en cuanto a que siempre crea que los precios siempre suben, crea que el mercado es muy bueno o es muy malo. No es una encuesta de tendencias de voto donde posiblemente se podría haber alterado la encuesta vigente de un determinado partido si hubiera movido mucho nuestro twitter. Es simplemente, ¿Qué precio está pasando por los supermercados? Que el 83 por ciento de consumidores nos diga que ha detectado subida y que sólo el 17 por ciento diga que no ha detectado ninguna subida, y además, que el 48 por ciento diga que la mayoría de los productos de su cesta de la compra han subido, no deja de ser una encuesta de percepción. Muchos de esos consumidores pueden estar equivocados en la respuesta, pueden tener una percepción inducida porque hayan leído por ahí que hay subidas de precios, porque estén teniendo la idea de que hay gente que antes no iba a comprar supermercado. Pero creo que no se equivoca la mayoría, hay algo que ha producido subidas. En qué sectores y en qué productos, no hemos llegado a ese nivel tampoco. 

Y sobre todo, lo importante sería hacer un monitoreo riguroso desde el punto de vista del control real, de poder decir, «esta marca de producto en este supermercado ha subido tanto o ha bajado tanto de tal fecha a tal fecha». Control de cientos de supermercados, control de miles de productos sin marca, y así se monitorea el mercado. Estamos esperando que el Gobierno aclare ese papel que iba a tener la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al supervisar el precio, porque lo dijo el presidente del Gobierno. Luego, los papeles de control de mercado que puedan tener otros organismos, otros ministerios, estamos esperando que nos cuenten que han hecho. Nos resultaría altamente preocupante que nadie hubiera controlado nada. No creemos que haya sido así, pero quizás el nivel de control ha sido tan reducido que no quieren hacer público lo que está ocurriendo, en el sentido de no quieren hacer público, señores, hemos controlado muy poco en el mercado, lo asumimos, ¿Y ahora qué? ¿Cómo averiguamos lo que ha ocurrido? ¿Cómo averiguamos que niveles de incremento en el Mercado se han dado? ¿Este Gobierno tiene capacidad de investigarlo? Sería interesante que nos lo contara. Sería interesante incluso que el Gobierno se planteara pedir certificados, documentos o centros de distribución, es decir, a hipermercados, supermercados, fabricantes, intermediarios… diciéndole «quiero que me dé una relación de albaranes, una relación de precios aplicados, mayoristas, minoristas, sobre todo esos precios». Y a lo mejor, no se ha hecho el estudio, pero ahora se podría hacer pidiendo documentación a las empresas. Tampoco sabemos si va a ser así. ¿Nos podemos encontrar con una etapa en la que ha habido un gran incremento en algunos precios, y tendremos que aguantar que nadie haga nada? ¿Ni siquiera nadie sacará los colores a determinadas empresas por haberse aprovechado de la coyuntura? Creemos que el Gobierno debería reflexionar sobre la necesidad de este papel de control del mercado porque es quien tiene la capacidad de hacerlo.

• De hecho, nos llegan noticias de que los mismos vendedores son los que reconocen que han subido los precios, no saben justificar de ninguna manera esas subidas, y no parece que respondan a escasez, la oferta y la demanda está funcionando normalmente…

– Nosotros partimos de que es cierto que pueden estar subiendo precios por motivos estacionales, se podían estar dando también bajadas por los mismos motivos, pero nosotros estamos convencidos de que hay gente en la cadena de producción, distribución e intermediación y venta al consumidor final, hay quien está intentando sacar tajada de la coyuntura. ¿Podemos señalar a una marca, a una superficie de distribución, a un grupo de intermediarios? No nos podemos, no tenemos estos elementos, pero desde luego, lo que cuentan los consumidores, la percepción de los consumidores es esa, y la falta de control del gobierno, también indica eso. El Gobierno ha proyectado una imagen de relajación, de que no estaba controlando férreamente precios a los agentes que intervienen en esa cadena, y puede estar trasladándose el mensaje «aquí no pasa nada si seguimos creciendo». Los precios son libres, lo que no se puede hacer es pactar subidas de precios, llegar a acuerdos, actos colusorios. Pero si de repente mañana a una cadena de supermercados se le ocurriera duplicar el precio de una marca de leche, sería legal, el problema es que alguien tendría que controlar eso, si muchas cadenas de supermercados están duplicando o aumentando un 20 por ciento el precio de las marcas distintas de leche, porque entonces ahí es cuando el Gobierno tendría que decir «señores, el precio máximo del litro de leche es tantos céntimos», y esto es lo que hay. Pero no se ha hecho ¿Se debería haber hecho en algunos sectores? Posiblemente sí ¿En cuáles? No tenemos datos.

• ¿Contempláis reuniros con el Ministerio de Consumo? Porque es bastante grave que de repente suban de manera generalizada todos los productos de alimentación, de primera necesidad

– Nosotros estamos en contacto permanente, tenemos un canal de interlocución con altos responsables del Ministerio de Consumo. Cuando pasan unos cuantos días, semanas desde el estado de alarma, en vista de que el presidente del Gobierno no responde a la petición que le hemos trasladado por escrito, en la que le solicitábamos recibir un trato similar al del resto de agentes económicos y sociales de alto nivel. Es decir, nosotros queríamos en el diálogo y la concertación sobre las medidas a tomar en esta crisis, igual que el presidente del Gobierno se reúne con los sindicatos y se reúne con las grandes patronales, le trasladamos al presidente que nos gustaría participar en esas reuniones con él como organización representativa de los intereses de los consumidores, como una de las principales organizaciones de consumidores que existen en la Unión Europea. El presidente no nos contesta, o nos da lugar a la participación y entiende que la interlocución de alto nivel sólo va a ser con sindicatos y patronales. No estamos de acuerdo con ese criterio porque las medidas que se tienen que tomar, las irregularidades que se están produciendo, no solamente se dan o se tienen que dar en el ámbito laboral, se tienen que dar también el ámbito del consumo. Los sindicatos no representan a los ciudadanos como consumidores, los representan como trabajadores. Por tanto, la voz que tiene que ser representativa de los intereses de los consumidores tenemos que ser las principales organizaciones de consumidores, que podemos decirle al Gobierno. «oiga, por favor, tome esta medida o esta otra». De hecho algunas se han acabado tomando por motivos que ahora te explicaré. Entonces, el presidente no nos recibe. Es lamentable que se produzca esa interlocución de alto nivel con sindicatos y patronal, como ha ocurrido toda la vida, y a nosotros se nos excluya, se nos ningunee. Entonces nosotros nos ponemos en contacto con la persona del Gobierno que entendemos que sí podría tener una interlocución con nosotros, digamos que por trayectoria histórica, porque ha tenido interlocución en su formación política cuando estaba en la oposición, y porque digamos que hay un cierto nivel de interlocución. Hablamos con Vicepresidencia de Derechos Sociales y le planteamos que creemos que ya que estamos excluidos de la interlocución con el presidente, se usaría al menos al vicepresidente segundo del Gobierno para que mantuviera esa interlocución con FACUA, y ahí obtenemos una respuesta positiva. Pablo Iglesias nos convoca a una reunión bilateral en la que él, estarían dos dirigentes de FACUA, en este caso la Secretaria General, Olga Ruiz, y yo [portavoz], y el ministro de Consumo, precisamente por la relación más estrecha que es lógico que tengamos que mantener con el Ministerio de Protección al Consumidor. en esa reunión finalmente Alberto Garzón no está porque repentinamente su mujer da a luz, por lo tanto es lógico que no estuviera en esa reunión, que es larga, da para exponer multitud de cuestiones y multitud de reivindicaciones que ya habíamos trabajado previamente con distintos Ministerios, entre ellos el de Consumo y el Vicepresidente nos plantea que cree que efectivamente es necesario mantener una interlocución de nivel con FACUA, se compromete a mantenerla, se plantea incluso, el tener ya relaciones con Secretarías de Estado, como la Secretaría de Ione Belarra, trasladándole más de tú a tú y de forma directa nuestras reivindicaciones por escrito. ¿Qué balance hacemos de esa interlocución? Hemos trasladado cosas que se han hecho, y sobre todo, desde la parte del Gobierno que ha querido escucharnos más, que sería el Ministerio de Consumo y Vicepresidencia de Derechos Sociales. Nosotros estamos en diálogo permanente con el Secretario General de Consumo y Juego… Hay interlocución, eso no significa que todo lo que estamos pidiendo se esté haciendo. ¿En qué se ha traducido eso? Te pongo una serie de ejemplos: cuando se prohíben las portabilidades le pedimos a Consumo y a Vicepresidencia Social que se prohíban las subidas de tarifas, y se toman al final las medidas. Pedimos también, prohibición de cortes de suministros a los consumidores. Se aprueba la medida pero con la carencia de que los cortes de suministro de agua, luz y gas tenía que cumplir el consumidor una serie de requisitos de vulnerabilidad económica, que creíamos que eran innecesarios y absurdos. Trasladamos que debían aplicarse prohibiciones de cortes a todo el mundo y se rectifica el Decreto Ley. Pedimos también medidas de protección en el ámbito de las hipotecas y de los alquileres y se han tomado las medidas. No son las medidas que nos hubieran gustado, creemos que hay carencias, que en la moratoria hipotecaria se plantean requisitos excesivos de vulnerabilidad económica. Nos consta que desde Vicepresidencia Segunda del Gobierno se ha estado defendiendo una reducción de estos requisitos, y además, eso ha trascendido a la prensa.

Al final, digamos que hay distintas visiones de cómo hay que regular en el Gobierno, hay políticos que pueden ser más pro-derechos sociales y políticos que pueden ser más proclives a proteger intereses empresariales. Ahí, quizás nos hemos topado con que Calviño se negaba a obligar a la banca a la moratoria hipotecaria a más consumidores de los que al final se ha aprobado. Se ha aprobado la medida, era algo que pedíamos. Pedimos también una moratoria para créditos y préstamos no hipotecarios y se acepta nuestra petición también. Además, hemos trasladado muchas más reivindicaciones y estamos esperando que nos contesten. 

También estábamos reivindicando un Ingreso Mínimo Vital en unas condiciones que desconocemos cómo se van a aprobar finalmente. Pero somos una de las organizaciones que hemos estado batallando un IMV. Ha habido distintas visiones desde el Gobierno, algunos decían que el IMV podía esperar y otra parte del Gobierno, que encabezaba el Vicepresidente Iglesias, planteaba que esto no podía esperar, que esto era una urgencia. Al final se aprueba, y parece que en el mes de mayo va a existir. Desconocemos las características que va a tener, los perfiles de consumidores que van a poder acceder a él, por lo que no podemos hacer una valoración.

También hemos pedido intervenciones de precios en mascarillas, geles…

Medimos el nivel de crítica que tenemos que tener en todas nuestras intervenciones porque entendemos que deben estar desbordados.

• ¿Qué opina del Ingreso o Renta Mínima Vital y de otras prestaciones que se están concediendo a autónomos u otros sectores en el marco del llamado “Escudo Social”?

– Nosotros creemos que hay una parte del Gobierno muy preocupada por los Derechos Sociales, los derechos de la parte más débil, que son autónomos que han tenido que paralizar su actividad, son personas que hay ido al paro, víctimas de ERTEs, etc., que son los Ministros de Unidas Podemos y algunos de los Ministros del PSOE. Hay otra parte del Gobierno más inclinada a la protección de intereses empresariales, que no se preocupa tanto por lo social, que estaría encabezada por la Ministra de Economía, Calviño, que está siendo un auténtico freno, y está trascendiendo a muchos medios de comunicación. La están teniendo que convencer bien porque el Gobierno ha dicho que sí, que hay que hacerlo así, y en eso está teniendo el respaldo del vicepresidente Iglesias y de Unidas Podemos, o bien, porque al final a Calviño la acabarán convenciendo, que eso lo desconozco, si se lo imponen o la convencen. Es cierto que hay dos almas en el Gobierno, una más preocupada por los derechos sociales, que se inclina hacia unas tesis más socialdemócratas frente a las tesis más liberales, como la de Calviño. Y luego hay un extremo en el Gobierno que sería el más negativo para los intereses sociales, que sería el de la Ministra de Economía y otros ministros alineados con ella.

Escudo Social, medidas sociales, han llegado, pero podían haber llegado antes, con muchísimos mayores niveles de protección a los ciudadanos si hubiéramos tenido un Gobierno con más ministros preocupados por los intereses sociales que por los intereses de la gran banca o de las grandes empresas. Creemos que hay que estudiar medidas como por ejemplo un impuesto a las grandes empresas con altos niveles de beneficio, y a las empresas incluso que se estén beneficiando de la crisis. ¿Por qué no un impuesto a las grandes cadenas de supermercados o hipermercados, un impuestos especial? ¿Por qué no un impuesto a las grandes empresas de telecomunicaciones? ¿Por qué no un impuesto que también tenga que pagar la banca?

• O que la banca devuelva los 60 mil millones que debe tras su rescate en la anterior crisis financiera…

– Más allá de ese concepto, un impuesto al sector del textil… a lo mejor no, no habría que crear un impuesto centrado en esas empresas de textil, porque no son las que se están beneficiando de la coyuntura porque estás cerradas aunque las tiendas online están abiertas. La gente está yendo a los supermercados, comprando, algunos consumidores incluso más que antes, entre otras cosas, porque ya no vamos a bares, consumimos más en casa. Hay determinados sectores empresariales que sin cometer necesariamente ninguna irregularidad están ganando más dinero con la crisis. Se están beneficiando pero, ojo, no de forma necesariamente malévola. El tendero de mi barrio no está sufriendo la crisis, pero no está cometiendo irregularidades, está todos los días trabajando y se está exponiendo a un riesgo de contagio, pero no está perdiendo dinero. En cambio, el bar de al lado está arruinándose porque está cerrado…

No creo que haya que poner un impuesto especial a los señores que tienen una tienda de barrio o de alimentación pero ¿Y si se plantea un impuesto especial a los sectores empresariales que no se están viendo perjudicados por la coyuntura? ¿Y si se pone un impuesto especial que pague también la banca y las empresas de telecomunicaciones? ¿O un impuesto especial para grandes fortunas y grandes negocios? El Gobierno debería estar estudiando eso porque alguien tiene que pagar el plan de medidas sociales y el dinero tiene que venir de distintas vías, no de recortes de impuestos. Es decir, si a los ciudadanos nos quitan los impuestos directos, está muy bonito todo a nivel de mensaje populista neoliberal o de ultraderecha… Se está utilizando el concepto «que nos quiten los impuestos, y la gente sufre menos». No, mire usted, a mí que me quiten los impuestos directos no me va a sacar de ningún apuro y en cambio me va a meter en el apuro de que al final mañana no voy a tener sanidad pública, pensiones o educación pública. Pero si se crean impuesto especiales a grandes fortunas o a grandes empresas que están viéndose no perjudicadas o beneficiadas en esta coyuntura, ellas sí podrían ayudar poniendo muchísimos millones de euros al plan de Escudo Social, y este podría ser mucho más ambicioso, podría llegar mucho más lejos. Por tanto hay que seguir estudiando medidas recaudatorias de cara a los que más tienen, hay que seguir avanzando en medidas sociales que, estoy convencido de que con un Gobierno de derecha o ultraderecha no se hubieran producido, pero creemos que todavía se puede llegar mucho más allá. Somos exigentes en ese sentido con el Gobierno porque por mucho que nos cueste, se puede sacar el dinero para pagarlo.

En algunos casos también se nos ha vendido humo o, al menos, vendernos de manera magnificada la idea de que muchísimas familias hipotecadas iban a dejar de pagar la hipoteca y al final nos encontramos con que hay que cumplir tantos requisitos de vulnerabilidad económica que solo una de cada diez personas que han intentado acceder a la moratoria cumple los requisitos. Calviño ha puesto demasiado freno y al final la banca se ha salido con la suya. Se han llevado a cabo muchas medidas sociales positivas y el hecho de que los autónomos hayan podido cobrar por primera vez la ayuda es un hito histórico como lo fue la subida del SMI antes del estado de alarma.

• Respecto al Banco de España o los bancos privados ¿Cuáles son las principales reclamaciones que estáis detectando desde el inicio del Estado de Alarma?

– La banca, al igual que algunas empresas, nos está tomando el pelo. La banca está intentando convencer a los usuarios de que acepten determinadas medidas que les van a aliviar pero por las que van a acabar ganando dinero. Nos encontramos los consumidores con que la banca está intentando convencer a familias que tienen derecho a la moratoria hipotecaria de que no la pidan, y de que opten mejor por una alternativa que sería pagar durante meses solamente los intereses del préstamo y luego el capital ya más adelante seguirían amortizándolo; pagar determinadas cosas y luego pedir un préstamo añadido para financiar lo no pagado; es decir, medidas que no son tan beneficiosas como la moratoria hipotecaria y que si alguien podría usarlas sería los que no tiene derecho a la moratoria hipotecaria porque no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad económica. La banca lo que está haciendo es incluso convencer a los que sí tienen derecho de que es mejor lo que ellos les ofrecen que la moratoria: inventándose trabas, planteándole que tiene que aportar documentación que ya no es obligatoria… Aun sabiendo que una persona cumple los requisitos, la banca le convence de un uso alternativo que es menos beneficioso para ese usuario, para al final la banca ganar más dinero. Encima, una cosa que es una auténtica aberración, que se está dando en estos momentos, es que muchas familias que han sufrido un ERTE y su nómina ha bajado, o como se han ido al paro, la banca les está planteando que tienen que pagar las comisiones de mantenimiento de cuenta de la entidad bancaria, que es donde tienen domiciliada la nómina, porque su nómina ya no alcanza el mínimo de 600 euros que tenían que tener para no pagar comisiones. En lugar de tener sensibilidad esa banca y decir, «mira, durante el estado de alarma no vamos a cobrar comisiones a la gente que no tiene la nómina domiciliada o es muy pequeñita». Fíjate que eso lo está llegando a hacer hasta Bankia, el banco nacionalizado. Y en lugar del Gobierno intervenir sobre Bankia y decir «que Bankia no cobre ninguna comisión de ningún tipo durante el estado de alarma», nos encontramos con que Bankia hace lo mismo que otros bancos.

• Para concluir… Hoy día de Sant Jordi, ¿Nos recomiendas algún libro en particular?

– Pues en estos momentos yo creo que un libro recomendable para leer y conocer nuestro país, para conocer España, es «Franquismo S.A.» de Antonio Maestre.