Redacción •  Actualidad •  26/01/2017

IU reclama que se eliminen en cinco años todas las tuberías de amianto por su alto riesgo para la salud

Esta formación presenta a través de Eva García Sempere y Antonio Maíllo sendas iniciativas parlamentarias registradas conjuntamente en el Congreso y en la Cámara andaluza donde también plantea realizar “una auditoría sobre la cantidad y situación de las tuberías de fibrocemento existentes en las conducciones y redes de agua potable del conjunto de España”.

IU reclama que se eliminen en cinco años todas las tuberías de amianto por su alto riesgo para la salud

Izquierda Unida ha presentado hoy en rueda de prensa en el Parlamento andaluz a través del coordinador general y portavoz de IU Andalucía, Antonio Maíllo, y de su diputada por Málaga en el Congreso, Eva García Sempere, una iniciativa parlamentaria para que se elabore y apruebe un Plan de Eliminación de las Conducciones de Agua Potable de Fibrocemento, con una fecha tope de cinco años para la supresión total.

En concreto, la proposición no de ley registrada en el Congreso plantea directamente “llevar a cabo una auditoría sobre la cantidad y situación de las tuberías de fibrocemento existentes en las conducciones y redes de agua potable del conjunto de España”.

En segundo lugar, reclama “elaborar y aprobar un Plan de Eliminación de las Conducciones de Agua Potable de Fibrocemento, estableciendo un horizonte temporal a partir del cual estará totalmente prohibida la existencia de este tipo de redes perjudiciales para la salud”. Es aquí donde IU deja abierta la fecha de cara a la negociación en el trámite parlamentario, aunque su intención es que en ningún caso supere los cinco años.

García Sempere calificó de “sorprendente” que a estas alturas se tenga que “instar a los parlamentos autonómicos a que cumplan la legislación aprobada tanto por Europa como por el propio Gobierno”.

Recordó que los primeros estudios concluyentes realizados en Europa sobre los perjuicios para la salud del fibrocemento -mezcla de cemento y amianto- se remontan a 1977. En España se prohibió totalmente la utilización del amianto en 2001, lo que supuso “adelantarse al plazo máximo de 2005 previsto por la Unión Europea”.

La directiva europea 2003/18/CE prohíbe cualquier uso y su comercialización, y marca su sustitución por otros materiales dada su potencial peligrosidad en el tiempo. Debido a lo extendido de su uso, en el Real Decreto 396/2006 se establecen estrictas medidas de seguridad aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. En marzo del 2013 el Parlamento Europeo aprobó una resolución que alertaba no sólo de la prohibición, sino también del ‘desmontaje de dichas redes de agua’.

“La muerte del amianto -señaló García Sempere- es silenciosa y lenta. Su utilización en espacios se remonta a los años 40, pero es ahora cuando se padece sus consecuencias”. De hecho, el Servicio Nacional de Salud ha estimado en 83% el aumento de enfermedades cancerígenas relacionadas con la inhalación y gestión de amianto.

Antonio Maíllo, por su parte, ha explicado que a nivel andaluz se ha solicitado a la Junta esa misma auditoría sobre la cantidad y situación de las conducciones de agua potable, para lo que es necesaria la colaboración de diputaciones, ayuntamientos y la administración autonómica.

Izquierda Unida denuncia que “a pesar de la prohibición total, en Andalucía y el resto de España quedan millones de toneladas de amianto que suponen riesgo para la salud”. Esta formación considera por la información recabada previamente que “los informes estiman en cerca de 150.000 kmts. la longitud de las redes de abastecimiento y en 95.000 kmts. la de alcantarillado. El 60% de la titularidad de la gestión de estas redes corresponde a distintas administraciones públicas”.


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