Una familia de refugiados sirios, con tres niños y padre discapacitado, abandonada en plena calle por el Ayuntamiento de Sevilla y por el Sistema de Acogida y Protección Internacional

Andalucía, 25 de junio de 2026. Amal significa esperanza en árabe. Y, aunque este no es el nombre real de la protagonista de esta historia, la esperanza por encontrar una vida digna para su familia es lo que está permitiendo a esta mujer siria sacar fuerzas de flaqueza, pese a los contratiempos que ha sufrido y sigue sufriendo. Su periplo comienza en 2012, tras el estallido de la guerra civil en Siria. Amal, quien por aquel entonces estaba embarazada, vivía junto a dos hijos y a su esposo, albañil de profesión, en la provincia de Idlib, donde los choques entre rebeldes, islamistas y fuerzas militares y paramilitares del régimen de Assad derivaron en una violencia sectaria que provocó la huida de la población. Amal llegó en 2012 a un campo de refugiados ubicado en el sur de Líbano. Allí tuvo a su hijo para, años después, volver a quedar embarazada y dar a luz a un nuevo niño.

Entre tiendas de campaña y comida racionada sobrevivía una familia cuya suerte,sin embargo, aún iba a complicarse más. En 2021, tras haber vivido nueve años en el campo de refugiados, el padre sufrió un ictus que con graves secuelas que lo hacen completamente dependiente de su esposa. Fue por ello, por la desesperada situación que vivían, por lo que la familia formó parte del cupo de reasentamiento de refugiados promovido por la Unión Europea, lo que permitió que llegaran a Sevilla a finales de 2022, obteniendo oficialmente todos sus miembros el estatus de refugiados el 7 de diciembre.

Sin embargo, la suerte de Amal volvió a truncarse. En julio de 2023, en el marco de una excursión a Mastalascañas organizada por el propio Centro de Acogida y Protección Internacional (CAPI) de Sevilla, falleció su hijo mayor. Amal no acompañó aquel día a sus hijos, pues tenía que permanecer al cuidado del padre, quien, como se reconoce en todos los informes médicos y técnicos, necesita ayuda para vestirse, para el aseo y la higiene personal e incluso para comer. La madre, además, avisó al centro que sus hijos no sabían nadar y que jamás habían visto el mar. Tras el fallecimiento del joven, el Centro de Acogida y Protección Internacional impidió que la propia Amal pudiera lavar el cuerpo de su hijo y participar en los ritos funerarios, permitiéndosele únicamente que viera el cadáver a través de una mampara de cristal por un tiempo no superior a dos minutos.

Ante esta situación, Amal y su familia manifiestan al CAPI de Sevilla que desearían trasladarse a otro centro, puesto que asocian el lugar con la traumática muerte de su hijo y necesitan retomar sus vidas de nuevo. El centro, no obstante, no autoriza ningún traslado a otro centro o dependencias del Ministerio, por lo que deciden, con conocimiento del CAPI, reubicarse en Alemania, donde residen otros familiares y conocidos. Y así fue como Amal y su familia llegan hasta el país europeo, siendo recibidos en la propia estación de autobuses por las autoridades alemanas y recibiendo alojamiento en un centro para refugiados ubicado en la región de Baviera. Sin embargo, las autoridades alemanas, al tramitar el expediente de la familia, concluyeron que era el Estado español quién tenía que hacerse cargo de procurarles atención y refugio, al formar esta parte del cupo asumido por España, país que, por otra parte, había recibido fondos europeos para ello. Así es como, ya a finales de 2025, los responsables alemanes compran billetes de avión para la familia y les informan de que en el aeropuerto de Barajas (Madrid) les esperarán las autoridades españolas. Sin embargo, la familia llega al aeropuerto y nadie les espera, viéndose obligados a permanecer abandonados en la calle y sin recibir ninguna clase de atención en Madrid. Espo r esto que invirtieron el poco dinero que tenían en comprar billetes de vuelta a Alemania, donde al llegar se les vuelve a ubicar en un centro de acogida.

Seis meses más tarde, no obstante, las autoridades alemanas vuelven a enviar a Amal y a su familia de vuelta a España y en esta ocasión deciden volver a Sevilla, una ciudad que asocian al momento más duro que hasta entonces han vivido -la muerte de su hijo mayor-, para pedir atención en el propio centro de acogida en el que ya habían residido. El centro, sin embargo, no les permite el acceso e insta a Amal y a su familia a que acudan a los servicios sociales municipales, que se muestran reacios a atenderles. Tienen que pasar dos días, durmiendo en plena calle junto al edificio de servicios sociales de Sevilla Este, para que el Ayuntamiento acceda a ofrecerles una habitación en un hostal. Sin embargo, unos días después y sin haber advertido previamente a una familia cuyos miembros no hablan español, agentes de la Policía Local se personan en el hostal y les expulsan del lugar con formas violentas. Es entonces cuando la familia vuelve a verse obligada a dormir en plena calle, en el entorno de Gran Plaza y es cuando el caso llega a diferentes entidades vecinales, colectivos sociales y hasta APDHA. Actualmentela  familia se encuentra hospedada en un alojamiento que está siendo sufragado de manera solidaria por personas anónimas o vinculadas a APDHA, Sevilla Negra y Mairena Solidaria, entre otras entidades vecinales, suponiendo unos costes elevados que no sabemos por cuánto tiempo podrán mantenerse.

APDHA ha interpuesto ya sendas quejas ante el Defensor del Pueblo Español y ante el Defensor del Pueblo Andaluz, denunciando la actuación inhumana y absolutamente contraria a las leyes tanto del Sistema de Acogida de Protección Internacional, dependiente del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, como de los servicios sociales municipales.

Creemos que la forma de proceder del Centro de Acogida y Protección Internacional de Sevilla ha sido totalmente anómala, sobre todo a raíz del fallecimiento del hijo mayor de la familia, con una falta de atención adecuada tras el traumático evento. Tanto o más grave aún es que el propio Centro de Acogida, cuando la familia retornó en busca de ayuda, denegara verbalmente su entrada en el recinto, sin notificar la decisión por escrito y sin facilitar -desde un centro de atención especializada- recursos a los que acudir. Aún más sospechoso resulta que, pese a la situación de absoluto desamparo en que se encontraban Amal, sus hijos y su esposo, el CAPI tramitarade  manera urgente su baja en el padrón, lo que ahondó aún más en la desprotección e indefensión que sufre esta familia. 

Igualmente inhumana ha sido la actuación de los servicios sociales municipales. APDHA puede afirmar que la actuación del Ayuntamiento de Sevilla supone un flagrante caso de racismo institucional. Además, José Luis García, concejal delegado de Atención Preferente y Derechos Sociales, ha dispensado un trato inhumano a la familia y ha mentido burdamente a la prensa al afirmar que “la familia ha agotado el tiempo máximo de estancia en un recurso de emergencia”. APDHA ha constatado que ningún técnico municipal de cuantos atendieron a la familia emitió informe verbal o por escrito que justificara que se permitiera que la familia, con los menores y una persona discapacitada, permaneciera dos días abandonada en plena calle, a la puerta del edificio de los servicios sociales de Sevilla Este. Es más, APDHA está en condiciones de afirmar que existieron directrices políticas para que no se atendiera a la familia y que el responsable político de uno de los servicios de emergencia llegó a afirmar que “tenéis que acostumbraros a que los menores extranjeros puedan dormir en la calle”. Hay que recordar al señor García, además, que si servicios sociales dio atención a Amal y a su familia fue únicamente por la presión ejercida en primera instancia por los vecinos y vecinas de Sevilla Este y, posteriormente, por diversas entidades sociales, ante la desoladora situación que se estaba produciendo. Nuestra entidad ha denunciado durante años, también durante el gobierno de otras formaciones políticas, el deterioro y colapso de los servicios sociales municipales de Sevilla. Sin embargo, había una línea roja que hasta ahora nunca se había sobrepasado: no se había permitido que familias con niños y niñas durmieran en la calle. 

El señor García también ha afirmado a los medios de comunicación que en Sevilla hay más familias con hijos en situación de calle. Desde APDHA reclamamos información respecto a este hecho, requiriendo saber cuántas más familias con menores están en esta situación y exigiendo explicaciones al Ayuntamiento respecto a la devolución el pasado 9 de junio de una subvención de más de 1.600.000€, más 61.000€ de demora, que hubieran servido para construir dos centros de resiliencia para colectivos vulnerables, como la propia familia de Amal. El Consistorio decidió devolver estos fondos al mismo tiempo que se negaba a ofrecer ayuda a la familia siria. José Luis García también ha dejado una impronta xenófoba en sus declaraciones a prensa cuando ha afirmado que “el 90% de los recursos habitacionales de emergencia están ocupados por personas procedentes del sistema de protección internacional”. Se trata de un dato absolutamente falso y contrario a las cifras que responsables oficiales de los propios servicios sociales nos han trasladado. Desde APDHA queremos denunciar que, pese a que Vox no forma parte del gobierno municipal de Sevilla, la denominada “prioridad nacional” ya se aplica de facto en la capital andaluza. Amal y su familia, unas personas en completa situación vulnerabilidad, la están padeciendo.