Redacción •  Actualidad •  23/12/2016

El Partido Popular impide que el código de circulación vial recoja una señal que garantice el aparcamiento a personas de movilidad reducida

Durante los últimos meses varias sentencias contencioso-administrativas han revelado la existencia de un fallo en el actual código de circulación vial.

El Partido Popular impide que el código de circulación vial recoja una señal que garantice el aparcamiento a personas de movilidad reducida

Cuando diversos ayuntamientos han intentado cobrar las multas a aquellos infractores que habían aparcado en plazas destinadas a personas de movilidad reducida, varios juzgados han rechazado la petición de los municipios, argumentando que la señal que actualmente está en vigor (rectangular azul con la silueta de una persona en silla de ruedas) no es más que una recomendación para los conductores, a los que no se les prohíbe en ningún caso aparcar en las plazas así delimitadas.

Por ello, la senadora Maribel Mora ha presentado una enmienda de adición que, complementada con la propuesta del PDC, posibilitaba la inclusión en el código de circulación vial una nueva señal para prohibir el aparcamiento en un área delimitada, a excepción de aquellas que tengan una tarjeta de identificación PMR (Persona de Movilidad Reducida). La existencia de plazas de aparcamiento destinadas a este colectivo se recoge en el actual ordenamiento jurídico y supone una manera de garantizar derechos fundamentales como la igualdad de oportunidades, la autonomía personal o el acceso a sanidad y educación, por ejemplo.

Lo que Unidos Podemos ha planteado en la Comisión de Interior de la Cámara Alta es la inclusión en el catálogo de señales del código de circulación vial una señal de Prohibido Aparcar Excepto Personas de Movilidad Reducida. A pesar de que todos los grupos políticos presentes en la comisión, a excepción del Grupo Popular, han apoyado la iniciativa, los votos contrarios y la mayoría absoluta han bloqueado una iniciativa que venía a dar solución a un problema que afecta tanto a las personas con movilidad reducida (que podrían ver cómo las plazas que se les reserva son ocupadas por otras personas) como a los ayuntamientos de nuestro país (que con una jurisprudencia ya existente pueden tener problemas al cobrar las infracciones antes mencionadas).


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