Ayuntamiento de Rivas •  Redacción •  Actualidad •  19/04/2020

Residencias de diversidad funcional en la Comunidad de Madrid: CGT pide los datos de usuarios y profesiones afectados o fallecidos por el COVID-19

El sindicato denuncia la falta de información al respecto y llega a plantear que la administración autonómica y las empresas privadas concesionarias ocultan deliberadamente los datos.

Residencias de diversidad funcional en la Comunidad de Madrid: CGT pide los datos de usuarios y profesiones afectados o fallecidos por el COVID-19

La CGT ha reclamado los datos oficiales de infectados y fallecidos entre usuarios y profesionales del ámbito de la diversidad funcional. La formación anarcosindicalista sostiene que carece de sentido no trasladar los datos al respecto en un sector «con tanta similitudes con las residencias de la 3ª edad en cuanto a gestión, recursos, protocoles, espacios vitales y situación de riesgo en la salud».

Según apuntan desde CGT, ni las autoridades administativas del gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, ni las empresas privadas y entidades con concesiones de gestión de los centros, han facilitado datos. «Desde CGT tenemos constancia de Residencias con hasta casi 40 profesionales contagiados, de cerca de 90, y decenas de usuarios. Exigimos a la CAM un ejercicio de transparencia y que se recopilen y faciliten datos del impacto del COVID-19 entre las personas con diversidad funcional».

El sindicato pone en cuestión la intencionalidad de no emitir estos datos, que estima necesarios para diagnosticar e identificar las necesidades y deficiencias de los centros ante la enfermedad del coronavirus y las medidas en consonancia a tomar para contener el contagio. «Nos resulta insólito que sea tan complicado recopilar estos datos, a menos que no se tenga interés en hacerlo», apuntan desde CGT.

Desde CGT apuntan a la responsabilidad del gobierno regional y exige que sea esta quien tome medidas: «La CAM tiene que obligar a las empresas-fundaciones a facilitar datos precisos y verídicos ya. La ocultación o distorsión de estos datos por parte de las administraciones o de las propias empresas pueden sin duda ser objeto de responsabilidades penales, especialmente teniendo en cuenta las consecuencias que pueden conllevar, como hemos visto en las residencias de la 3ª edad».

El sindicato ha interpuesto una reclamación ante la Consejería de Bienestar Social para reclamar oficialmente estos datos.


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