El Defensor del Pueblo solicita al gobierno detener las deportaciones de menores en Ceuta
- El organismo dirigido por Francisco Fernández-Marugán ha anunciado a través de un comunicado la puesta en marcha de actuaciones ante el Ministerio del Interior.
El Defensor del Pueblo ha solicitado al Ministerio del Interior que detenga las devoluciones de menores desde Ceuta. La repatriación de más de 700 menores acordada entre los gobiernos de España y Marruecos incumple la legislación española, según el organismo dirigido por Francisco Fernández-Marugán.
La decisión de deportar a cientos de menores, llegados en la oleada del pasado 17 de mayo, amparándose en un convenio bilateral con Rabat, ha despertado las críticas de ONGs y organizaciones defensoras de los derechos humanos desde el primer momento. Las organizaciones Save the Children y Asociación Elín respondieron de forma inmediata al anuncio del ministerio de Fernando Grande-Marlaska presentado una petición ante el Defensor del Pueblo.
En su respuesta a Save the Children y Asociación Elín, el Defensor del Pueblo señala que, tras haber tenido conocimiento de que se están produciendo devoluciones de menores «sin procedimiento» en Ceuta, ha iniciado actuaciones de oficio ante el Ministerio del Interior.
En dicho escrito se le recuerda el deber legal que le incumbe de dar cumplimiento a las previsiones del artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000 de los Derechos y Libertades de los extranjeros en España y de su integración social, solicitando informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen, con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación.
El propio Fernández-Marugán ha planteado en una entrevista concedida al diario El País que la actuación no cuenta con transparencia, al desconocerse los detalles del acuerdo bilateral con Marruecos. Para el Defensor del Pueblo, el Gobierno de España está obligado a estudiar y resolver cada caso de forma individual tras contrastar todos los datos, no pudiendo, en ningún caso, acometerse una devolución de forma masiva.
De no garantizarse los derechos de los menores, Fernández-Marugán ha anunciado que la oficina del Defensor del Pueblo será «contundente y persistente».
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