Teresa Rodríguez propone acabar con los puestos a dedo y profesionalizar la administración pública

La candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado hoy su propuesta para acabar con los puestos a dedo en la Junta con la profesionalización de la administración pública. En una reunión con la Coordinadora Andaluza de empleados públicos en abuso de temporalidad, la Plataforma de personal en abuso de temporalidad del Ayuntamiento de Cádiz (PATAC), la Plataforma de Personal Interino Ayuntamiento de Sevilla contra el fraude (PPIASCF), la Asociación de Trabajadores por la Igualdad Laboral en Amaya (ATILA), Asociación de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad (ASEPAT) y la Asociación de Funcionarios Interinos de la Junta de Andalucía (AFIJA), Rodríguez ha explicado que “apostamos por que la administración pública se profesionalice, para que no haya más dudas sobre quién está enchufado y quién no, quién gestiona partidariamente y quién no”. Ha insistido en que “una cosa es el partido, otra, el gobierno y otra cosa es la administración”. Por eso, “entendemos que quiénes hacen tareas de gestión en la administración deben ser profesionales del ámbito público controlados por sus propios compañeros y por los usuarios de esos servicios”, evitando así, “sustituir a los ‘enchufados’ del PSOE por los del PP y Cs como hemos visto en esta legislatura”.

En esta línea, la candidata de Adelante Andalucía ha propuesto que “más allá del consejero o consejera y el viceconsejero o viceconsejera, esas plazas sean elegidas por los profesionales de los servicios de entre su personal y con la participación de los usuarios en aquellos servicios donde los haya”. A juicio de Rodríguez, “esto además, va a favorecer al ciudadano, porque quienes estén en esos cargos de gestión no va a mirar por salvar al político sino por defender los intereses y los derechos de los trabajadores y los usuarios de esos servicios” Por tanto, “democratizar la gestión pública es una garantía de cuidar más los servicios públicos y de evitar el enchufismo y la corrupción vinculada a ese enchufismo”.

En lo inmediato, ha exigido “parar el cese de las trabajadoras en precario en nuestros servicios públicos y cuidar de los que nos cuidan”, al tiempo que ha calificado de “absoluta falacia” los mensajes de la derecha de querer identificar a cualquier empleado público con el chiringuitismo del PSOE. “Este personal que nos ha estado atendiendo de forma puntual en sanidad, en educación, en justicia, en los ayuntamientos, en la administración general, lo ha estado haciendo de forma precaria porque la Administración Pública tomó la decisión de dejar de estabilizar la plantilla. Culpabilizar y criminalizar a este personal que ha estado en precario sirviendo a la ciudadanía es una falacia”.

Rodríguez ha lamentado que “una sentencia del TJUE que ha puesto la cara colorada a la administración española diciéndole que ha estado abusando de la precariedad, no puede servir para perjudicar a ese personal que ha estado precarizado tantos años. No puede ser que, a raíz de esta sentencia, este personal se vaya a ir a la calle”, por lo que “hay que parar los ceses en la administración pública andaluza y parar los discursos de criminalización de los empleados y empleadas públicas”.

En este sentido, Julia González, portavoz de la Coordinadora Andaluza de empleados públicos en abuso de temporalidad, ha advertido de la cantidad de trabajadores y trabajadoras que van a ser cesadas porque “la Junta ha hecho oídos sordos al Decreto Ley 20/21 y solucionar esta problemática, como han hecho los ayuntamientos como el de Cádiz o el de Sevilla, que han estabilizado a sus plantillas”.

Priorizar procedimientos de urgencia y no los alquileres a altos cargos

De otra parte, Teresa Rodríguez ha exigido que, en el seno de la administración, se prioricen aquellos procedimientos que son de emergencia social. “No puede ser que la administración pague puntualmente las dietas de los diputados o las ayudas a los alquileres de los altos cargos y se retrase dos años en pagar el salario social”. Por tanto, “vamos a poner sobre la mesa una vez más la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana que establece que las contrataciones son prioritarias y que la Tesorería también lo es en aquellos servicios que atienden situaciones de emergencia social, como desahucios, cortes de luz, de agua”.

Y finalmente ha explicado que otra de las cuestiones que van a plantear es aumentar los permisos de maternidad de las empleadas públicas, “ya que la administración está tan absolutamente feminizada y con la voluntad de que eso trasciende al ámbito de lo privado”. Rodríguez ha recordado que “el permiso de maternidad no se toca desde hace demasiado tiempo y que, aunque la Administración autonómica no tenga competencias en modificarlo, con nosotros en la Junta, sí podríamos cambiarlo entre las empleadas públicas y apostar por ampliarlo a seis meses y, a medio plazo, a un año en correspondencia con lo que tenemos en el entorno europeo”.