Redacción •  Actualidad •  11/02/2020

CGT exige al Ministerio de Trabajo y Economía Social el fin de la precariedad laboral

Acabar con los falsos autónomos, la eliminación del artículo 52D del ET, adecuar el SMI a las recomendaciones de la Carta Social Europea, eliminación de las subcontratas o un mayor control sobre las ETT son, entre otras, las exigencias más urgentes que los anarcosindicalistas han planteado a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, y a Joaquín Pérez Rey, Secretario de Estado.

CGT exige al Ministerio de Trabajo y Economía Social el fin de la precariedad laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvo en la tarde de ayer lunes, 10 de febrero, una reunión con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para trasladarle algunas de las propuestas más urgentes en materia laboral.

La organización anarcosindicalista ha expuesto a la titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social la necesidad de abordar algunas cuestiones que no pueden ser postergadas por más tiempo en nuestra sociedad, viendo los datos actuales sobre empleo y pobreza que pesan sobre la clase trabajadora.

Entre los temas tratados durante la reunión con la ministra destacan por su importancia la derogación del artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores, que permite que una persona pueda ser despedida de una empresa por enfermar, el fin de los falsos autónomos –como las personas que prestan sus servicios en empresas tipo Glovo, Deliveroo, etc. y que comúnmente son denominadas “riders”-, dadas las últimas sentencias que reconocen como “fraudulenta” esta actividad, y la limitación de la parcialidad y la temporalidad de los contratos. En este sentido, la CGT indica que desde que las Reformas Laborales están vigentes solo uno de cada diez contratos que se realizan es indefinido.

Por otro lado, CGT ha pedido que el SMI se fije en los niveles recomendados en la Carta Social Europea y que se realice un mayor control sobre las subcontratas y las empresas de trabajo temporal (ETT), porque en 25 años de existencia no han contribuido a terminar con el paro ni a crear empleo de calidad.

En relación a los despidos, CGT ha indicado que para aquellos despidos de naturaleza colectiva debe ser necesaria la autorización administrativa, previo informe y control de la Inspección de Trabajo, para la que también han pedido más medios humanos y materiales, así como el aumento de las sanciones. En cuanto a las causas económicas de los ERE, CGT explica que estas tienen que ser reales y no “probables” o “previstas”, siendo la misma indemnización que para los despidos improcedentes.

La CGT ha exigido también la aplicación de los Coeficientes Reductores en la edad de jubilación en algunos sectores productivos en los que la clase trabajadora sufre elevados índices de mortalidad y morbilidad. CGT considera que debe garantizarse que el inicio de las solicitudes pueda realizarse por parte de los sindicatos.

La CGT ha solicitado participar de forma activa en el desarrollo de la nueva legislación que sirva para derogar las normas que están causando sufrimiento a la clase trabajadora del Estado español.

La ministra Díaz se ha comprometido a eliminar la Reforma Laboral del 2012 (PP) de forma gradual, siendo previsible que en un futuro próximo se suprima el artículo 52.D que regula el absentismo laboral, así como la reforma de la negociación colectiva y de la ultractividad de los convenios colectivos. A más largo plazo, según la titular del Ministerio de Empleo, se afrontará la reforma de la contratación temporal, limitando sus efectos más fraudulentos, así como los despidos.

En cuanto a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, CGT como organización feminista ha pedido que se arbitren medidas que impidan que las mujeres puedan ser marginadas en su carrera laboral y en su acceso al empleo. CGT no ha querido olvidarse de las mujeres trabajadoras del hogar, que deben estar en el régimen general para que puedan disfrutar de la prestación por desempleo y una indemnización justa en caso de despido, y del cambio de denominación de la ley para que pase a llamarse “Estatuto de las Personas Trabajadoras”.


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