Compromís denuncia que solo se han abierto 58 expedientes de denuncia por las 1.457 agresiones a personal sanitario de 2025
- Mònica Àlvaro: “La privatización de la defensa jurídica de los sanitarios agredidos es un fracaso que disuade al personal de denunciar. Necesitamos servicios públicos potentes, no pólizas de seguros inútiles”.
La diputada de Compromís y miembro de la Comisión de Sanidad de las Corts, Mònica Àlvaro, ha denunciado hoy la «gravísima situación de indefensión» que sufre el personal sanitario valenciano. Según datos de la Consellería de Sanidad, durante el año 2025 se registraron un total de 1.457 agresiones a personal sanitario. Sin embargo, según contestaciones de la consellería a preguntas de la parlamentaria, la Generalitat admite que sólo tiene constancia de la tramitación de 58 expedientes de denuncia durante el mismo periodo.
Para Àlvaro, “esta diferencia abismal entre las agresiones sufridas y los procedimientos iniciados demuestra el fracaso absoluto de este modelo de defensa jurídica externalizada”.
Las cifras reveladas por la Consellería dibujan un escenario desolador. Más del 96% de las agresiones registradas quedan sin respuesta jurídica a través del seguro privado especializado contratado por la Generalitat. «Es una cifra que da vergüenza. Tenemos 1.457 trabajadores y trabajadoras públicos del sector sanitario que han sufrido violencia en su puesto de trabajo, pero el sistema solo ha sido capaz de articular 58 expedientes. ¿Qué ha pasado con el resto? ¿Dónde está el apoyo de la Generalitat a sus trabajadores y trabajadoras?», ha cuestionado la diputada.
«Ha quedado demostrado que contratar una aseguradora no es la solución. Lo que estamos viendo es que este sistema privatizado no es el adecuado y en vez de acompañar a la víctima, la desanima a seguir con el procedimiento de denuncia», ha afirmado Àlvaro.
Para Compromís que la Consellería de Sanidad no haya cambiado la estrategia en el sistema de defensa de sus profesionales es buena muestra de la desidia en la gestión de los recursos humanos que está caracterizado a este gobierno.
«La Consellería de Sanidad está pagando un seguro que no da servicio a quien lo necesita. Mientras la cifra de agresiones sube, la efectividad de la defensa jurídica baja”.
Ante estos datos, Compromís reclama la revisión del contrato con el seguro y el fortalecimiento de los servicios jurídicos propios de la Generalitat para garantizar que ninguna agresión quede impune.
«No podemos permitir que nuestros médicos, enfermeras y personal administrativo tengan miedo de ir a trabajar. La Consellería tiene que asumir su responsabilidad, dejar de lado las recetas de privatización que han demostrado ser inútiles y ofrecer una protección jurídica real, directa y efectiva», ha concluido Àlvaro.
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