Sanidad avanza en la protección de las personas electrodependientes ante apagones

El Ministerio de Sanidad ha iniciado el trámite de audiencia e información pública del proyecto de real decreto que regula la situación de electrodependencia y crea el registro estatal de personas en situación de electrodependencia. La norma, impulsada a partir de las lecciones aprendidas durante el apagón del 28 de abril de 2025, busca reforzar la protección sanitaria de quienes necesitan un suministro eléctrico constante para mantener sus funciones vitales o evitar secuelas funcionales graves.

La norma establece por primera vez una definición común para todo el territorio, fija los criterios clínicos que permiten acreditar esta situación y regula un certificado sanitario específico. También crea un Registro estatal que permitirá conocer las necesidades de estas personas, garantizar la continuidad de su atención cuando se desplacen entre comunidades autónomas y mejorar la capacidad de respuesta ante apagones u otras emergencias que afecten al suministro eléctrico.

El proyecto considera persona en situación de electrodependencia a aquella que, por razones de salud, necesita un suministro eléctrico constante —de manera permanente o durante determinados periodos— para alimentar productos sanitarios prescritos por un médico o médica especialista que resulten indispensables para garantizar sus funciones vitales o impedir secuelas funcionales graves.

Para reconocer esta condición deberán cumplirse conjuntamente cuatro criterios: la existencia de una patología grave; la necesidad de utilizar un producto sanitario que requiera electricidad; la prescripción de este tratamiento por un especialista; y la certeza de que una interrupción del suministro pondría en riesgo la vida de la persona o podría causarle secuelas funcionales graves.

El especialista responsable del seguimiento y de la prescripción del producto sanitario informará a la persona interesada de la posibilidad de solicitar el certificado de situación de electrodependencia. La solicitud podrá presentarla la propia persona o quien ejerza su representación en la comunidad autónoma donde resida. Una vez comprobado el cumplimiento de los criterios, el especialista emitirá el certificado, que se incorporará a la historia clínica.

El certificado identificará el producto sanitario prescrito, el motivo de su indicación, las horas diarias de uso, la duración prevista del tratamiento y el nivel de criticidad en caso de interrupción del suministro eléctrico. La condición de electrodependencia permanecerá vigente mientras sea necesario utilizar el dispositivo, bajo la supervisión del especialista de referencia.

El certificado establecerá el nivel de riesgo de cada persona en caso de interrupción del suministro eléctrico. El proyecto diferencia tres niveles en función del tiempo durante el que puede permanecer sin el dispositivo:

El nivel 1, de riesgo extremo, se aplicará cuando el tiempo de supervivencia sin el dispositivo sea inferior a 30 minutos.

El nivel 2, de riesgo alto, comprenderá las situaciones en las que el tiempo de supervivencia sin el dispositivo se sitúe entre 30 minutos y cuatro horas.

El nivel 3, de riesgo moderado, corresponderá a las situaciones en las que el tiempo de supervivencia sin el dispositivo sea superior a cuatro horas.

Esta clasificación permitirá establecer prioridades y orientar la respuesta de las autoridades sanitarias y los servicios de protección civil durante una emergencia.

El real decreto crea el Registro estatal de personas en situación de electrodependencia, adscrito al Ministerio de Sanidad e integrado en el Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Su objetivo será mejorar la protección de estas personas, garantizar la continuidad asistencial en todo el territorio y facilitar el diseño de políticas sanitarias, sociales y energéticas.

El sistema permitirá verificar la condición de electrodependencia y sus características esenciales desde cualquier servicio de salud. De este modo, una persona podrá recibir una atención segura y coordinada, aunque se encuentre en una comunidad autónoma distinta de aquella en la que obtuvo la certificación.

La información disponible también ayudará a las autoridades sanitarias y a los servicios de protección civil a identificar las necesidades más urgentes y establecer prioridades de actuación ante cortes graves del suministro eléctrico.

El Registro deberá estar plenamente operativo en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor del real decreto.

El proyecto permanecerá sometido al trámite de audiencia e información pública hasta el 11 de septiembre.