Redacción •  Actualidad • 08/03/2020

CGT lamenta la falta de respeto de la patronal a los servicios mínimos establecidos por decreto de las administraciones para la Huelga General del 8M en Andalucía

El sindicato afirma que tomará medidas legales contra las empresas y contra la propia administración pública por el incumplimiento de los servicios mínimos en el día de huelga general.

CGT lamenta la falta de respeto de la patronal a los servicios mínimos establecidos por decreto de las administraciones para la Huelga General del 8M en Andalucía

La central sindical CGT ha denunciado el incumplimiento de los servicios mínimos decretados con motivo de la huelga general convocada con motivo del 8 de marzo en Andalucía. Según ha señalado el sindicato, ni las empresas ni las administraciones públicas están cumpliendo los servicios mínimos decretados. «Con ello demuestran la falta de sensibilidad hacía los motivos de la huelga en los que clamamos por la igualdad real entre hombres y mujeres», apuntan desde la central.

«Estos hechos latentes vienen a demostrar que la patronal andaluza, pese a sus manifestaciones públicas, no quieren acabar con las discriminaciones hacia las mujeres por el hecho de serlo y que necesitan de esa mano de obra precaria y sometida, que les lleve a seguir obteniendo pingües beneficios sin importarle las personas, en el caso contrario no estarían violando los servicios mínimos impuestos», ha trasmitido la central anarcosindicalista mediante un comunicado.

El sindicato también ha hecho referencia a las administraciones públicas, implicando a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario andaluz. «Aún cuando llenan sus bocas de palabras en defensa de la igualdad y el cese de tratos diferenciados a las mujeres en el trabajo», apuntan en su duro comunicado.

El sindicato ha advertido que tomará medidas legales contra las empresas incumplidoras de los servicios mínimos impuestos por el decreto administrativo, así como una demanda ante el contencioso administrativo.»Desde CGT vamos a adoptar medidas legales contra las empresas incumplidoras de los servicios mínimos impuestos por decreto administrativo y contra la propia administración que ha establecido en muchos casos el 100% de mínimos impidiendo de facto el ejercicio del derecho fundamental a la huelga, despreciando las sentencias firmes de años anteriores por las que se los declaraban ilegales por abusivos», apuntan.


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